En cumplimiento de una orden de aprehensión y una ficha roja de Interpol, la Procuraduría General de la República (PGR) inició los trámites para detener y extraditar al empresario Moisés Mansur Cysneiros, identificado como principal prestanombres del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, y quien desde el año pasado se encuentra en Canadá.
[contextly_sidebar id=”bnTeqDGzutQG0Z5mBArIk0K8FYkVjk7p”]En entrevista con Animal Político, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, Israel Lira Salas, dijo que Moisés Mansur deberá comparecer ante la justicia en México, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Cuestionado sobre el por qué el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, ya pudo hablar y hasta videograbar a Mansur —quien oficialmente está prófugo desde octubre pasado— mientras que la PGR no lo ha detenido, el funcionario aclaró que el procedimiento en Canadá ya está en trámite.
“No es lo mismo platicar con alguien que no está en el territorio nacional que ir y aprehenderlo (…) tenemos que auxiliarnos con autoridades de otros país. Los procedimientos son mucho más complejos. Se tienen que hacer una serie de trámites para realizar la diligencia y para que sea autorizado pero es lo que está ocurriendo ya en este caso”, dijo.
El subprocurador de la SEIDO rechazó de forma tajante que Moisés Mansur haya recibido algún beneficio para que se cancelara la orden de aprehensión en su contra, como ya ocurrió con otros dos cómplices de Duarte, quienes decidieron colaborar con las autoridades. De hecho, descartó que esa sea una posibilidad.
Dijo que tampoco se ha tomado la declaración ministerial de Moisés Mansur, pero lo que procede es traerlo a México para que sea presentado ante el juez que concedió la orden de aprehensión.
De acuerdo con la investigación por lavado de dinero y delincuencia organizada que ya tiene tras las rejas y bajo proceso al exgobernador Javier Duarte, el empresario Moisés Mansur es una pieza clave que permitió que recursos públicos fueran utilizados en beneficio de Duarte y otras personas.
Entre los varios señalamientos que la PGR presentó ante el juez se encuentra la participación de Moisés Mansur en la compra de terrenos ejidales que presuntamente permitió lavar más de 400 millones de pesos. Según los fiscales, Mansur se hizo pasar por “campesino” para comprar terrenos que costaron un peso el metro cuadrado, y que luego fueron revendidos a una empresa fantasma en 256 pesos el metro cuadrado.
La PGR tiene identificadas propiedades en Veracruz, el Estado de México, la Ciudad de México, Guerrero y posiblemente en el extranjero que están a nombre de Moisés Mansur, pero en realidad pertenecen a Duarte.
En la audiencia del pasado sábado, los fiscales de la PGR prometieron al juez del caso que la comparecencia de Mansur ante la justicia está pronta a concretarse.
Karime Macías Tubilla, esposa de Javier Duarte y quien actualmente se encuentra en Londres, podría ser citada a rendir declaración ante el Ministerio Público por su probable participación en la red de lavado de dinero que provenía de las arcas públicas, y de haber indicios suficientes, dijo el subprocurador Lira Salas, podría ser consignada.
Las declaraciones de los testigos colaboradores de la PGR en el caso, identifican plenamente a Karime Macías como una de las principales involucradas en las operaciones irregulares con recursos públicos, y como una de las beneficiarias (junto con su esposo) de las propiedades y bienes que se adquirieron.
Pese a lo anterior, la exprimera Dama de Veracruz no ha sido requerida, al menos como testigo, para que rinda su declaración.
El subprocurador Lira dijo que esta situación se debe a que hay una estrategia que están siguiendo los fiscales para resolver el caso.
“Hay decisiones que va tomando el Ministerio Público sobre la marcha. Seguramente por una cuestión estratégica en la integración de la investigación ha sido más importante y útil el entrevistar a otras personas que aportaran elementos que la entrevista con esta persona. Eso no quiere decir que se descarte que comparezca o sea motivo de la investigación”, dijo.
El subprocurador también aseguró que como parte de las investigaciones, se está investigando a particulares y servidores públicos que pudieran estar relacionados con el caso.
Hasta ahora ninguno de los exfuncionarios de la administración de Duarte ha sido acusado, pese a que la PGR sostiene que hubo lavado de dinero con recursos públicos que salieron de diversas dependencias.
“Seguramente si nadie ha sido llamado ante la autoridad judicial es porque aun no tenemos elementos suficientes. Necesitamos allegarnos de los elementos suficientes para poner exponerlo ante el juez y es bastante complejo”.
Consulta el especial: Las empresas fantasma de Veracruz.
El lunes pasado, en la audiencia inicial del caso contra Javier Duarte, los fiscales de la PGR tuvieron dificultades para encontrar una serie de datos que requirió la defensa del exgobernador, y que incluso derivaron en que el juez les llamara la atención por no conocer la carpeta de investigación, y por dar “números que no cuadraban”.
Cuestionado sobre el motivo de esta situación, el subprocurador de SEIDO dijo que es un “expediente muy voluminoso” y “era difícil tener a la mano esa información”, pero también consideró que el juez Gerardo Moreno permitió cuestionamientos que iban más allá de la finalidad de la audiencia inicial.
“Pensamos que el juez abrió la posibilidad o aceptó la posibilidad de que las aclaraciones de la defensa fueran un poco más allá de lo que a criterio de la fiscalía debió haber llegado y eso generó que se solicitaran demasiados datos con muchas presiones, lo que llevó a los agentes del Ministerio Público a esta búsqueda muy prolongada”, señaló.
Lira Salas reconoció que estas audiencias generan aprendizajes y celebró que a final de cuentas el juez considerara que los elementos de la PGR, en torno a Javier Duarte, eran suficientes para iniciarle un proceso penal.
En cuanto al equipo de la fiscalía que acudió a la audiencia inicial y que no era el mismo que previamente había conseguido que se dictara sentencia contra dos hermanas involucradas en el caos, el subprocurador dijo que también es una decisión estratégica y que no es algo anormal, pues el Ministerio Público opera como una “unidad” con todos sus fiscales.
Finalmente sobre su participación en la audiencia de vinculación a proceso, que resultó en uno de los elementos clave para que la PGR obtuviera una resolución favorable, el subprocurador dijo que asistió por una decisión del procurador Raúl Cervantes.
“Era parte de la estrategia de la Procuraduría. Son decisiones de qué quieres comunicar y cómo lo quieres hacer. El procurador tomó la decisión de usar mi experiencia en temas financieros, ya que estuve antes en la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda; he trabajado los temas y lo conozco y por eso pensó que yo era la persona idónea para explicar esta parte”, dijo.
Cuestionado sobre si esta decisión se tomó luego de lo que pasó en la audiencia inicial, el subprocurador dijo que “no lo recordaba”.