INAI ordena a Pemex abrir todos los contratos con Odebrecht firmados entre 2006 y 2016
El pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública ordenó a Petróleos Mexicanos entregar copias de los contratos y modificaciones, que realizó con la constructora Odebrecht de 2006 a 2016.
El proyecto del comisionado Joel Salas Suárez, aprobado con cuatro votos a favor y tres en contra contempla que la información de los contratos, entre PEMEX y la constructora Odebrecht, está “relacionada con presuntos actos de corrupción”. Y advierte su vinculación con “uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina y el mundo: Java Lato”, por el que funcionarios y empresarios cumplen condenas en Brasil.
[contextly_sidebar id=”60Nd8WywMAGd7xN9zGfGYqKsB4jXq1ht”]Esta es la segunda vez que el INAI revierte la respuesta de Pemex, que argumentó que dichos contratos no podían ser públicos porque: su apertura obstruiría procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos investigados; afectaría los derechos del debido proceso; a las investigaciones de hechos; y vulneraría tratados internacionales. El instituto consideró estos alegatos como fundados.
Desde la semana pasada, el INAI pidió a Pemex entregar un contrato firmado con Odebrecht en febrero de 2014, así como sus anexos y convenios modificatorios. Tras su análisis, el comisionado Joel Salas detalló que el contrato original involucró mil 436 millones de pesos. En su primera modificación se agregaron 358 millones de pesos, un 26 por ciento del valor inicial. Y en la segunda se incrementaron 521 millones, es decir, un 38.64 por ciento del original. El contrato terminó con un monto de 2 mil 315 millones de pesos.
El comisionado también advirtió que desde el pasado 5 de abril, la Cámara de Diputados solicitó la cancelación de todas las contrataciones con Odebrecht. Y que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, notificó que las empresas filiales de Odebrecht en México, dejaron de pertenecer a sus afiliados.
“Está claro que los mexicanos tienen derecho a conocer tanto el avance de las investigaciones, como en su caso las sanciones impuestas a los responsables”, señaló el proyecto aprobado.
