El proyecto de nueva sede del INE registró irregularidades por un monto de 2.5 mdp: ASF
Adjudicación directa no justificada, pagos sin comprobación y falta de revisión de precios unitarios son algunas irregularidades que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó en el proyecto para construir en la Ciudad de México la nueva sede del Instituto Nacional Electoral (INE), mismo que a fin de cuentas fue cancelado.
[contextly_sidebar id=”b9aPopDK72uYrfo42HH8IkhWFjrXR80T”]En el primer paquete de auditorias que presentó la ASF a la Cámara de Diputados, el pasado viernes, como parte de la revisión de la cuenta pública 2016, la dependencia señaló anomalías en el proyecto ejecutivo, el plan maestro de la obra y dos contratos relacionados.
Por esas irregularidades, la Auditoría generó seis observaciones, entre éstas cuatro promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, y señaló la probable recuperación de 2.5 millones de pesos, de los 10.7 millones auditados.
Una obra multimillonaria
Entre 2015 y 2016, la Cámara de Diputados aprobó una bolsa de mil 70 millones de pesos para que el INE edificara un complejo de oficinas diseñado por el despacho Balau Arquitectos, que incluiría 970 cajones de estacionamiento, dos torres de 14 pisos, techos verdes, una macrosala y la remodelación de los edificios existentes.
En agosto de 2016, se licitó el “Proyecto ejecutivo para la modernización, ampliación y remodelación del conjunto Tlalpan del Instituto Nacional Electoral”, un contrato que fue adjudicado al combo de empresas Tadco Constructora, AKF México y BA Architecture, por un total de 55.4 millones de pesos.
También se licitó el “Estudio técnico y trámites para la constitución de un polígono de actuación para el Conjunto Tlalpan”, asignado a la empresa RDC: Operadora Mexicana de Contratistas, por un millón 174 mil pesos.
Además se asignó, por adjudicación directa, un estudio técnico de actualización catastral al arquitecto Rogelio Miranda Martínez, y la elaboración del plan maestro del conjunto Tlalpan a la empresa Balau Arquitectos, por un total de 4.2 millones.
En enero de 2017, sin embargo, el INE anunció una serie de “medidas de austeridad”, entre las que se incluían la suspensión del proyecto de ampliación y remodelación, por lo que se regresaría el recurso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En aquella ocasión, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, apuntó que se “concluirá la etapa de planeación ya en curso del plan de inversión inmobiliaria, consistente en la elaboración del Proyecto Ejecutivo de las nuevas instalaciones a efecto de que, junto con el Plan Maestro finalizado en 2016, sean un insumo disponible para cuando, si un contexto económico favorable del país lo permite, se realice la edificación planeada”.
Por ese proyecto ejecutivo, el plan maestro y los contratos vinculados, el INE gastó 60.8 millones de pesos.
Las irregularidades
Como parte de las 502 auditorias que realizó la ASF, se analizaron los cuatro contratos relacionados con el proyecto de nuevo edificio del INE.
La ASF explicó que se “revisaron 33 conceptos que comprendieron la ejecución de los servicios”, por los que se ejercieron 10.7 millones de pesos durante el 2016 (está pendiente por revisar para el próximo año 50 millones más).
En su revisión, la ASF detectó que algunos contratos carecían de “oficios de terminación”, a pesar de que los servicios se concluyeron entre octubre y septiembre de 2016, por lo que dictó una “Promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria”.
También se detectó que funcionarios del INE no verificaron los precios unitarios planteados en los contratos, para garantizar que estos “fueran acordes a la metodología de ejecución de los servicios”, lo que provocó una segunda promoción de responsabilidades.
Además, la ASF encontró que en el contrato del proyecto ejecutivo la empresa no comprobó en su totalidad el uso del anticipo de 9.5 millones de pesos que se le otorgó, pues se registraron inconsistencias en siete facturas. De ahí que exista un monto por comprobar de 1.7 millones de pesos, por lo que se le pidió al INE “aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria” de los recursos.
Los funcionarios electorales tampoco presentaron “el dictamen de excepción a la licitación pública para otorgar el contrato mediante el procedimiento de adjudicación directa”, en el caso del contrato del plan maestro, ya que superó por 551 mil pesos el monto máximo permitido para usar esa figura legal. Por ello, la ASF también dictó una Promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.
La ASF, por todo lo anterior, determinó que existen recuperaciones probables por 2 millones 576 mil pesos.
