PGR investiga presunta negligencia en la atención de denuncias por desvíos de Duarte
La Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación interna por posibles hechos de omisión o negligencia, en la atención de las denuncias penales que desde hace varios años ha interpuesto la Auditoria Superior de la Federación (ASF), por el manejo ilegal de al menos 22 mil millones de pesos de recursos federales en el gobierno de Javier Duarte, y de las que hasta ahora no se ha resuelto ni una sola. Incluso, algunos casos fueron cerrados sin justificación.
[contextly_sidebar id=”47VlHTe1DhtdJHv29oPpGkLhY6XXmmhx”]Autoridades federales indicaron que, a través de la Visitaduría General de la dependencia, se inició esta indagatoria interna y por lo menos un agente del Ministerio Público, cuyo nombre no se dará a conocer por ahora, habría sido separado de su puesto hasta que termine la revisión de los casos.
La indagatoria se inició luego de que la propia Auditoria Superior de la Federación tuvo que promover una demanda de amparo ante un juez federal, en contra de la PGR, así como una queja ante la Visitaduría.
Lo anterior luego de que la Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales de PGR, a través de la Fiscalía Especializada para Delitos Cometidos por Servidores Públicos (responsable de las indagatorias), le dio “carpetazo” a 13 de las 56 denuncias que se habían interpuesto hasta el cierre del año pasado.
Ahora ya son 57 denuncias, luego de una nueva que se acaba de presentar este año.
El “argumento” de la PGR fue que la competencia era de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, ya que los delitos que se podían configurar eran del orden local. Esto ocurrió antes de que concluyera la administración del propio Javier Duarte.
Los expedientes terminaron en manos del entonces fiscal de aquel estado, Luis Ángel Bravo, quien en un día resolvió que los hechos denunciados ya habían sido investigados por la Contraloría de Veracruz, la cual no encontró delito, por lo que dio por terminada la investigación.
El argumento principal que la Unidad Jurídica de la Auditoría Superior de la Federación expuso, tanto en su queja como en la demanda de amparo, fue que la determinación de la PGR violaba el derecho de acceso a la justicia, toda vez que era de su total responsabilidad y de nadie más indagar los hechos denunciados, ya que los recursos mal manejados o desviados son todos del orden federal.
El equipo legal de la ASF también señaló la omisión de la Procuraduría en no notificarles oportunamente su decisión de remitir 13 carpetas de investigación a la Fiscalía de Veracruz, pese a que los auditores son coadyuvantes en todos estos casos.
Cabe señalar que la administración de Luis Ángel Bravo en la Fiscalía de Justicia de Veracruz, a la que la PGR remitió los expedientes de la ASF, se encuentra ahora bajo investigación del hoy fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, debido a posibles omisiones en varias investigaciones y a hechos de corrupción, incluyendo el pago de 36 millones 401 mil pesos a empresas fantasma.
El sueño de los justos
Hasta diciembre del año pasado la Procuraduría General de la República (PGR) había iniciado 56 averiguaciones previas y carpetas de investigación por las denuncias que la ASF ha presentado, derivado de malos manejos y el posible desvío de recursos federales en la administración de Javier Duarte.
Estas denuncias son el resultado de auditorías y facultades de comprobación que la ASF lleva a cabo de las cuentas públicas de cada año, y en específico de los recursos federales que se otorga cada año a los estados para distintos programas y subsidios.
Lo denunciado penalmente por los auditores representa un posible daño patrimonial a la Hacienda Federal que asciende a los 21 mil 76 millones de pesos. Esto sin tomar en cuenta que sigue la revisión de por lo menos 35 mil millones de pesos más observados pero los auditores, y que de no ser comprobados también serán objeto de nuevas denuncias.
Los casos reportados por la auditoría a la PGR abarcan prácticamente todos los fondos que se han transferido a Veracruz, desde los apoyos para salud, educación y obras públicas, hasta los subsidios federales destinados a programas de seguridad pública.
Un común denominador en muchas de las irregularidades denunciadas es la retención por parte de la Secretaría de Finanzas de Veracruz de los recursos, sin que estos sean invertidos, pero tampoco regresados a las cuentas de origen.
A eso se suman simulaciones que se han hecho del ejercicio de los recursos, o la falta de comprobación en productos y bienes supuestamente contratados.
Pero todas estas denuncias que se interponen en contra de los funcionarios que resulten responsables continúan sin ser resueltas.
El pasado 2 de junio Animal Político publicó que ninguna de las averiguaciones iniciadas había sido consignada ante algún juez, con el argumento de la PGR de que continuaban en análisis. La situación es prácticamente la misma hasta ahora.
De todos los recursos mal manejados por los estados del país, que la ASF ha denunciado formalmente ante la PGR, Veracruz concentra la mayor parte. Los 21 mil 76 millones que corresponden a la administración de Javier Duarte, equivalen al 60.8 por ciento del monto total denunciado.
Nueva denuncia
Datos de la Auditoría Superior de la Federación arrojan que el pasado 12 de junio se interpuso una nueva denuncia de hechos ante la PGR, por irregularidades confirmadas en el manejo de recursos federales durante el gobierno de Javier Duarte. Se trata de la primera denuncia formal contra Veracruz que presenta este año la ASF, pero ya es el caso número 57 que se inicia ante la PGR.
Este nuevo caso es el resultado de la auditoría número 731, que forma parte de la Cuenta Pública 2012, y que corresponde a recursos federales transferidos a Veracruz a través de Subsidios para Centros Educativos.
Los resultados de esa auditoría arrojaron , entre otras cosas, un posible fraude que asciende a los mil 773 millones de pesos que originalmente fueron entregados al gobierno de Duarte como pago de este subsidio, pero que dicha administración dice habérselos gastado como complemento al pago de nómina de los maestros. La situación es irregular porque para el pago de nómina el estado ya contaba con recursos derivados del denominado Ramo General 33.
A lo anterior se suman 215 millones de pesos de los que no hay datos de haber sido invertidos, pero que tampoco fueron devueltos a la Tesorería de la Federación. Es decir, la Secretaría de Finanzas del gobierno de Veracruz simplemente se los quedó.
