De enero a mayo de 2017 fueron detectadas 4 mil 259 tomas clandestinas de combustible en el país (perforaciones en ductos), mientras que en el mismo periodo de 2016 fueron un total de 2 mil 662. Eso significa que hubo un aumento de 60%, de acuerdo con las cifras de Petróleos Mexicanos (Pemex).
[contextly_sidebar id=”sDBxiRBgkpHjuogYxvesumeGbvYgRxyx”]Se trata del mayor crecimiento de perforaciones de ductos en el periodo de los primeros cinco meses de un año en lo que va de la administración del priista Enrique Peña Nieto.
El pasado 5 de mayo, el presidente Peña Nieto anunció el inicio de un plan integral, contra el robo de combustible.
El mes previo, en abril, Pemex reportó 757 perforaciones a los ductos en los que se transporta el combustible, mientras que al cierre de mayo, mes en que el presidente Peña anunció su estrategia, la cifra fue de 808 tomas clandestinas.
El robo de combustible es un delito de alto impacto en las finanzas públicas. Animal Político dio a conocer en febrero pasado que, entre robo de combustible y fugas, la administración actual ha perdido 97 mil millones de pesos.
A decir de expertos, esta actividad está en manos de la delincuencia organizada. Rubén Salazar, director de la consultora Etellekt y experto en temas energéticos, mencionó que en 2016 “el 95% de las tomas clandestinas a nivel nacional fue responsabilidad de los grandes cárteles del país”.
Especialmente los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupos criminales responsables “del 40% y 21% de las tomas clandestinas en la red de ductos de Pemex, respectivamente”.
En 2017, el panorama no ha cambiado demasiado, aseguró el consultor. Esto a pesar de que ha crecido la participación de pequeños grupos locales en los estados, “calculamos que la proporción será 90-10, pero siguen siendo los cárteles los que dominan”.
Salazar consideró que a la par de atender el problema con mayor despliegue policial, se debe poner atención en los problemas de confiabilidad del personal de Pemex, y fortalecer la seguridad dentro de la institución, “darles la protección para que no queden expuestos a la extorsión de estos grupos delictivos, y a las amenazas”.
Durante todo el 2016, Puebla se mantuvo a la cabeza en cuanto al número de perforaciones de ductos. Fue un crecimiento paulatino que arrancó prácticamente desde el 2011, cuando concentraba el 5.4 % de las tomas clandestinas en todo el país, pasando al 22.3% en 2016.
En los primeros meses de 2017, sin embargo, Puebla se ubicó en segundo lugar en ese renglón, y Guanajuato ocupó el primer lugar.
De enero a mayo de este año, Guanajuato acumuló un total de 827 reportes de tomas clandestinas, una de cada cinco.
A decir de Rubén Salazar, la visibilidad mediática que ha tenido Puebla sobre el tema de robo de combustible y los enfrentamientos suscitados entre grupos delictivos y agentes de seguridad, ha provocado que el problema se mueva a otras entidades, como Guanajuato.
A esa movilidad delictiva, habría que sumar que por Guanajuato corren cuatro ductos petroleros, todos conectados con la Refinería de Salamanca: uno va hacia Guadalajara, otro más hacia León. Y otros dos trasladan combustible hacia la refinería de Tula.
“Si la tendencia no cambia, Guanajuato será el estado que va a romper marcas históricas, es probable que termine el año con registros de 2 mil tomas clandestinas”, dijo Salazar.
Tamaulipas ocupó la posición número tres en cuanto el número de ductos perforados en el país, de enero a mayo de 2017.
A mediados de mayo el gobernador tamaulipeco, Francisco García Cabeza de Vaca, anunció que su entidad se sumaba a la estrategia federal para atacar el robo de hidrocarburos, una estrategia de la que ya formaban parte Puebla, Veracruz y Guanajuato.
En los primeros meses del año, Tamaulipas sumó 511 perforaciones ilegales en la infraestructura petrolera. Un año antes, en el mismo periodo, la cifra oficial era de 344 tomas clandestinas.