J.R. intenta no demostrar ninguna emoción, pero está desconcertado. Lleva sus manos grandes y ásperas a su cabeza y se cubre la cara, talla sus ojos. Su solicitud de ser reconocido como refugiado en México acaba de ser rechazada.
[contextly_sidebar id=”fwg2Sznmg7Yyy6HTjDZKFw50iioZ3dAt”]J.R., un hombre curtido de 49 años, está de pie afuera de la oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), la entidad gubernamental que maneja las solicitudes de refugio, entre otras cosas. Pero no está solo. A diferencia del casi 90% de las personas que solicitan refugio, J.R. tiene ayuda profesional.
Edith Mei Lai Cuan Corpus, una abogada joven y cándida que asiste a J.R. ese día, le explica con calma que puede apelar la decisión con Comar, o puede llevar el caso ante un juez, una estrategia que ya le ha funcionado dos veces al equipo legal de la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa, la clínica de la Universidad Iberoamericana donde trabaja Cuan Corpus.
J.R. se esfuerza para enfocarse en sus palabras. Está abrumado. No decide en ese momento cómo procederá.
Anteriormente, apenas un puñado de solicitantes de refugio en México tenían representación legal, pero esto ha ido cambiando con el aumento del número de solicitantes.
Cerca de 14,000 personas buscaron obtener el estatus de refugiados en México entre 2013 y 2016, según estadísticas de Comar, un aumento mucho más grande que el de los años anteriores.
La misma tendencia se puede apreciar en estadísticas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Según datos del Acnur, entre 2013 y 2015 hubo un aumento del 162% en el número de solicitantes de asilo de personas que venían del norte de América Central, y entre 2015 y 2016 hubo un aumento del 175% en el número de personas que fueron reconocidas como refugiados, o que recibieron protección complementaria.
La protección complementaria se le concede a personas que técnicamente no son refugiados, pero cuyas vidas están bajo amenaza. Esa protección ha sido una posibilidad desde 2011, cuando México aprobó la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, que también garantiza los derechos de los refugiados a recibir servicios de salud, educación y otros beneficios.
El Acnur cree que, tan solo en 2017, más de 22,800 personas solicitarán asilo en México y que a 11,528 de esos solicitantes se les concederán sus solicitudes de refugio o de protección complementaria, lo que dejará la población de refugiados en el país en 17,500 personas.
La violencia continua de América Latina es la causa principal de esta migración masiva, pero el incremento de las solicitudes de asilo está vinculado a los grandes esfuerzos que han hecho agencias de ayuda, incluido el Acnur, por informarles sobre sus opciones a las personas que se están desplazando.
“Es difícil viajar en ciertas partes del sur de México sin ver afiches del Acnur que dicen ‘Puedes ser un refugiado’ y listando derechos legales”, dice Maureen Meyer, coordinadora principal del programa de México y derechos de migrantes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
Las fronteras de América Latina suelen ser porosas y la gente va de un lado al otro con relativa facilidad. A los extranjeros que quieran solicitar refugio en México se les requiere estar presentes en el país.
Pero una vez que los refugiados están en México, según dicen activistas, se vuelven vulnerables a ser explotados mientras que intentan construir una nueva vida. Pueden tener dificultades para encontrar la representación legal que necesitan para sacar adelante sus casos.
“Cuando tú eres extranjero eso te implica una cierta vulnerabilidad frente al sistema porque no conoces las leyes”, dice Elba Coria Márquez, la directora de la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana, que fue fundada en mayo de 2016.
El término “refugiado” usualmente se usa para describir a alguien que está escapando de una situación violenta. En Estados Unidos, alguien que esté solicitando un estatus de refugiado debe probar que ha sido perseguido o que está en riesgo personalmente de ser víctima de la violencia. La ley mexicana hace eco de la definición del Acnur de refugiado, como alguien que está escapando de violencia o persecución generalizada. (Los parámetros de México para definir asilo político se consideran por separado).
No es necesariamente fácil conseguir estatus de refugiado en México, pero las personas que solicitan refugio allí tienen que cumplir con criterios más simples que en Estados Unidos, dice Meyer.
Entre enero y junio, al 42% de las personas cuyas solicitudes de estatus de refugiado pasaron por el proceso completo les fue otorgado, según datos de Comar.
En muchos casos, los solicitantes de refugio escaparon porque no tenían más opción, así que no es sorprendente que pocos tengan representación legal cuando lo piden. Algunas organizaciones legales y de asistencia están intentando cambiar eso.
En 2013, el primer año en el que Comar reunió datos relacionados con la asistencia legal, solo 10 solicitantes de refugio tenían un abogado, según la información que Comar le entregó a GPJ. Para 2016, 1067 solicitantes de refugio tenían asistencia legal experta. Entre 2013 y 2016, el 11 por ciento de los 13,948 solicitantes de refugio en México tenían representación legal. Muchos de esos abogados fueron facilitados a través de 16 organizaciones que trabajan apoyando a migrantes y a refugiados.
Una de esas organizaciones es Casa del Migrante Saltillo, un albergue para migrantes en tránsito hacia el norte. Hace cinco años, ese albergue comenzó a orientar a los migrantes que podían calificar para obtener refugio sobre cómo solicitarlo, dice Diana Castillo, una activista que trabaja en el área de protección a migrantes del albergue.
Ahora, dice, el albergue les ofrece ayuda a largo plazo, que continúa durante todo el proceso de solicitud de asilo, a los migrantes centroamericanos.
“Tener acompañamiento hace que las personas se empoderen de su proceso, que se sientan seguros en las entrevistas, que no se sientan intimidados por la autoridad, y que sepan que tienen el derecho a expresar lo que ellos sienten, lo que les pasó”, dice Castillo.
El albergue asesoró a más de 100 solicitantes en 2016, dice Castillo, y al final de mayo estaba trabajando en aproximadamente 70 casos.
La mayoría de solicitantes de refugio son personas sencillas con un nivel de educación muy básico, dice Francesca Fontanini, una portavoz regional del Acnur. El documento para la solicitud de asilo tiene 16 páginas, dice. Llenarla es una tarea abrumadora para personas que no estén acostumbradas a ese nivel de papeleo.
Preparar a los solicitantes para la entrevista, añade, es vital, pues ahí es cuando tienen su mejor oportunidad de convencer a los funcionarios de que sus vidas realmente están en peligro. Muchas veces, los refugiados han interiorizado la violencia y por lo tanto tienden a minimizar los detalles que son importantes para argumentar su caso de solicitud de refugio.
Las personas con niveles más altos de educación tienden a ser más elocuentes cuando se les pide que declaren las razones por las que escaparon de sus lugares de origen, dice Coria Márquez. En la mayoría de los casos, dice, los solicitantes de refugio tienden a atenuar las razones directas y específicas por las que se fueron.
“Omiten información que es importante para acreditar el temor fundado, para su propia credibilidad”, dice Coria Márquez.
E.O., un refugiado de 35 años, se graduó con un título de abogado en El Salvador, su país natal. Pero incluso con esa preparación, dice que la ayuda de la clínica jurídica de la Universidad Iberoamericana fue crucial.
“Ya te sientes amparado en alguien que te puede ayudar”, dice.
A E.O. se le concedió refugio en marzo y él pidió que solo se publicaran sus iniciales, pues teme estar siendo rastreado por las personas que amenazaron su vida en El Salvador.
Muchas veces, los solicitantes de refugio en México no planean convertirse en refugiados en un principio.
Muchos entran al país con la intención de llegar a Estados Unidos, convertirse en residentes formales o ciudadanos en México, o de vivir una vida extraoficial trabajando en la economía informal. Cuando ya se ven en otro país sin documentos es cuando algunos extranjeros comienzan a pensar en serio en construir un caso para solicitar refugio. En otros casos, los refugiados ni siquiera están al tanto de que tienen la opción de solicitar refugio hasta que alguien en un albergue u otro migrante se los dice.
Eso fue lo que le sucedió a J.R. Él aceptó un trabajo temporal soldando en Honduras en 2012 y descubrió, dice, que sus jefes eran narcotraficantes. Es común que los capos ordenen que las personas que puedan haber visto o escuchado algún detalle sobre sus actividades ilícitas sean asesinadas. J.R. dice que no escuchó ninguna información sobre los posibles crímenes de su empleador, pero oyó a un hombre decirle a otro que lo matara una vez terminara el trabajo de soldadura.
“A medio trabajo salí porque dije yo ‘no voy a quedar para contarlo’”, dice.
J.R., así como E.O., pidió que solo se publicaran sus iniciales por razones de seguridad. Es poco probable que la gente de la que escapó lo esté buscando en México, pero el temor que se ha apoderado de J.R. es tal que se rehúsa a arriesgarse.
J.R. recorrió América Central en autobús, luego entró a México a través de una balsa improvisada, que es como suelen ingresar los migrantes indocumentados al suroeste de México. Se estableció en Chiapas, el estado más al sur de México, y en 2016 se dirigió al norte. Esperaba llegar a Monterrey, pues había escuchado que había trabajos disponibles ahí, pero oficiales migratorios lo retuvieron el 1 de diciembre, cuando el autobús en el que viajaba paró en un puesto de control migratorio cerca de la Ciudad de México. Alguien en el bus le había dicho que algunos migrantes podían obtener protección de refugiados, así que cuando lo llevaron a un centro de detención, pidió que se le permitiera solicitar refugio. Personal del Acnur lo pusieron en contacto con la clínica jurídica de Coria Márquez.
Pero cuando llegó el momento de defender su caso en una entrevista con un funcionario de la Comar, J.R. se enredó. Parecía que el funcionario del gobierno quería hacerlo contradecirse, según dice J.R.
“A veces me hacía unas preguntas, iba a contestarle y tal vez medio le contestaba y ahí me salía con otra cosa ¿me entiende?”, dice. “Y así, entonces, no sé si lo hacen para que la gente se confunda o la gente se salga sí… la historia uno es el que la tiene, no ellos”, dice J.R.
J.R. sabía que la entrevista había salido mal, así que Cuan Corpus lo animó a pedir otra. Él estaba en el proceso de solicitar esa alternativa cuando se enteró de que su solicitud de refugio había sido negada. No le dieron ninguna razón.
J.R. apeló la decisión con Comar, pero su apelación también fue negada el 30 de junio. Ahora planea llevar su caso ante un juez.
“Nunca había estado en una situación así, pero esto poco a poco tiene que ir agarrando marcha ¿no?”, dice.
Pablo Medina Uribe adaptó este artículo de su versión en inglés.
Esta historia fue publicada originalmente en Global Press Journal.