ONG acusan ante Corte Internacional crímenes de lesa humanidad de policías y Zetas en Coahuila
Entre 2009 y 2016, las autoridades de Coahuila se coludieron con Los Zetas para cometer crímenes como torturas y desapariciones, lo cuales son considerados de lesa humanidad, acusaron más de 80 organizaciones ciudadanas, que enviaron un documento a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya.
[contextly_sidebar id=”wVx38rCGeLexfdQ1LT3nVWgZ0TgA3a3V”]Por esa razón, las organizaciones solicitaron a ese organismo que se abra un expediente preliminar sobre México, con miras a que se concrete el inicio de una investigación.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), con el respaldo de más de 80 organizaciones mexicanas, como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, señaló en un reporte presentado en La Haya que en el periodo mencionado se cometieron en Coahuila crímenes como privación grave de la libertad, tortura y desapariciones forzadas.
Esto, como parte de “un ataque sistemático contra la población civil de dicho Estado”.
Los autores materiales, detalla el documento, fueron los Zetas y las fuerzas especiales responsables de la seguridad en Coahuila (Policía Municipal, Policía Estatal Acreditable, GRI, GATE, GATEM y/o GRUPO DE ELITE, GROM).
“Del 2009 al 2011/ 2012: Las autoridades estatales responsables de la seguridad han cometido crímenes de lesa humanidad con los Zetas en un contexto de innegable colusión”, señaló la Federación.
“Del 2011/ 2012 al 2016: Las autoridades estatales responsables de la seguridad han cometido crímenes de lesa humanidad directamente a través de las fuerzas especiales”, agregó en el reporte.
Jimena Reyes FIDH: Existió complicidad de las autoridades de Coahuila con los Zetas para cometer crímenes contra la humanidad. #México pic.twitter.com/uX3tDDln1Z
— FIDH (@fidh_es) July 5, 2017
Los Zetas se consolidan durante el gobierno de Humberto Moreira
En su investigación, la FIDH analizó 32 casos, que corresponden a un total de 73 víctimas; dos bases de datos sobre 195 y 367 personas desaparecidas, al igual que los casos derivados de recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila.
“También se tomó en cuenta la cifra oficial de 1791 denuncias relativas a 1,830 personas desaparecidas en Coahuila entre el 2006 y el 2016, según la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas del Estado”, apuntó la Federación.
En el desglose sobre la situación de Coahuila, se señala que en el periodo de 2009 a 2011, con Humberto Moreira como gobernador: “Los Zetas consolidaron su control territorial en gran parte de las zonas en las que operaban en Coahuila y siguieron manteniendo un objetivo de control y expansión territorial por medio del miedo”.
Las diferentes fuerzas de seguridad públicas, bajo el mando del gobierno de Coahuila, “actuaron en colaboración con los Zetas”, refirió la FIDH.
“La colusión y corrupción llevó a que altos mandos del gobierno de Coahuila implementaran una política de apoyo y comisión de crímenes con Los Zetas, mientras que paralelamente comunicaban sobre su supuesta lucha en contra de esos grupos”, agregó.
Los casos de la Masacre de Allende y los crímenes realizados en la cárcel de Piedras Negras, de 2008 a 2012, se lee en el reporte, denotan la actuación coordinada entre las corporaciones de seguridad de Coahuila y los Zetas.
La Masacre de Allende
En marzo de 2011, los Zetas comenzaron a secuestrar y asesinar a familiares de dos personas del municipio de Allende, como una venganza o represalia.
“A su paso saquearon y destruyeron casas, dando como resultado un número aún no determinado de personas desaparecidas y asesinadas, cifra que oscila entre las 42 y 300 personas desaparecidas”, relató la FIDH.
“Todo sucedió a la luz pública y sin que la policía ni las autoridades hicieran nada. Al contrario testimonios dan cuenta de la colaboración de las fuerzas de seguridad.
Algunos elementos indican que el alcalde, pero también el gobernador, habrían tenido conocimiento de estos hechos y que su actuar omiso se debió no al desconocimiento sino a su colusión con el grupo criminal”.
150 muertos en la cárcel de Piedras Negras
En el caso de la cárcel de Piedras Negras, entre 2008 y 2012, refirió la FIDH, el CERESO bajo la responsabilidad del Gobierno del estado de Coahuila se convirtió un centro de operaciones de los Zetas.
“Los presos de esta organización entraban y salían a su antojo de la prisión estatal, ocultándose cada vez que eran perseguidos por las fuerzas federales. En su interior, fabricaban el material necesario para sus actividades delictivas (entre otros, chalecos antibalas, uniformes, carrocerías modificadas, etc.), y a la vez que ingresaban a personas para asesinarlas cocinándolas con ácido y/o quemándola en tanques de acero”, señaló el documento.
“Se calcula que al menos 150 personas fueron víctimas de estos crímenes, los cuales se pudieron cometer porque contaban con el apoyo de las autoridades de Coahuila”.
Corporaciones de seguridad, torturas y asesinatos
Ya con el gobierno de Rubén Moreira -hermano de Humberto Moreira-, a partir de 2011, en Coahuila comenzaron a reportarse “una mayor cantidad de casos, en particular de privaciones graves de la libertad física, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas, cometidas directamente por las corporaciones de seguridad de Coahuila, a saber, el GATE15 y la Policía Estatal Acreditable”.
La FIDH relató en los años posteriores, de 2012 a 2016, se sumaron más reportes de crímenes cometidos por corporaciones o fuerzas especiales en Coahuila.
“Desde inicios del 2016, los integrantes de estas distintas corporaciones han pasado a formar parte de ‘Fuerza Coahuila’, sólo un cambio de nombre para una nueva corporación que parece seguir cometiendo los mismos crímenes. Más del 50% de los casos analizados dan cuenta de crímenes cometidos por una de estas fuerzas especiales”, agregó el organismo de Derechos Humanos.
Posible apertura de una investigación de la CPI
La Corte Penal Internacional (CPI) tendría competencia material y temporal sobre crímenes cometidos en territorio mexicano o por nacionales mexicanos, ya que México ratificó el Estatuto de Roma el 28 de octubre de 2005, detalló la FIDH.
“La falta de investigación en el país y la naturaleza de los delitos registrados hacen presagiar la posible apertura de una investigación por parte de la CPI, frente a la cual las autoridades mexicanas se han mostrado hasta ahora reticentes”, agregó.
Lo que impediría que la CPI sea competente para abrir una investigación, después de realizar el análisis preliminar solicitado por la FIDH y más de 80 organizaciones, es que en México ya haya investigaciones y juicios en contra de los más altos responsables de los crímenes de lesa humanidad examinados, situación que no ha ocurrido.
