La Secretaría de Educación de Nuevo León y la Unión Neolonesa de Padres de Familia entregaron este miércoles 892 mochilas transparentes a estudiantes de la secundaria técnica No. 84 “Emilio Guzmán Lozano”.
[contextly_sidebar id=”U6J8uKp6VxTlVamV6WCz47Mf4lwKNJhr”]La medida, indicó la Unión Neolonesa de Padres de Familia, es “parte de la estrategia de padres de familia para mejorar la seguridad en los planteles escolares”, ya que con ese tipo de mochilas se puede observar si los alumnos tratan de ingresar con armas o algún otro objeto prohibido en los planteles.
Estas 892 mochilas fueron donadas por el diputado federal Waldo Fernández.
De acuerdo con el diario Reforma, el Secretario de Educación estatal, Arturo Estrada, dijo que es una buena medida de seguridad, pero que el uso de la mochila transparente no es obligatorio.
“Estamos conscientes de que no es una solución, pero es una señal de cambio, de que nosotros como padres de familia debemos estar vigilando la salud de nuestros hijos, física, emocional y mental”, dijo sobre la medida Luz María Ortiz, de la Unión Neolonesa de Padres de Familia, en abril pasado al programa Monterrey al Día.
Ortiz detalló en ese momento que la entrega de mochilas se centraría en plantes de secundaria.
“Jóvenes, estas mochilas se les están regalando con la finalidad de que se sientan seguros y protegidos. Les pedimos que las porten”, mencionó este miércoles Ortiz, según Reforma.
En enero pasado, un estudiante del Colegio Americano del Noreste ingresó con un arma al plantel y disparó contra sus compañeros y su maestra, antes de suicidarse.
Tras estos hechos, volvió a ponerse a discusión el tema de la revisión de las mochilas de los estudiantes.
Hace diez años, cuando trató de implementarse ese esquema, diversas organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos, encabezadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, publicaron un desplegado alertando que esa clase de operativos atentan contra el derecho de la niñez a decidir sobre los asuntos que los afectan, a su intimidad, respeto y dignidad.
En 2009, cuando el programa operó en Nuevo León, la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) reiteró que el operativo criminalizaba a la niñez “sin atacar los orígenes del consumo de drogas y las conductas violentas o antisociales: la ruptura del tejido social y consolidada por un quehacer gubernamental ineficiente”.