La muerte de Alan está impune: liberan al asesino confeso de un joven de 21 años
Alan Martínez Rojas tenía 21 años, era el menor de tres hermanos y estudiaba la preparatoria. El 29 de septiembre de 2012 fue atropellado a unos metros de su casa en la delegación Gustavo A. Madero. Murió a los pocos minutos y el conductor huyó. Aunque existen pruebas y el responsable confesó, fue liberado a los dos meses de la detención.
[contextly_sidebar id=”6b1i2NmESWedWGPWP71iOjig9JcI4SsF”]Los testigos identificaron a Edwin N, vecino de la zona, como el conductor del auto marca Golf color negro que mató a Alan. Dos días después, el presunto responsable vendió el coche “porque no sabía qué hacer”, según consta en su declaración y a las semanas siguientes se cambió de domicilio.
La madre de Alan, Rocío Rojas, denunció el caso pese a los comentarios sobre la supuesta influencia del presunto responsable. Los vecinos le recomendaban no hacerlo porque “decía que eran secuestradores y que no me metiera con esa gente porque me podrían matar a mí o a mis hijos”.
La señora ignoró los comentarios y pese al miedo, denunció. “Sé que no hay reparación del daño, no hay dinero con el que pueda recuperar a mi hijo, pero lo que quiero es tranquilidad, que se le juzgue conforme a derecho”.
Decidió creer en el sistema de justicia, pero desde un principio comprobó que no sería fácil. El agente del Ministerio Público de Gustavo A. Madero 2 tipificó el delito como homicidio culposo agravado. Sin embargo, según la versión de los testigos, el atropellamiento no fue un accidente.
Eran las cinco de la mañana y Alan estaba con otro amigo rumbo a su casa después de una fiesta. Una camioneta roja con hombres dentro que pasó junto a ellos gritaron insultos. Estos no respondieron. Pero detrás venía el auto de Edwin N y lo impactó a toda velocidad.
“El cuerpo de mi hijo tenía las llantas marcadas en la espalda”, asegura la madre. Los testigos declararon que el joven quedó prensado en el parabrisas tras el impacto, y Edwin N “iba volantenado para deshacerse de él”; en cuanto lo hizo, siguió su camino a toda prisa.
Según la versión del acusado, Alan y su amigo estaban corriendo, intentando alcanzar a la camioneta roja que los había insultado. Los tripulantes bajaron del vehículo y comenzaron a discutir con Alan. Edwin N. manejaba su auto a un metro de la banqueta y “Alan fue quien se atravesó al momento que perdió el equilibrio por lo borracho que andaba. Yo no tuve la culpa”, según consta en su declaración del 1 de octubre de 2012.
Los tripulantes de la camioneta roja lanzaron una botella de vidrio contra el auto de Edwin N y los siguió, por eso, dice, no auxilió a Alan que había quedado tirado en el asfalto.
El viacrucis
Rocío Rojas tuvo que cambiar de domicilio debido a las amenazas que recibió, como un mensaje escrito en su vehículo “te vamos a enterrar”, o las cenizas tiradas en la puerta de su casa. Debido a ello, incluso, denunció y solicitó seguridad a la policía capitalina.
El 23 de octubre de 2012, Edwin N fue señalado como presunto responsable, pero se reservó su derecho a declarar, argumentando temor por alguna represalia por parte de la familia de la víctima.
Una semana después, el 30 de octubre de 2012 declara que sí vio a Alan, pero no pudo esquivarlo. Sobre el auto que manejaba, aseguró que lo había vendido en Monterrey dos días después del suceso, y no tenía los datos para localizar al comprador.
Sólo con esa declaración, y pese a que los testigos relataron el atropellamiento y la huida, el juez de la GAM, Francisco Tercero, dejó en libertad al imputado. Consideró que sin el automóvil como prueba material el caso podía archivarse.
Según la familia, el juez también desestimó otras pruebas como la autopsia del cuerpo en la que consta que un brazo estaba prácticamente desprendido, y la causa de la muerte fue contusión múltiple. También un peritaje terrestre en el que se comprueba que no hubo huella de frenado.
Después de insistir por todas las vías legales por parte de la familia, el caso llegó al juzgado 43 del reclusorio Norte en 2015. Tras analizar el expediente, la jueza Diana Carmona determinó que habían pruebas suficientes para que Edwin N enfrentara el proceso con posibilidad de cárcel de hasta 10 años, y emitió una orden de aprehensión.
Pasaron dos años más para que la policía lo detuviera. Ocurrió el 8 de febrero de 2017 en el Estado de México, y fue trasladado al reclusorio Norte, pero sólo estuvo ahí dos meses.
En esas ocho semanas hubo dos audiencias y en la segunda, del 17 de abril pasado, el magistrado Enrique Sánchez Sandoval, de la cuarta sala del Tribunal Superior de Justicia, concedió la libertad al imputado argumentando que había cooperado en todo momento durante el proceso e impuso una multa de 50 mil pesos.
La familia pensó que el fin de este proceso estaba por concretarse, pero no. Ahora tendrán que interponer otro amparo para revertir esa decisión, pero aseguran que continuarán el tiempo que sea necesario para que el responsable pague por el delito que cometió y, por fin, se haga justicia.
