En las calles de México trabajan actualmente 32 mil policías que no pasaron las pruebas de confianza, y la tendencia de reprobados, en lugar de reducirse, ha ido en aumento desde el año pasado.
[contextly_sidebar id=”S9qayuVQACK06BVel2mXsh0BDwEujrKb”]Uno de cada 10 policías en México, que son responsables de la seguridad de los ciudadanos y de combatir la delincuencia, no cumple con los requisitos legales para seguir en el puesto, al reprobar los exámenes de control de confianza. Y sin embargo siguen trabajando.
Los datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, proporcionados a Animal Político por la organización civil Causa en Común, ponen en evidencia que la depuración prometida para los cuerpos de policía, desde el 2008, no solo no se ha completado, sino que hay un retroceso.
Al cierre de abril de 2016, el balance era de 30 mil 922 policías locales reprobados y en funciones, lo que representaba 9% de todo el estado de fuerza.
Un año después, la cifra de elementos reprobados es de 31 mil 947, lo que equivale a 10% de todos los policías que operan en el país, entre agentes estatales, municipales, ministeriales y asignados a penales.
Superar las pruebas de confianza es un requisito obligatorio que marca la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para tener un certificado que les permita trabajar como policías. Pero, aún reprobando, las entidades los mantienen activos.
De acuerdo con los datos, entre los policías activos que no superaron el control de confianza, hay mil 312 que tienen un puesto de mando medio o alto dentro de las corporaciones.
Del total de agentes reprobados en activo, 14 mil 724 pertenecen a alguna corporación de seguridad pública municipal, ocho mil 812 son policías estatales preventivos, cuatro mil 324 son agentes de investigación adscritos a las distintas procuradurías y fiscalías, y tres mil 152 son custodios asignados a los penales estatales y municipales.
El número actual de policías en activo que no son confiables puede ser aún mayor, por dos situaciones: hay elementos que aún no han sido evaluados, y hay otros que por ley deben ser reevaluados.
La información de Causa en Común indica que hay más de 4 mil 300 policías estatales y municipales en activo que no han sido sometidos todavía al proceso de evaluación. Este número de agentes no evaluados se ha incrementado casi 80%, en comparación con un año antes.
Por otro lado, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública marca que el certificado que obtiene cada policía tras superar una prueba de control de confianza tiene una vigencia de dos años, y concluido ese periodo los policías tienen que ser reevaluados.
Los datos del Secretariado Ejecutivo muestran que, hasta el cierre de abril pasado, había 42 mil 333 policías cuyo certificado ya está vencido, y por lo tanto tienen que ser reevaluados para determinar si siguen siendo confiables o no. Se trata de 13% de todo el estado de fuerza de policías locales en el país.
A nivel nacional, 10% de los policías en activo no son confiables, pero hay estados donde este nivel es mucho peor.
En Sinaloa, más de la mitad de los policías reprobó el control de confianza. Los datos revelan que cuatro mil 140 de los siete mil 903 agentes de la entidad no pasaron las pruebas.
El desglose por corporación en Sinaloa arroja que el 55% de la policía estatal no es confiable, el 46% de los municipales tampoco; el 43% de los agentes de la Procuraduría están reprobados, y el 43% del personal adscrito a los centros penitenciarios no pasó las pruebas.
La situación en Sinaloa, como en el país, va en retroceso.
Hace un año los policías reprobados eran el 43%, mientras que hoy son el 52%.
El segundo estado con el mayor retraso en depuración es Baja California Sur, donde 4 de cada 10 policías locales en activo está reprobado. En el estado hay tres mil 182 policías estatales y municipales, y de ellos mil 239, que equivalen al 38%, están reprobados.
Hace un año el porcentaje de policías reprobados en Baja California Sur era del 36%, por lo que en este estado la situación también va en retroceso.
Los dos estados mencionados se encuentran entre los más violentos del país. Baja California Sur es la tercera entidad con la mayor tasa de homicidios dolosos en lo que va de 2017, con 17.7 casos por cien mil habitantes, y Sinaloa es la cuarta, con 15.3
Después de estos sigue Nayarit, donde en promedio 1 de cada 3 policías locales no debería estar armado en las calles, pues no pasó las pruebas de control de confianza.
En dicha entidad están reprobados el 42%de los agentes municipales, el 23% de los policías estatales, el 9% de los policías ministeriales, y el 29% de los custodios asignados a los reclusorios.
En Sonora, de los seis mil 793 policías locales evaluados en activo, hay mil 650 que no aprobaron y siguen en funciones, lo que equivale a prácticamente la cuarta parte de toda la fuerza de seguridad en la entidad,
Después se encuentra Guerrero, que es el estado con la segunda mayor tasa de homicidios de todo el país. En esta entidad de los nueve mil 153 policías evaluados, el 23% no superaron las pruebas y siguen trabajando.
Luego vienen casos como los de Michoacán, con 23% de los policías locales reprobados, Veracruz con 18%, Hidalgo con 17%, Tabasco con 17% y Zacatecas con 17%.
Los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que Campeche es la única de las 32 entidades federativas del país en donde se reporta que no hay policías locales no aprobados en activo. Luego le sigue Coahuila, donde solamente se reporta que el 1% de los policías en activo está reprobado.
La lista de los cinco estados con menor proporción de policías reprobados en sus calles la completan Querétaro, el Estado de México y Guanajuato, todos con un registro de 2% de sus agentes.
De acuerdo con la organización Causa en Común, la depuración de los cuerpos de policía es un requisito indispensable para que las fuerzas de seguridad pública puedan reconstruirse en el país y asumir totalmente las labores que les corresponden, y que actualmente han recaído en fuerzas federales y el Ejército.
En una entrevista concedido a este medio en marzo pasado, la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, dijo que el Estado debe asumir como prioritaria la ruta para el desarrollo de las fuerzas policiales, que es una solución de fondo al problema.
Cabe señalar que tanto el expresidente Felipe Calderón como el actual presidente, Enrique Peña Nieto, han promovido reformas para unificar el mando de la policía en los estados, e incluso eliminar las corporaciones municipales y dejar funcionando solo 32 fuerzas estatales. Ninguna ha prosperado.
En enero de 2016 legisladores encabezados por la bancada del PRI en el Congreso acordaron con el gobierno federal modificar la propuesta y plantear un “mando mixto”, que mantenga a las corporaciones municipales pero las someta a un sistema de profesionalización, capacitación y supervisión. Esto entre otros planteamientos.
Pero a año y medio de distancia, dicha reforma no se ha materializado.
El pasado 1 de junio era la fecha que habían acordado diversas comisiones en San Lázaro para elaborar un dictamen, que permitiera citar a un periodo extraordinario y aprobar finalmente la reforma. Sin embargo, los legisladores priistas no llegaron y por falta de quórum se tuvo que cancelar. Los partidos de oposición acusaron al PRI de boicotear la iniciativa.