Comisionados del INAI salvan a Moreira: Evitan que se hagan públicas indagatorias en su contra
El retraso del Senado en la selección y nombramiento del fiscal anticorrupción salvó a Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, de que se hicieran públicas una serie de averiguaciones previas en su contra.
[contextly_sidebar id=”QjNUsQzN6yKLEaATNXB9A2sV5gTwlVhe”]El pleno del INAI (durante la sesión del pasado 14 de junio) rechazó por cinco votos contra dos, la propuesta del comisionado Joel Salas para que la Procuraduría General de la República entregue información sobre las investigaciones relacionadas con corrupción que involucran al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, bajo el argumento de que la falta del nombramiento del fiscal anticorrupción impide que la PGR pueda conocer de actos de corrupción.
La Ley General de Transparencia, publicada en 2015, establece que la información relacionada “con actos de corrupción” no podrá ser reservada por la autoridad, y ese fue el argumento con el que el comisionado Salas propuso abrir la información que involucre a Humberto Moreira, pues “su administración cerró con dos señalamientos preocupantes”:
“Primero: La deuda pública de este estado aumentó exorbitantemente, de 323 millones en 2005 a 36 mil 509 millones de pesos en 2011, esto de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Segundo: La revisión de Cuentas Públicas arrojó anomalías en la gestión de los Recursos Públicos”.
Incluso, dijo, en el gobierno de Estados Unidos en su reporte anual sobre derechos humanos del 2012, “incluyó el caso del endeudamiento de Coahuila durante su sexenio, como uno de los ejemplos más claros del fenómeno de corrupción oficial en nuestro país”.
La propuesta de Salas fue rechazada por cinco comisionados del INAI, quienes durante la sesión cuestionaron la iniciativa.
Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del INAI, dijo que “nosotros (INAI) no somos tribunal persecutorio de ningún político del que se puedan hacer presunciones o aseveraciones relacionadas con corrupción”.
El comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford dijo que aún cuando hay señalamientos de corrupción contra Moreira, “no existe el marco normativo ni institucional que permite aplicar este supuesto de excepción”.
Areli Cano, comisionada del INAI, dijo que “tratándose de actos de corrupción debemos esperar hasta que se incorporen en las leyes secundarias para que entonces este Instituto, de conformidad con la legislación reglamentaria, pueda determinar el alcance que se dará para aplicar la excepción prevista en el artículo 112 de la ley de la materia, lo cual sucederá hasta que entre en vigor el decreto referido, que será a partir del nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción”.
Lo único que la mayoría del pleno del INAI aprobó fue ordenar a la PGR que dé a conocer la información de una averiguación previa que inició la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fepade) contra Humberto Moreira, y aquellas que ya tengan una condena firme.
Contra Humberto Moreira existen varias denuncias penales en su contra ante la PGR por la presunta comisión de delitos electorales, desvío de recursos, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho, fraude y peculado.
Una fiscalía inexistente que salvó a Moreira
Aunque desde abril pasado entró en funciones el Sistema Nacional Anticorrupción, y desde 2014 se emitió el decreto de creación de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, el organismo aún no existe, pues depende del nombramiento de su titular. Y ese fue el argumento de la PGR para negarse a entregar la información.
En una reunión que sostuvieron funcionarios de la PGR con el comisionado Joel Salas, argumentó en su propuesta presentada al pleno, aseguraron que mientras no se nombre al fiscal anticorrupción “la única autoridad facultada para investigar este tipo de conductas es el propio sujeto obligado”, es decir las contralorías internas.
Pero la PGR sí tiene facultades para investigar y sancionar, explicó Issa Luna Pla, coordinadora del área de Derecho de la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
La PGR cuenta con una Unidad Especializada para Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, y de acuerdo con la propia dependencia está adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales y cuenta con tres fiscalías
- Fiscalía contra el Combate a la Corrupción
- Fiscalía Servidores Públicos
- Fiscalía Contra la Administración de Justicia.
“Estuve en el comité de acompañamiento del Senado para la designación del fiscal anticorrupción y diversos senadores, entre ellos la panista Marcela Torres Peinbert, mencionaron incluso que la unidad especializada tiene acumulados más de 700 expedientes que le ha enviado la Auditoria Superior de la Federación”.
Y alertó Luna Pla: “Con los alegatos que presentó la PGR el mensaje que hay detrás es bastante más profundo, esto quiere decir que la PGR está diciendo: por lo pronto no vamos a investigar estos hechos; y pues ya están corriendo los plazos legales, y hay delitos que prescriben”.
Para la especialista de la UNAM, el pleno del INAI hizo una interpretación errónea al anclar la excepción de ley en casos de corrupción al nombramiento del fiscal.
“El INAI ahora mismo tiene vigente sus facultades y su obligación de no considerar como información reservada aquella que puede estar vinculada con delitos de corrupción. Yo veo un INAI muy cuidadoso con lo que la PGR determina”.
Para Luna Pla, quién formó parte del Comité de Acompañamiento Ciudadano en donde se valoró a los aspirantes a ocupar el cargo a Fiscal, el Senado mantiene un retraso de casi dos años, pues desde 2014 se debió nombrar al titular de la Fiscalía.
“Me da la impresión de que no quieren cumplir con el código penal y por eso no quieren nombrar al fiscal. Nosotros entregamos nuestro informe de calificaciones y las propuestas ideóneas, después se dijo que se pasaría a un periodo extraordinario la decisión y no se ha concretado ese periodo, y lo último que sabemos es que no hay consenso para el nombramiento y no hay consenso para la apertura del periodo extraordinario. Lo que pedimos es que no se postergue más la decisión”.
