[contextly_sidebar id=”A8AvG0Zgp5AtWu3I1OQcqdk7i6MKRXZZ”]Un juez liberó una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Quintana Roo Roberto Borge y otras cuatro personas por la compra de terrenos que eran propiedad del estado a precios de ganga, a través de prestanombres, publica el diario Reforma.
Además, la orden de aprehensión también es por la adquisición de una empresa de embarcaciones turísticas en la Riviera Maya y ambos delitos serían producto de lavado de dinero, agrega el diario.
Las órdenes de aprehensión fueron emitidas el jueves 1 de mayo pasado e incluyen a Claudia Romanillos Villanueva, exdirectora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE), y Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, excoordinadora jurídica del instituto.
La exsecretaria del padre de Roberto Borge, María de Lourdes Pinelo Nieto, y el abogado de su familia, César Celso González Hermosillo y Melgarejo, también enfrentan órdenes de aprehensión.
Lee: Ellos son los amigos y familiares de Borge que pagaron una ganga por predios en Cozumel y Cancún.
De acuerdo con los antecedentes del caso, a Roberto Borge se le vincula con la venta de 24 inmuebles que eran propiedad del gobierno de Quintana Roo a un precio equivalente a 6% del valor comercial.
Integrantes del círculo cercano de Roberto Borge y familiares del exgobernador de Quintana Roo fueron quienes se beneficiaron con la venta de esos inmuebles. ubicados en Cancún y Cozumel, que fueron rematados por el IPAE.
El pasado 1 de junio, Animal Político publicó que las autoridades mantienen asegurada, desde febrero, la documentación oficial de la empresa naviera Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe, S.A. de C.V., cuyos socios originales son acusados de ser presuntos prestanombres de Roberto Borge.
A inicios de mayo pasado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, descartó que hubiera una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Quintana Roo, quien es señalado por desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y por haber dejado al Estado en una situación de quiebra financiera.
Además, el 21 de marzo, Animal Político publicó que Roberto Borge poseía inmuebles en siete de los once municipios de Quintana Roo.
La mayoría de los inmuebles se concentran en las zonas costeras de Cozumel, Cancún, Tulum y Playa del Carmen, que gozan de mayor actividad económica y fueron rematados a favor de familiares, empleados y colaboradores de Roberto Borge, entre ellos su madre, María Rosa Yolanda Angulo Castilla, quien está relacionada con cuatro contratos de compra y venta de inmuebles.
Apoyados en juicios laborales falsos, funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Roberto Borge despojaron a empresas y particulares de bienes inmuebles, pero también de dinero a través del congelamiento de cuentas bancarias.
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Expansión prueba la manera en que el gobierno de Borge despojó terrenos y hoteles en Tulum, embargó condominios en Cancún y se apoderó de departamentos de lujo para después venderlos a la mitad de su valor a funcionarios públicos.
Los actos fueron legalizados por funcionarios cercanos a Roberto Borge, como Carlos Lima, exdirector del Registro Público y del Comercio (RPyC), a quien el Congreso local acaba de nombrar magistrado a propuesta directa del gobernador.
Otros funcionarios implicados son: el exsecretario del Trabajo, Patricio de la Peña; el subsecretario del Trabajo en la zona norte, Enrique de la Cruz Pineda; y el presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, Alexis Zavala Ávila.
“En Quintana Roo, el que la hace la paga”, aseguró el gobernador Carlos Joaquín, quien sucedió a Roberto Borge al frente de la administración estatal.
“Hace meses trabajamos con la autoridad judicial federal denunciando y aportando pruebas. Nos da mucho gusto saber que la denuncia e investigación que realizamos y la consecuente denuncia van por el camino correcto”, señaló el gobernador de Quintana Roo a través de una serie de mensajes publicados en su cuenta de Twitter.
En #QRoo y en este gobierno el que la hace la paga. Hace meses trabajamos con la autoridad judicial federal denunciando y aportando pruebas.
— Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) 3 de junio de 2017
Nos da mucho gusto saber que la denuncia e investigación que realizamos y la consecuente denuncia van por el camino correcto.
— Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) 3 de junio de 2017
Las acciones emprendidas contra quienes causaron tanto daño es muestra clara de nuestro compromiso con el cambio y castigo a la impunidad.
— Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) 3 de junio de 2017
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