[contextly_sidebar id=”TiVVMCJU12a1ZgNGUeACJJG02c3VOah6″]Después de tres años de lucha jurídica, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció que la masacre de 72 migrantes ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, debe ser calificada como una grave violación a los derechos humanos, informó la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
“A partir de un análisis jurídico pormenorizado del contenido de la información del referido caso, la CNDH determinó que los hechos están relacionados con ‘violaciones graves’ a los derechos fundamentales de las 72 personas migrantes que, en un inicio, fueron secuestradas y posteriormente privadas de la vida por un grupo de hombres armados en San Fernando, Tamaulipas.
“A pesar de tratarse de un asunto concluido que se encuentra en fase de cumplimiento, y que de origen no fue calificado como ‘violaciones graves’, atendiendo el principio de máxima publicidad y el interés de la sociedad en conocer la verdad de los hechos, se determinó recalificar los hechos que contiene el expediente como relacionados con ‘violaciones graves'”, explicó la CNDH en un comunicado.
Ante ese panorama, la CNDH acordó hacer pública la información del expediente sobre 72 migrantes que fueron secuestrados y privados de la vida por un grupo de hombres armados, en hechos ocurridos el 24 de agosto de 2010 en San Fernando.
La CDNH hará público el expediente, luego de que, el pasado 31 de mayo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le ordenó dar respuesta a la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que solicitó, a través de la Ley Federal de Transparencia, tener acceso al expediente que se integró por la matanza de los 72 migrantes.
La Segunda Sala determinó que el organismo está plenamente facultado para decidir si la información que le es requerida, en materia de transparencia, se relaciona con violaciones graves a los derechos humanos y, por ende, si debe hacerse pública.
Ahora, el juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa con residencia en la Ciudad de México, notificó a la Fundación, el pasado 20 de junio, que en acato a lo ordenado por la Corte, la CNDH admitió que el crimen debe ser calificado como una grave violación de derechos humanos, por lo que aguardan a que se les entregue el expediente.
La decisión de calificar como violaciones graves a derechos humanos los hechos ocurridos en San Fernando y de hacer pública la información del expediente ocurre después de que el 25 de agosto de 2010, la CNDH radicó de oficio ese expediente y en su oportunidad emitió la Recomendación 80/2013.
“De acuerdo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente en ese momento, este organismo nacional reservó el acceso a la información al igual que la autoridad ministerial competente”, explicó la CNDH en un comunicado.
Sin embargo, apuntó, al recalificar los hechos, esa excepción cambia en dicha ley, ya que establece que las “violaciones graves” a derechos humanos no podrán ser reservadas.
“Otro efecto legal de este acuerdo emitido por la Comisión Nacional, instruye notificar esta resolución a las víctimas, al procurador General de la República y al gobernador del Estado de Tamaulipas, en su calidad de autoridades competentes”, agregó la Comisión en un comunicado.
En la Suprema Corte aún está pendiente por resolverse dos amparos más interpuestos por la Fundación para la Justicia y Artículo 19, respectivamente, ante la decisión de la Procuraduría General de la República de reservar las averiguaciones previas de la masacre de los 72 migrantes; la masacre en fosas clandestinas y la masacre de Cadereyta, en 2012.