Autoridades ocultan estatus legal de objetivos prioritarios detenidos, pese a orden del INAI
La administración del presidente Enrique Peña Nieto ha presumido en los últimos años la detención de personas incluidas en una lista de 122 criminales considerados como objetivos prioritarios, por su presunta importancia en distintos grupos del crimen organizado.
[contextly_sidebar id=”YCRd8hTyhiTNxjmNW5bdtY1YehZyilCi”]Hasta ahora, dice el gobierno, han sido “neutralizados” 106 de esos objetivos, de los cuales 92 fueron detenidos y el resto abatidos.
Pero lo que ni el gobierno ni el poder judicial han informado, es cuántos de esos capturados siguen en prisión, cuál es su estatus legal actual, y en contra de cuáles habría algún tipo de sentencia condenatoria.
A lo largo de ocho meses Animal Político ha intentado sin éxito que vía transparencia se proporcione esta información.
Incluso se obtuvo una resolución favorable del pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), en donde se ordenaba que por lo menos se informe de los detenidos que ya tienen sentencia condenatoria, ya que al tratarse de casos de crimen organizado es una información donde prevalece el interés público.
Pese a lo anterior, las autoridades se han negado a proporcionar estos datos, con argumentos que han ido desde la protección de datos personales o la incompetencia, hasta que habría que preguntarle a cada uno de los tribunales del país y eso “no lo contempla la ley”.
De acuerdo con fuentes federales consultadas por este mismo medio, existen algunos casos donde por errores en la integración de las carpetas de investigación los detenidos, correspondientes a la lista de objetivos prioritarios, han recobrado su libertad. Pero la información no se ha hecho pública.
Cabe recordar que, de acuerdo con el marco legal en México, ninguna persona puede ser considerada realmente responsable de un delito, es decir que sea un criminal, hasta que no haya una sentencia dictada por un juez que así lo confirme.
La lista de objetivos
Una de las primeras acciones que la administración de Peña Nieto hizo fue decir que contaban con una lista de 122 personas que era prioritario capturar. Esto ya que, según la información con la que se contaba, eran personas que estaban al frente de cárteles o células de los mismos, o se traba de jefes de sicarios y operadores financieros.
Pero la lista no se hizo pública oficialmente. Tuvieron que venir múltiples solicitudes de transparencia y resoluciones del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), para que en 2014 se diera a conocer de forma parcial la lista, solo con los nombres de los delincuentes ya detenidos y abatidos.
Luego, en agosto de 2015, también por instrucciones del IFAI, el gobierno a través de la Procuraduría General de la República dio a conocer más datos de las personas que faltaban por detener, pero solo cuatro nombres los hizo públicos. Animal Político dio a conocer que habían quedado fuera de la lista delincuentes que en sexenios pasado sí eran prioritarios.
La última actualización de la lista correspondiente a febrero de este año, que Animal Político obtuvo vía transparencia, incluyen 106 objetivos neutralizados de los cuales 14 fueron abatidos y 92 están, en teoría, detenidos.
Los detenidos presuntamente pertenecen a diez organizaciones delictivas: Cártel del Pacífico, Los Zetas, Cártel de Juárez, Cártel del Poniente, Los Beltrán Leyva, Los Caballeros Templarios, Cártel del Golfo, Cártel Jalisco Nueva Generación, La Familia, y Los Arellano Félix.
Entre los detenidos figuran nombres de conocidos líderes delictivos como el de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Dioniso Loya Plancarte “El Tío”; Mario Armando Ramírez Treviño, “El X 20”; Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”; Servando Gómez Martínez, “La Tuta”; Héctor Beltrán Leyva, “El H”; Juan José Esparragoza Monzón, “El Negro”.
Hay muchas más personas cuyos nombres no se conocían previamente, pero que según el propio gobierno son de alto perfil criminal.
Además, la lista entregada por la PGR indica que entre los 16 que faltaban por ser detenidos hasta al corte de febrero de este año, se encuentra Ismael “El Mayo” Zambada, y Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
Estatus: desconocido
El 24 de enero pasado, Animal Político envió dos solicitudes de información tanto a la PGR como al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para conocer la situación legal de las personas detenidas, de la lista de objetivos prioritarios. Se solicitó conocer cuántos seguían bajo proceso penal, cuántos estaban ya sentenciados, y cuántos habían sido liberados.
Siete meses después, la respuesta no se ha proporcionado.
En el caso de la PGR, y luego de solicitar una ampliación del plazo legal para “recabar la información”, la dependencia contestó el 8 de marzo señalando que estaba imposibilitada para dar mayores detalles, toda vez que se podría afectar “el debido proceso” y la “presunción de inocencia”.
Por lo anterior, la PGR consideró como “clasificada” cualquier otra información relacionada con las personas detenidas de la lista de objetivos prioritarios.
Por otro lado, el pasado 26 de febrero, el Consejo de la Judicatura Federal emitió una primera respuesta a la solicitud planteada, en la que determina que la información de los procesos iniciados o no contra los detenidos es “confidencial”, pues contiene datos de índole personal cuya difusión solo puede ser consentida por la propia persona, o por su representante legal.
Animal Político interpuso un recurso de revisión ante el INAI, en contra de esta respuesta, con el argumento de que los nombres ya se habían hecho públicos por la propia autoridad, y por tanto no se podía clasificar lo ya hecho público.
El 26 de junio pasado el pleno del INAI avaló el proyecto del comisionado Joel Salas, en el que se ordenaba al Consejo de la Judicatura dar a conocer cuáles de las personas ya contaban con una sentencia formal, por delitos del crimen organizado.
Ciudadanos deben conocer sentencias: INAI
En el análisis de este caso que quedó asentado en el expediente RRA 1169/17, el comisionado del INAI Joel Salas Suárez considera que, en efecto, el relacionar a una persona con una investigación o un delito y hacerlo públicamente puede atentar contra su derecho a la privacidad, al honor, entre otros. Esto además del obstáculo que es el revelar datos personales.
Sin embargo Salas plantea, por otro lado, que los casos de delincuencia organizada (como el que es aplicable a las personas señaladas en la lista de objetivos prioritarios) traen consigo una condición especial, pues son asuntos de interés general debido a que plantean un riesgo para toda la sociedad, que no se puede soslayar.
El riesgo del narcotráfico, lavado de dinero y diversas formas de crimen organizado, establece citando incluso tratados internacionales, sobrepasa las fronteras de un solo país, según la resolución.
Es decir, que en este caso hay que analizar un choque de derechos: el que tienen las personas detenidas para que su información personal y su honor se mantengan en secrecía (respetando la presunción de inocencia), y el de sociedad por obtener información de un delito que afecta a todos.
Así, el comisionado concluye que en el caso de los objetivos prioritarios que ya hayan recibido sentencia condenatoria, el Estado sí debe darlo a conocer, pues se trata de una persona que, en efecto, es responsable de un delito que afecta a todos y por tanto tiene que conocerse.
“La delincuencia en su manifestación organizada constituye uno de los más graves problemas que dañan y perjudican a la sociedad pues vulnera diversos bienes(…) por lo que se considera que existe un interés público en identificar a quienes, de manera probada, mediante sentencia ejecutoriada e irrevocable han atentado en contra de dichos bienes”, indica la resolución,
La resolución añade que “la ciudadanía debe conocer el nombre de las personas a quienes se les ha comprobado su culpabilidad de manera definitiva, como miembros de la delincuencia organizada, dada la relevancia social del delito en cuestión”.
En este sentido, la resolución estableció que el Poder Judicial debe dar a conocer el nombre de las personas detenidas con sentencia condenatoria irrevocable, y en los otros casos, clasificar la información, pero detallando si es porque hay personas absueltas, o es porque hay personas sometidas a proceso.
La resolución del INAI ordenó al Poder judicial entregar la referida información en un plazo de 10 días hábiles.
Nuevos pretextos
Luego de pedir que se ampliara el plazo para dar respuesta, el CJF finalmente respondió con un oficio fechado el pasado 8 de agosto. Es decir, se tardaron casi mes y medio para emitir un pronunciamiento.
En su resolución, el Consejo de la Judicatura vuelve a responder que no puede entregar la información ordenada por el INAI, pero ahora alude que para identificar condenas “irrevocables” tendría que verificar en todos los tribunales del país persona por persona., lo que a su juicio, es un procedimiento que no marca la ley.
Por ello el CJF simplemente aseguró que “no está en posibilidad de proporcionar la información”. Respecto a lo que se había instruido de clasificar los datos, pero detallando si se trata porque hay personas absueltas o bajo proceso, el CJF ni siquiera emitió pronunciamiento alguno.
Animal Político ya interpuso una nueva inconformidad ante el INAI, debido a que dicha respuesta no cumple en absoluto con lo instruido en la resolución del recurso de revisión RRA 1169/17.
