La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a 30 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que participaron en un enfrentamiento contra presuntos ladrones de combustible el pasado 3 de mayo en Palmarito, Puebla, hechos en los que murieron diez personas, entre ellos cuatro soldados, 12 más resultaron heridas y nueve detenidas.
La indagatoria de la PGR contra los militares es por posibles irregularidades graves en que pudieron haber incurrido uno o varios de ellos, luego de que un video editado difundido en internet muestra a uno de los elementos presuntamente disparando en la cabeza a un civil que estaba rendido en el suelo.
[contextly_sidebar id=”fuoDZAYF2E5iJaI14seLZMwL3zMD9PBK”]Autoridades federales indicaron que ninguno de los elementos de la Sedena está por ahora detenido ni suspendido de sus funciones y que será en los próximos días cuando se solicite su comparecencia ante el Ministerio Público para que rindan una declaración ministerial. Posterior a ello se tomarán las determinaciones que correspondan.
Los soldados que están bajo investigación son los que participaron operativamente en el despliegue realizado la noche del 3 de mayo en Palmarito, como parte de una acción para combatir el robo de combustible, específicamente el aseguramiento de una toma clandestina.
Estos militares pertenecen tanto a un Batallón de Infantería como a uno de Policía Militar.
Durante el operativo en Palmarito, los soldados fueron atacados por civiles armados, lo que dio lugar al enfrentamiento.
Aunque inicialmente se dijo que todas las muertes se registraron durante el enfrentamiento, videos difundidos por medios locales en Puebla y en redes sociales muestran que hubo posibles ataques a quemarropa, como por ejemplo el de un civil que asesina por la espalda a un militar.
Cabe señalar que la investigación que lleva a cabo la PGR y el eventual proceso penal en el que derive es distinto del proceso que lleva a cabo la Sedena, a través de la procuraduría de Justicia militar, por posibles delitos contra la disciplina militar en que hayan incurrido los soldados involucrados. Dichos delitos pueden ir desde desobediencia hasta traición.
En días pasados el activista Alejandro Martí, presidente de la organización México SOS, anunció su intención de representar legalmente a través de sus abogados al soldado que aparece en el video de la posible ejecución extrajudicial. Según el activista, en este caso no hubo un uso ilegal de la fuerza debido a que los militares fueron atacados por personas fuertemente armadas.
Como parte de las investigaciones por el caso en Palmarito, la PGR realizó el pasado 11 de mayo un despliegue con agentes ministeriales y peritos en la zona donde ocurrió el enfrentamiento, y particularmente en el punto en el que ocurrió una posible emboscada a los soldados y la presunta ejecución extrajudicial.
Como resultado de esta y otras diligencias, la PGR tiene en su poder el video original de los incidentes ocurridos, De acuerdo con autoridades federales, la grabación también contiene material que no se ha revelado y que será un elemento central de la investigación del caso de Palmarito.
Las investigaciones de la Procuraduría también han confirmado que el circuito de cámaras instalado la zona del enfrentamiento servía como mecanismo de vigilancia instalado por el crimen organizado, presuntamente para vigilar el despliegue de las autoridades y las operaciones ilícitas que se cometían en la zona.
Varias de las cámaras instaladas en la zona fueron recogidas por elementos de la Defensa y ahora están en poder de la Procuraduría para su análisis.
La Fiscalía General de Justicia de Puebla consignó a nueve personas que fueron detenidas luego del enfrentamiento con los soldados en Palmarito. Todos fueron acusados de los delitos de homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa agravado y delitos cometidos contra servidores públicos.
Un juez de Control que recibió la carpeta de investigación y analizó las pruebas iniciales consideró que estas eran suficientes para vincular a proceso a las personas que fueron aseguradas en el enfrentamiento.
Sin embargo, luego de que se dieron a conocer los videos en los que se aprecia la comisión de al menos una posible ejecución extrajudicial y de que la PGR abrió una investigación por estos hechos, el juez en Puebla determinó declararse incompetente para seguir con el procedimiento por considerarlo un asunto del fuero federal
El expediente fue turnado ahora a un juez federal quien se encuentra analizando la causa penal iniciada para determinar su se queda con el caso o se regresa al juez de control.
Con los hechos ocurridos en Palmarito, suman 13 elementos de la Sedena que han perdido la vida en el contexto de los operativos contra el crimen organizado solo en este año.
Los datos de la Defensa revelados vía transparencia detallan que en el caso de Palmarito los cuatro militares perdieron la vida por heridas de arma de fuego.
Respecto a los otros casos ocurridos en el año hay tres elementos de un Batallón de Fuerzas Especiales que fueron agredidos con armas de fuego en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 11 de enero. El 5 de abril, también en Nuevo Laredo, otro soldado murió por heridas de bala y el 20 de abril otro militar cayó por la misma causa en Acapulco, Guerrero.
El resto de las bajas este año han sido por accidentes ocurridos durante los operativos.
En lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto suman 147 elementos de la Sedena que han perdido la vida dentro de la campaña permanente contra el crimen organizado, cifra significativamente menor en comparación con los 249 soldados muertos en el mismo periodo del gobierno anterior.
El próximo 19 de junio se cumple un año del enfrentamiento entre policías federales y estatales con maestros y civiles en Nochixtlan, Oaxaca, que dejó un saldo de ocho civiles muertos.
La PGR abrió seis averiguaciones previas por estos hechos con el objetivo de esclarecer quiénes fueron los responsables de los asesinatos. En las fotos e imágenes captadas del evento, se aprecia a policías federales y estatales armados pero no a los civiles.
De acuerdo con autoridades de la PGR, ya existe una línea de investigación que incluso ha derivado en órdenes de aprehensión vigentes; sin embargo, la dependencia no ha informado públicamente quiénes fueron los responsables de los homicidios.
Se prevé que, antes de 19 de junio, la PGR presente un avance de las investigaciones en torno a este caso. También se encuentra pendiente un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respecto a su propia investigación que inicio por este asunto.