[contextly_sidebar id=”xjBoVdfLw0NBghan5j3IzOh7gwnZYXjL”]La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) gastó 6 mil millones de pesos en el programa de Infraestructura para las zonas de mayor rezago, pero no comprobó que los beneficiarios realmente fueran las personas en situación de pobreza y alta marginalidad; es decir, la población objetivo.
La SEDATU, dirigida por Rosario Robles, supuestamente gastó el presupuesto para construir 57 mil cuartos adicionales para familias en hacinamiento, pero no presentó la documentación que lo comprobara, según detectó la Auditoría Superior de la Federación en el informe parcial de la Cuenta Pública 2016.
El programa de Infraestructura, en el componente “Ampliación y/o mejora de la vivienda” tuvo deficiencias desde las normas de operación pues debe seguir medidas precisas para regular la entrega de los subsidios. “No se definió de manera específica su población objetivo, ni cómo se garantizaría que los recursos se canalizaron exclusivamente a esta”, advierte el informe.
Aunque la SEDATU reportó la ejecución de los recursos, “no acreditó” la emisión de los pagos que supuestamente hizo, “ni la documentación que comprobara las erogaciones de las cuentas por liquidar, ni el desglose de los gastos de operación y subsidios otorgados en los proyectos y obras del programa”.
Por tanto, la Auditoría reportó las irregularidades al Órgano Interno de Control de la dependencia para que investigue y, en su caso, sancione a los servidores públicos que hayan cometido una falta a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El programa de ampliación y mejoramiento de vivienda tenía detectados a casi 22 mil hogares como su población potencial, y registró en sus bases de datos a 69 mil 681 hogares atendidos; sin embargo, la dependencia no pudo confirmar que los beneficiarios eran todos los que se tenían que atender, ya que desde un inicio no determinó a la población objetivo.
Esto “evidenció un riesgo para entregar el subsidio, y demostró la falta de mecanismos de control para el registro y generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente, que permita la adecuada rendición de cuentas relacionada con la atención de los hogares ubicados en las localidades rurales de muy alto, alto y medio rezago social”, dice la Auditoría.
En el programa de SEDATU también operó el “componente infraestructura para el hábitat”, enfocado en subsidios para la construcción de obras de infraestructura básica, complementaria y equipamiento, pero tampoco fue eficaz.
La SEDATU reportó que apoyó mil 749 proyectos para mejoramiento del entorno, que significó un gasto de mil 521 millones de pesos; sin embargo, la dependencia tampoco corroboró que el dinero se haya ejecutado para beneficiar a la población vulnerable pues “no acreditó los avances físicos financieros para verificar el seguimiento de la ejecución de los proyectos autorizados”.
En el reporte de beneficiarios, la Auditoría comprobó que la SEDATU benefició a cinco mil 852 hogares que no se encuentran en las zonas de actuación del programa, es decir, los recursos no fueron canalizados a la población de alto y muy alto rezago, como supuestamente lo pretende el programa.
Respecto al rubro “Espacios Públicos y Participación Comunitaria”, la Secretaría ejerció 569 millones 823 mil pesos, pero las supuestas acciones “no contribuyeron” en el combate del problema de poca cohesión social, inseguridad, deterioro de la imagen y presencia de conductas de riesgo de zonas urbanas y rurales con hogares de alto y muy alto rezago social.
La Sedatu tampoco comprobó en qué gastó 28 millones de pesos del presupuesto para el rubro de espacios públicos y en el seguimiento de los proyectos y obras, ni reportó los avances trimestrales físico-financieros de 184 de los 389 proyectos reportados como ejecutados ni de las 8 obras de mejoramiento físico en desarrollos habitacionales.
Aunque SEDATU reportó más de nueve millones de hogares atendidos, se desconoce si correspondieron con la población potencial y objetivo.