Las áreas de conservación de la Ciudad de México son invadidas por asentamientos irregulares
Hace 14 años, el área de Tempiluli en la delegación Tláhuac, al sur de la ciudad, no estaba habitada ni invadida de asentamientos irregulares.
“No había nada, era puro polvo. Haz de cuenta que pisabas talco, aquí había puro talco”, dice Flor Bibriesca Esquivel, de 52 años. “Había puras milpas”.
[contextly_sidebar id=”dyHo41V0hP18v0EAnVSKqlpvsB0N6Dy9″]La familia de Bibriesca Esquivel se mudó aquí de todas maneras y otros los siguieron.
Poco a poco, el área se transformó en un pueblo polvoriento de calles sin pavimentar y chozas hechas de láminas metálicas y tablas de madera, o bloques de hormigón.
La casa de Bibriesca Esquivel está hecha de láminas de asbesto y tablas de madera. El piso está hecho de bloques de concreto, que ella y su esposo encontraron en un basurero.
Bibriesca Esquivel no puede comprar mejores materiales. Incluso si pudiera, probablemente no los usaría. Sabe que puede ser desalojada en cualquier momento. Ya le ha pasado tres veces, dice.
“Nomás llegaron de repente en la noche a tirar. Entraron los camiones, los granaderos. Nomás entraron a tirar. Tiraron todas las casas, todo”, dice. “Nosotros volvimos a levantar”.
El barrio de Bibriesca Esquivel está en una zona de conservación ecológica. Es ilegal construir viviendas aquí.
Ciudad de México: cada vez más grande y con menos viviendas
La expansión de la Ciudad de México es legendaria y se ha alimentado de tasas impresionantes de inmigración del campo a la ciudad, de precios de vivienda por las nubes y de normas de zonificación inofensivas.
La ciudad y sus alrededores forman una de las áreas urbanas más pobladas del mundo. Se estima que allí viven 21 millones de personas, un 17.6 por ciento de la población nacional de 119 millones. En 1950, la ciudad tenía 3.1 millones de habitantes.
Más de la mitad (el 59 por ciento) de las 148.178 hectáreas de la ciudad están designadas como suelo de conservación. Hay más de 800 asentamientos ilegales en esas áreas de conservación, los cuales ocupan una superficie de 2,819 hectáreas. El suelo de conservación es designado como tal para proteger la flora y la fauna, o para rellenar el acuífero que provee entre el 60 y el 70% del agua consumida en la ciudad.
La mayoría de los asentamientos ilegales se ubican hacia el sur del de la ciudad. Buena parte de la tierra aquí (se estima que el 71%) es de propiedad comunitaria. Cerca de un cuarto de la tierra (el 23%) es de propiedad privada, según datos del GCDMX. Tan solo el 6% es propiedad del gobierno. En particular, los propietarios independientes, la mayoría de ellos agricultores o descendientes de agricultores que viven de lo que cultivan, han encontrado dificultades para evitar que se invada el área.
El problema se ha vuelto tan severo que una comisión legislativa fue creada en marzo para evaluar los asentamientos. La Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares definirá guías para la conservación del suelo y el manejo de los asentamientos ilegales, dice Miguel Ángel Cancino, el titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la ciudad. Estas guías han sido manejadas hasta ahora por cada una de las 16 delegaciones en Ciudad de México, lo que ha resultado en prácticas muy diversas.
La comisión también recomendará cambios legislativos para regular estos asentamientos.
Los legisladores de Ciudad de México necesitan crear nuevas leyes que reconozcan tanto la importancia de las áreas de conservación como el hecho de que los asentamientos ilegales no van a desaparecer, dice Cancino. Pero regular estos asentamientos es impopular políticamente, explica, mientras que reubicarlos a otras áreas sería costoso.
La reubicación es crítica, en particular para aquellos asentamientos en zonas de alto riesgo, como áreas en las que hay barrancos o pendientes, dice, pero las autoridades locales deben aprobar el dinero que se necesita para hacerlo.
“Es un tema muy complicado”, reitera Cancino. “Yo creo que primero necesitas una política pública de atención completa, que implica revisión de los propios instrumentos de regulación del uso de suelo. Y dos: voluntad política y recursos, por supuesto”.
Las zonas de conservación fueron establecidas en la década de 1980, cuando la ciudad comenzó a crecer y sus autoridades vieron la necesidad de proteger áreas naturales, dice Irma Escamilla Herrera, una investigadora del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que se especializa en desarrollo urbano.
Pero lo que esas autoridades urbanas no tuvieron en cuenta fue el hecho de que más gente necesitaría un lugar para vivir. Sin áreas legales disponibles donde se pudiera construir, la gente comenzó a irse hacia zonas de conservación, dice Escamilla Herrera.
En algunos casos, los habitantes son engañados y compran tierra sobre la que no saben que no se puede construir.
La falta de vivienda segura y económica es un asunto de derechos básicos, dice Enrique Cano Bustamante, el director social de TECHO, una organización internacional que trabaja con habitantes de asentamientos ilegales para ayudarles a mejorar sus condiciones de vida. TECHO trabaja en 18 asentamientos ilegales en y alrededor de Ciudad de México.
Las personas que viven en estas zonas de conservación no están buscando causar daños ambientales, dice.
“La gente está ahí por necesidad, porque están siendo violentados sus derechos más fundamentales”, dice.
El costo promedio de una casa en Ciudad de México aumentó en un 95% entre 2005 y 2015, de 1 millón 913 mil 984 pesos a 3 millones 722 mil 708 pesos, según estadísticas publicadas por la Sociedad Hipotecaria Federal, una institución de desarrollo bancario mexicana que se enfoca en crédito de vivienda.
En Ciudad de México hay aproximadamente 179 mil casas con hacinamiento o que fueron construidas con materiales baratos o deteriorados como láminas de metal, asbesto, madera, tejas o baldosas.
El crecimiento de la ciudad debió haber sido controlado desde hace mucho, dice Escamilla Herrera.
“Si se hubiera actuado no tendríamos este grave crecimiento que ahora vemos, entendiendo (que) implica una problemática social complicada, porque no tengo dónde estas personas vivan”, dice.
Algunas de las personas que construyeron sus casas en zonas de conservación no sabían en ese entonces que lo que estaban haciendo era ilegal.
Como muchos otros habitantes de las zonas de conservación, Bibriesca Esquivel se apresuró a firmar lo que pensó que era un gran trato en una tierra sobre la que se podía construir. Dice que pagó 135 mil pesos por un lote de 120 metros cuadrados. La persona que se lo vendió no dijo nada sobre las restricciones de construcción, dice Bibriesca Esquivel.
Tras su primer desalojo, buscó al hombre al que le había pagado la tierra. Lo encontró y él le aseguró que le devolvería el dinero, pero después desapareció. Ahí fue cuando decidió quedarse en el lote y defenderse.
“Yo la verdad que no tenía a dónde ir, (entonces) yo sí luché por mi terreno”, dice.
Pablo Medina Uribe, GPJ, adaptó esta historia de su versión en inglés.
Esta historia fue public
