Termina periodo legislativo y los 5 diputados vinculados a Duarte seguirán con fuero y salario
[contextly_sidebar id=”ewB5WAUezoMPGeSYld9bHY74mthU9MW1″]A tan solo unas horas de que este viernes la Cámara de legisladores cierre sesión hasta el próximo 1 de septiembre, los cinco diputados vinculados al exmandatario Javier Duarte y al desvío de miles de millones a través de empresas fantasma en Veracruz, continuarán protegidos por el fuero y cobrando un salario de casi 150 mil pesos netos al mes, más cuantiosos bonos y jugosas prestaciones de ley.
El caso del diputado Antonio Tarek Abdalá, extesorero de Veracruz durante el gobierno de Duarte -capturado el pasado 15 de abril en Guatemala por desvío de fondos y crimen organizado-, generó una mayor expectativa debido a que es el único de los cinco diputados sobre el que pesa una solicitud de desafuero por parte de la Fiscalía de Veracruz, para que enfrente la acusación por un presunto desvío de más de 23 mil millones de pesos –mil millones de dólares- del erario público.
O más bien, habría que decir en pasado que pesaba una solicitud de desafuero. Porque ayer jueves la Sección Instructora de la Cámara de Diputados –un grupo de cuatro legisladores, dos del PRI, uno del PAN y otro del PRD- decidió mandar a la ‘congeladora’ la solicitud de la Fiscalía.
¿Y cómo se llegó a esa decisión? Durante una reunión de aproximadamente una hora, los cuatro diputados discutieron si procedía o no presentar el dictamen de desafuero para que este viernes, último día de sesiones en la Cámara, el resto de legisladores pudiera votar en el pleno a favor o en contra de quitar la protección a Antonio Tarek.
Sin embargo, hubo un empate: los dos diputados de PAN y PRD votaron a favor de que la petición de desafuero se plasmara en un dictamen, pero el PRI la bloqueó con dos votos en contra. Es decir, lo mandó a la congeladora y Antonio Tarek continuará gozando de la protección del fuero como diputado federal, a pesar de que la Fiscalía lo acusó de un desvío multimillonario, y de que el propio exsecretario de Finanzas de Veracruz en el sexenio de Duarte, Mauricio Audirac, lo responsabilizó el pasado 10 de abril de orquestar un fraude por 220 millones de pesos desde la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV).
El limbo de la impunidad
Para defender esta decisión, Ricardo Ramírez, diputado del PRI y presidente de la Sección Instructora, argumentó ayer jueves en rueda de prensa que Antonio Tarek Abdalá cuenta con un amparo que le otorgó un juez a finales de diciembre, el cual impide “el ejercicio de la justicia”, y que impide incluso a la Fiscalía de Veracruz ejercer acción penal en contra del diputado.
Ramírez acusó al fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, de haber solicitado el desafuero de Antonio Tarek el pasado 26 de enero, aunque presuntamente sabía que Antonio Tarek tenía un amparo concedido desde un mes antes.
A pesar de estos argumentos legales, Juan Pablo Piña, del PAN, criticó la decisión de los dos legisladores del PRI –Sandra Méndez fue la otra legisladora del tricolor que votó en contra- y aseguró que el amparo concedido por un juez en contra de la acción penal de la Fiscalía de Veracruz no afecta en nada a las decisiones de la Sección Instructora, tal y como señala la Ley de Amparo, artículo 61, en la que se expone que un amparo es “improcedente” contra actos del Congreso.
“Ninguna resolución judicial nos puede impedir emitir un dictamen en uno u otro sentido. Me pregunto por qué no podemos respetar la ley y que se vote el dictamen de desafuero del diputado, en el sentido que sea”, dijo el panista.
Por su parte, el perredista Omar Ortega acusó a los legisladores del PRI de haber mandado el caso de Antonio Tarek “al limbo de la impunidad”.
Fiscalía va también contra Alberto Silva, diputado y exvocero de Duarte
Alberto Silva Ramos es otro diputado federal del PRI, vinculado al gobierno de Duarte, que también está acusado de actos de corrupción. Así lo publicó Animal Político ayer jueves, cuando dio a conocer que la Fiscalía abrió tres carpetas de investigación: dos contra la exvocera del gobierno de Veracruz, Gina Domínguez, y otra contra el también exvocero y hoy diputado federal, Alberto Silva.
El pasado 8 de diciembre de 2016, Animal Político documentó que solo en el año 2014, el gobierno de Javier Duarte pagó 503 millones de pesos a 19 empresas fantasma, por supuestos pagos de difusión de actividades del gobierno, es decir, durante la gestión de Silva Ramos al frente del área de Comunicación Social.
Un año antes de asumir como vocero del gobierno, es decir en 2013, Silva Ramos encabezaba la Secretaría de Desarrollo Social y en su gestión dicha dependencia asignó por lo menos 50 contratos al mismo grupo de empresas fantasma.
Animal Político buscó ayer en el pleno de la Cámara de Diputados a Alberto Silva para preguntarle por estos señalamientos de la Fiscalía. Sin embargo, el legislador del PRI rechazó hacer cualquier comentario.
Los otros diputados vinculados a Duarte y a la trama de empresas fantasma son: Adolfo Mota Hernández, exsecretario de Educación cuya dependencia concedió por lo menos siete contratos por casi 325 millones de pesos a compañías hoy inhabilitadas por el SAT; Noemí Guzmán, quien encabezó la Secretaría de Protección Civil en el periodo en que esta dependencia dio nueve contratos por casi 30 millones a empresas fantasma; y Édgar Spinoso Carrera, hoy legislador del Partido Verde y exoficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, dependencia que dio contratos a empresas fantasma.
Todos gozan hoy de la protección del fuero.
En 20 meses, diputados han cobrado 15 mdp por 4 iniciativas aprobadas
En cuanto al trabajo legislativo de los cinco diputados desde que, hace 20 meses, iniciaran labores en septiembre de 2015, éstos han devengado casi 15 millones de pesos en salario por la presentación de 27 iniciativas de ley -21 las realizó una sola diputada-, de las cuales solo cuatro fueron aprobadas.
Además, los legisladores vinculados a las empresas fantasma, también se ausentaron en las votaciones de leyes y reformas anticorrupción y combate al crimen organizado.
Desde que Tarek Abdalá ocupó su curul como diputado federal por el distrito 17 de Veracruz, su trabajo legislativo se resume en tres iniciativas de ley, de las cuales dos fueron retiradas y una se quedó ‘pendiente’. Es decir, que ninguna ley nueva en el país es de su autoría.
En contraste con las tres iniciativas de Antonio Tarek, otros diputados priistas como Claudia Edith Anaya, de la comisión de Hacienda y Crédito Público, presentó 42 iniciativas de ley.
Por otra parte, el diputado federal acusado por la Fiscalía estatal de actos de corrupción, como peculado, se ausentó el 16 de junio de 2016 de la votación del decreto para expedir y reformar la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Y un día después, el 17 de junio de 2016, también estuvo ausente en la votación del decreto para reformar el Código Penal Federal en Materia de Combate a la Corrupción.
Alberto Silva ha presentado tan solo una iniciativa de ley propia para reformar diversas disposiciones a la Ley de Migración. O en otras palabras: en 20 meses, una iniciativa. Misma que, además, no fue aprobada.
Adolfo Mota ha presentado solo dos iniciativas de ley, de las cuales solo una fue aceptada. El 14 de junio de 2016, se ausentó en la votación del decreto para reformar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Édgar Spinoso no ha presentado ni una sola iniciativa de ley propia, aunque apoyó varias iniciativas de ley de otros diputados de su bancada.
Y Noemí Guzmán es la legisladora más activa: 21 iniciativas de ley, aunque solo tres fueron aprobadas.
