Impunidad y promesas incumplidas prevalecen a un mes de la muerte de Javier Valdez en Sinaloa
Un mes después del asesinato de Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa, periodistas del estado reclaman que el crimen sigue impune, y que el gobierno del priista Quirino Ordaz Coppel no ha cumplido con acciones que les prometió, apenas unas horas después del crimen.
[contextly_sidebar id=”vfAYKBqzuS4BbjRxYt7Zv2E4K672WGPX”]”Fueron solo palabras, todo sigue igual, hoy no sabemos quién asesinó a Javier”, reclamaron los periodistas desde la entidad azotada por la violencia del narcotráfico, tema que cubrió Valdez, dejando crónicas que quedaron plasmadas en libros como Malayerba y Huérfanos del narco.
El pasado 16 de mayo, ante una protesta de periodistas que llegó hasta el palacio de gobierno estatal, el gobernador dijo que la indignación por la muerte de Valdez, fundador del semanario Ríodoce, debía servir para encontrar a los responsables “lo más pronto posible”.
Prometió que sería creada una fiscalía especial, para esclarecer el asesinato de Valdez, contando con todos los recursos; además, dijo que respaldaría la integración de una mesa de seguimiento del caso, con un comité ciudadano, y que tendría reuniones frecuentes con el gremio periodístico, para informar de manera transparente sobre los avances en la investigación.
Sin embargo, periodistas de diferentes medios de Sinaloa, consultados por Animal Político, acusaron que ninguno de esos compromisos se ha cumplido, y a un mes del crimen, no hay un un solo detenido.
“La impunidad está reinando, y no vemos que vaya a ser distinto”, dijo vía telefónica Alejandro Sicairos, director de la revista Espejo.
El hecho de que la PGR haya ofrecido una recompensa de 1.5 mdp por información que lleva a identificar a los agresores de Valdez, apuntó Sicairos, muestra que no hay un gran avance en las investigaciones, y parece una medida “desesperada”.
Respecto a los compromisos de Quirino, Sicairos dijo que los periodistas se retiraron de la mesa para dar seguimiento al caso, porque ahí el gobierno estatal no les dio “ningún elemento que les indicara que le estaban entrando en serio con las investigaciones”, y además no les dieron la información requerida.
El pasado 22 de mayo, uno de los fundadores de Ríodoce publicó que en febrero Javier Valdez fue presionado por los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán para que no fuera publicada una entrevista realizada a un enviado del narcotraficante Dámaso López. Sin embargo, el material sí fue publicado.
Defensores de los derechos humanos confirmaron que Valdez les reportó actos de intimidación, como la compra de 4,500 ejemplares del semanario Ríodoce, tras la publicación de la entrevista.
Animal Político llamó al gobierno de Sinaloa, para preguntar si tienen algún comentario sobre las críticas de periodistas, y respecto a cómo han actuado ante el caso de Javier Valdez, pero indicaron que por el momento no darían declaraciones.
Sin información
Tanto Sicairos como otros periodistas de Sinaloa consultados insistieron en que, contrario a lo que dijo Ordaz Coppel, las autoridades estatales se han negado a darles una versión pública de las carpetas de investigación, en la que participan tanto la Fiscalía estatal como la PGR, argumentando que hay limitaciones para compartirla, por el nuevo sistema de justicia penal y por la delicadeza del tema.
Miriam Ramírez, de Río Doce, señaló que tampoco fue creada la fiscalía especial de la que habló el gobernador, ya que el propio fiscal de Sinaloa dijo que no era atribución del mandatario estatal establecer esa instancia, por que la Fiscalía es autónoma.
De acuerdo con un reporte de Reforma, el fiscal estatal Juan José Ríos Estavillo dijo el 17 de mayo pasado que fueron designados 15 agentes para investigar el homicidio, pero no detalló que haya sido establecida una fiscalía especial.
Solo a partir de lo anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto el 17 de mayo pasado, en cuanto a medias de protección a periodistas en el país, el gobierno de Quirino Ordaz informó que en julio estaría operando en la entidad una unidad de investigación y protección de defensores de derechos humanos y periodistas.
Incertidumbre que da miedo
Ramírez, de Río Doce, lamentó que en general el gobierno estatal no haya mostrado voluntad hasta ahora para resolver el caso de Javier Valdez, o tener un acercamiento con el gremio periodístico, para que tenga más seguridad.
“Prometió un acercamiento, una relación, pero no vemos una voluntad… es un mes de impunidad, de incertidumbre que da miedo”, señaló Ramírez, ya que no se ha establecido por qué mataron a Javier Valdez, y quién lo hizo.
Ella narró que hace unos días se acercó al gobernador, para entregarle una carta firmada por 275 periodistas de Sinaloa, en la que reclamaron al gobierno que no se haga sordo ni ciego, y que haga justicia al caso de Javier.
“El gobernador no quiso recibirla. Dijo que ya la había leído. No la quiso agarrar”, lamentó Ramírez, apuntando que ese gesto es una muestra de su actitud ante los periodistas de Sinaloa.
Gustavo Lizárraga, del diario El Debate, coincidió en que “todo sigue igual”, sin que haya mejorado la situación para hacer periodismo en Sinaloa.
“No hay nada de resultados. No hay justicia expedita”, lamentó Marcos Vizcarra, del diario Noroeste, sobre el asesinato de Valdez, que trascendió a nivel internacional, mostrando a México como un país de alto riesgo para los periodistas.
Vizcarra también dijo que de parte de las autoridades no ha habido un esfuerzo adicional para darles más seguridad, o un intento de acercamiento, por lo que los propios periodistas han tenido que trabajar en ello, insistiendo en tener comunicación para saber dónde se encuentran, y si están bien.
Aunque no han tenido respuesta del gobierno, dijo Sicairos, el caso de Javier Valdez no solo ha unido más a los periodistas, sino que también ha generado una respuesta del resto de la sociedad sinaloense, reclamando justicia.
