Detectan corrupción de Odebrecht en refinería de Tula
La constructora brasileña Odebrecht incurrió en presuntos actos de corrupción para obtener ventajas en obras que le fueron adjudicadas en forma directa en la refinería de Tula, Hidalgo, por un monto superior a los 4 mil 254 millones de pesos.
[contextly_sidebar id=”6pfzSnORSj1F7BHZoBVmxgxY6qelrmSM”]Una auditoría realizada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) identificó probables irregularidades administrativas de Odebrecht en Tula, de acuerdo con lo que establece la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.
Ayer mismo la SFP, a través de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, inició cuatro procedimientos administrativos sancionatorios por las obras en Tula, dos contra empresas filiales de Odebrecht y otras dos contra sus representantes legales.
“Este miércoles se notificó a Odebrecht y a sus representantes, quienes en términos de ley tendrán derecho al desahogo de pruebas”, precisó la SFP en un comunicado.
La Ley Anticorrupción establece como infracciones el entregar sobornos, simular el cumplimiento de requisitos, presentar documentación falsa o usar influencias para obtener beneficios o ventajas en los contratos.
En caso de comprobarse que Odebrecht incurrió en alguno de estos actos de corrupción en Tula, se le podría aplicar una multa de hasta 160 millones de pesos (equivalente a dos millones de veces el salario mínimo, según la Ley), así como inhabilitación por 10 años para participar en contrataciones federales.
“La notificación (del resultado de la auditoría a Odebrecht) no prejuzga acerca de la probable responsabilidad administrativa, la cual será determinada una vez agotadas las fases legales del debido proceso”, aclaró la SFP.
Las auditorías de la SFP a los contratos que Pemex asignó a la constructora brasileña iniciaron el 22 de diciembre de 2016, un día después de que en una Corte de Estados Unidos ejecutivos de Odebrecht confesaron haber pagado sobornos por 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos a cambio de beneficios, entre 2010 y 2014.
Ese periodo corresponde al último tramo del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y los dos primeros años de Enrique Peña Nieto.
Hasta ahora la SFP sólo ha concluido la auditoría de Tula. Están pendientes los resultados de la revisión a los contratos de Odebrecht en las refinerías de Minatitlán y Salamanca, en el tramo norte-II del gasoducto Los Ramones y en el proyecto Etileno XXI, en el que Pemex acordó venderle al consorcio brasileño gas etano a precio preferencial –por debajo del costo comercial- por 20 años, con opción de prórroga.
Sobrecostos en Tula
De acuerdo con documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Odebrecht ejecutó en la refinería Miguel Hidalgo, ubicada en Tula, obras por 4 mil 254 millones de pesos entre 2014 y 2015.
El 15 de febrero de 2014, Pemex le asignó en forma directa un primer contrato en Tula por 1,436 millones de pesos para la obra de adecuación de plataformas y terrenos para la reconfiguración de la refinería. Nueve meses después, el 20 de noviembre de 2014, otorgó una primera ampliación a esa misma obra, por 358 millones 230 mil pesos. Estaba previsto que la obra concluyera en agosto de 2015, y en ese lapso Pemex autorizó un segundo pago adicional por otros 879 millones de pesos.
En total, el monto de este contrato se elevó a 2 mil 315 millones de pesos. Lo anterior representó un sobrecosto de 61% respecto al presupuesto original.
El 16 de noviembre de 2015, Odebrecht obtuvo otra asignación directa de Pemex en Tula. Esa vez el contrato fue por 1,939 millones de pesos para construir accesos y obras externas a la refinería.
Este nuevo contrato fue firmado por Gustavo Escobar, encargado de la dirección corporativa de Procura y Abastecimiento de Pemex, y por Marcelo Da Fonseca, gerente administrativo de Odebrecht, según pudo comprobar MCCI pese a que el documento que ha hecho público el Gobierno federal tiene censurados los nombres de los involucrados.
La firma se realizó ante Luis Weyll, quien durante siete años se desempeñó como director de Odebrecht en México. También atestiguaron la asignación tres altos funcionarios de Pemex: el director de producción, Miguel Tame; el director de proyectos, Leonardo Cornejo, y Alejandro Martínez Sibaja, director general de Transformación Industrial.
Pagan sobornos y amplían contratos
Justo en el lapso en que se dieron esas ampliaciones en Tula, Odebrecht pagó sobornos en México, según han confesado ejecutivos de la constructora.
En el caso judicial que se sigue en Estados Unidos, los ejecutivos revelaron que entre diciembre de 2013 y finales de 2014, la División de Operaciones Estructuradas (mejor conocido como el departamentos de sobornos de Odebrecht) pagó seis millones de dólares a funcionarios mexicanos, cuya identidad no ha sido revelada.
Además, el director de la misma oficina de sobornos, Hilberto Mascarenhas, confesó en Brasil que en noviembre de 2014 recibió una solicitud para hacer pagos ilícitos con valor de 5 millones de dólares a Emilio Lozoya, entonces director de Pemex, de acuerdo con un documento judicial difundido a mediados de abril por MCCI, el cual está firmado por el ministro brasileño Edson Fachin.
La fecha en la que supuestamente se pidió el soborno para Lozoya (noviembre de 2014) coincide con el otorgamiento de la primera ampliación del contrato de Tula para Odebrecht.
En el documento judicial obtenido por MCCI aparece el nombre de Luis Weyll como testigo de la petición del soborno para el Director de Pemex. Este mismo personaje fue quien en noviembre de 2015 atestiguó la ampliación de los contratos otorgados en Tula para Odebrecht.
¿Qué dice la Ley?
Una auditoría de la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó infracciones a la Ley Anticorrupción por parte de Odebrecht y sus representantes legales. Dicha legislación establece que se incurre en responsabilidad en los siguientes casos:
1.- Cuando se prometa, ofrezca o entregue dinero o cualquier dádiva a un servidor público o a un tercero a cambio de un beneficio o ventaja en contratos.
2.- Se ofrezca dinero o dádivas a quien intervenga en el diseño o elaboración de una convocatoria de licitación pública federal.
3.- Se simule el cumplimiento de los requisitos o reglas para participar en contrataciones públicas.
4.- Se obligue a un servidor público a dar, suscribir, otorgar, destruir o entregar un documento para obtener ventaja o beneficio.
5.- Se promueva o use su influencia, poder económico o político sobre cualquier servidor público para obtener beneficio o ventaja.
6.- Se presente documentación o información falsa o alterada para obtener un contrato.
