Comité ciudadano presenta amparos para obligar a estados a cumplir con Sistema Anticorrupción
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción presentaron dos demandas de amparo para obligar a los estados a cumplir con los faltantes para implementar sus sistemas locales.
[contextly_sidebar id=”hnxeh5yK3gMjycNUC7jmaNxVybkhiOXi”]El primero de los amparos busca que un juez federal obligue a los estados incumplidos a reformar su legislación interna para adecuarla a la Constitución Federal y a la Ley General del SNA.
El comité señala los casos de Chihuahua y Veracruz que ni siquiera han reformado su constitución local ni emitido las leyes de los Sistemas Locales Anticorrupción. Mientras que otros no han emitido las leyes necesarias para el sistema.
También buscan que el juez ordene que los Comités Coordinadores de los SLA, sean integrados por los funcionarios que marca la Constitución Federal y en la Ley General del SNA y no haya irregularidades en su designación.
Además se busca corregir fallas como que los estados no cuenten con partidas presupuestarias para los SLA o que sus plataformas digitales locales no tengan un enlace con la plataforma nacional.
Este primer amparo se turnó al Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Juan Pablo Gómez Fierro.
El pasado 19 de julio arrancó el Sistema Nacional Anticorrupción y con ello el plazo para que los estados reformaran sus Constituciones y crearan una ley estatal anticorrupción; sin embargo, dos entidades no cumplieron, mientras que otras ocho lo hicieron pero con deficiencias.Además, falta el nombramiento de un fiscal nacional y de los magistrados.
En un segundo amparo, el Comité de Participación Ciudadana demanda que se homologue en todo el país la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas pues en algunos casos los estados continúan sujetos a la legislación local.
El Comité señala que los estados carecen de facultades válidas para emitir leyes locales y que debieron derogar sus legislaciones locales vigentes.
Este juicio se turnó al Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Ricardo Gallardo Vara.
Con ambos amparos, los integrantes de CPC busca que un tercero imparcial – en este caso el Poder Judicial de la Federación- determine el nivel de empoderamiento de la ciudadanía en el combate a la corrupción.
“Estamos seguros que a través del juicio de amparo, los CPC locales y las organizaciones de la sociedad civil de todo el país, potenciarán su participación en el combate a la corrupción y en la correcta implementación de los SLA”, señalan los integrantes del comité.
