Solicitud de extradición de Duarte no considera los desvíos millonarios denunciados por la ASF
El gobierno de México pedirá formalmente a Guatemala la extradición del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por cuatro órdenes de aprehensión vigentes que se han girado en su contra y que agrupan un total de ocho delitos.
[contextly_sidebar id=”JfiZzLJeux7VZFD5N4ErAq06sDQy1mAv”]De los delitos que se le imputan, solo el de delincuencia organizada amerita prisión automática; para el resto de los procesos, la PGR y la Fiscalía de Veracruz tendrán que solicitar a los jueces la prisión preventiva, y argumentar por qué existe riesgo de fuga.
La PGR informó que será este miércoles 7 de junio cuando se envíe la solicitud formal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
Originalmente, la PGR había previsto enviar “casi de inmediato” la solicitud de extradición, luego de que Duarte fuera detenido el 15 de abril, sin embargo el subprocurador de Asuntos Jurídicos de PGR, Alberto Elías Beltrán, dijo que tuvieron que esperar debido a que la Fiscalía de Veracruz pidió adherirse al procedimiento, pues cuenta con dos órdenes de aprehensión contra el exmandatario.
Autoridades ministeriales confirmaron a Animal Político que las órdenes de aprehensión de Veracruz son procedentes, por lo que México pedirá la extradición de Duarte, por los casos federales como los locales.
Entre los delitos por los que México solicita la extradición no se encuentran los desvíos de miles de millones de pesos denunciados por la Auditoría Superior de la Federación. Ni una de las 53 averiguaciones previas iniciadas por esas presuntas irregularidades ha sido consignada por la PGR.
Los ocho delitos que le imputan a Javier Duarte
Delincuencia organizada: Javier Duarte es acusado de encabezar una estructura delictiva que le permitió apropiarse de recursos públicos, a través de una red de empresas fantasma, que recibieron contratos, a través de prestanombres. El delito amerita prisión preventiva de oficio y su pena va de los 20 a 40 años de prisión, según el artículo 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Operaciones con recursos de procedencia ilícita: A Duarte y sus cómplices se les acusa de utilizar recursos públicos, para adquirir propiedades en México y Estados Unidos. La pena para quien resulte culpable va de los 5 a los 15 años de prisión, sin derecho a fianza.
Abuso de autoridad: por girar instrucciones para utilizar recursos públicos etiquetados con otros fines. Esto habría afectado a los ciudadanos a costa de obtener un beneficio propio. De acuerdo con el artículo 317 del Código Penal de Veracruz este delito amerita una sanción de 2 a 8 años de prisión. No es considerado delito grave ni que amerite prisión preventiva automática.
Incumplimiento de un deber legal: por permitir, al menos por omisión, que recursos públicos etiquetados fueran desviados para otros fines, como ocurrió por ejemplo con 2 mil 300 millones de pesos del Seguro Popular en 2014. No es un delito tipificado como grave. El artículo 319 del Código Penal de Veracruz establece una pena de uno a ocho años de prisión.
Peculado: por haber sido el beneficiario final de los desvíos que se registraron en su administración, lo que le permitió a él y a sus allegados apropiarse de un patrimonio ilícito. El delito contempla una pena de los cuatro a los quince años de prisión.
Tráfico de influencias: el exgobernador es señalado como el promotor de los mecanismos de desvío de recursos en su administración. Un ejemplo de ello, es el Decreto 289 firmado por Duarte y publicado en la Gaceta Oficial del estado el 19 de noviembre de 2011, en el que autorizó a la Secretaría de Finanzas para tomar recursos de partidas etiquetadas y emplearlas en otros rubros “prioritarios”. El delito contempla una pena de uno a cuatro años de prisión.
Coalición: por el desvío de 2 mil 300 millones de pesos del Seguro Popular en 2014, la Fiscalía de Veracruz advierte que Duarte consintió junto con el entonces exsecretario de Finanzas Mauricio Audirac y otros servidores públicos la salida de estos recursos. Esto está tipificado como un delito de coalición y alcanza una pena de seis meses a seis años de multa.
Obstaculizar funciones electorales: por haber puesto en riesgo procesos electorales estatales y obstaculizar la entrega de recursos públicos destinados para el funcionamiento del Órgano Público Local Electoral de la entidad. La pena en el peor de los casos no supera los tres años de prisión, los cuales pueden ser sustituidos por una fianza y reparación del daño.
¿Qué sigue después de la solicitud?
Para que la extradición de Javier Duarte se le conceda a México, aún pueden transcurrir varias semanas o meses. La presentación de la solicitud de extradición es, apenas, el segundo paso del procedimiento establecido entre México y Guatemala.
La solicitud de extradición será enviada a la Corte Suprema de Guatemala, que la remitirá al Tribunal que esté a cargo del procedimiento de extradición.
Si se considera que no cumple algún requisito, Guatemala puede dar un plazo de 30 días más para que México la corrija, y el país solicitante puede ampliar este plazo otros 30 días.
De no haber problema con la solicitud formal el Ministerio Público de Guatemala debe solicitar al juez fecha de audiencia, que deberá realizarse en un periodo no menor a 10 días ni mayor a 15 días, donde el juez determinará si es procede o no la extradición.
La defensa podrá presentar un recurso de apelación en contra de la resolución, que será resuelto por el Tribunal a la Corte Suprema.
Una vez que se ordene la extradición, Javier Duarte quedará formalmente a disposición de la cancillería guatemalteca, y en menos de 15 días deberá elaborarse el acuerdo para la entrega a México del exgobernador.
