Siete claves del caso fabricado por PGR al abogado que denunció corrupción en OHL
Una investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó que la Procuraduría General de la República (PGR) fabricó pruebas para detener ilegalmente y mantener bajo una investigación por año y medio a un abogado que antes de esos hechos, había denunciado presuntos actos de corrupción en concesiones carreteras entregadas a la empresa OHL.
[contextly_sidebar id=”qxdkGxsuGqfUWB8BX3mZi1S6djLRslRt”]Los hallazgos de esta investigación que forman parte de la Recomendación 13/2017 dirigida por el organismo a la PGR, confirman que al menos 15 funcionarios de la Procuraduría violaron los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad, libertad personal, debido proceso y presunción de inocencia del abogado Paulo Díez.
A continuación Animal Político detalla cuales fueron las claves de esta investigación que llevaron a la CNDH a confirmar que Paulo Díez “fue detenido de forma arbitraria” y que todo se trató de un engaño cuya finalidad debe indagar ahora la propia Procuraduría.
1. El arma sembrada
El 7 de septiembre de 2015 policías federales ministeriales de la PGR interceptaron a Paulo Díez cuando salía de su oficina en la Ciudad de México. El objetivo era que declarara por una orden de presentación que se había girado en su contra, luego de que la constructora OHL acusó a la empresa Infraiber (representada por Paulo Díez) de espiar sus comunicaciones privadas.
Hasta ese momento Infraiber había señalado a OHL de presuntos actos de corrupción relacionados con sus concesiones carreteras, entre ellas la del Circuito Exterior Mexiquense. Audios difundidos en internet evidenciaban supuestos arreglos entre directivos de la empresa y funcionarios del estado de México.
Pero lo que la CNDH pudo documentar a partir de un video de la detención y de varios peritajes, es que los agentes de la PGR sembraron un arma de fuego en el automóvil de Paulo Díez, lo que permitió acusarlo de una supuesta portación ilegal de arma de fuego.
Se estableció que varios de los agentes “de forma deliberada” formaron una barrera frente al abogado luego de que lo hicieron bajar de su auto para que no se percatara de los hechos. Mientras tanto otro de los policías se introdujo y colocó un paquete en el asiento del copiloto en la que venía la pistola calibre 38 que se quiso atribuir a Paulo Díez.
Cuando los fiscales cuestionaron al agente de la PGR señalado de sembrar el arma sobre el por qué se había agachado junto al vehículo y se había quedado unos segundos ahí, el dijo que era porque se le cayó algo al piso pero no se pudo levantar rápido ya que “le dolió la pierna.
La CNDH dijo que la siembra del arma permitió “similar una supuesta flagrancia” de un delito y retener a Paulo Díez más allá de la declaración que tenía que rendir por la denuncia de OHL. En total, establece la Comisión, la “detención arbitraria” del abogado se extendió casi 50 horas.
2. La sospechosa revisión del vehículo
Cuando los policías detuvieron a Paulo Díez le dijeron que “por razones de seguridad” tenían que revisar el vehículo. La CNDH estableció que esto era ilegal pero además, que la revisión fie irregular porque los agentes realmente no inspeccionaron todo el auto, sino sólo la cajuela y el sitio donde precisamente se había sembrado la pistola.
“Este Organismo Nacional advierte que la revisión (del auto) fue con el propósito de descubrir un arma en el interior del vehículo de la víctima que previamente fue colocada por AR9 (uno de los policías ministeriales), sin que existiera fundamento legal para ello” indica la recomendación.
3. Megaoperativo injustificado
Se supone que la intención original de los agentes de PGR era que Paulo Díez acudiera en calidad de testigo a declarar ante el Ministerio Público por la denuncia de espionaje. Sin embargo, y aun cuando no había orden de aprehensión alguna, la PGR desplegó un operativo en el que participaron diez elementos.
El promedio de agentes para cumplir diligencias de este tipo es como máximo de cinco agentes, según las declaraciones de los propios policías involucrados a las que tuvo acceso la CNDH.
“Si únicamente se trataba de presentarlo voluntariamente ante el Ministerio Público, a efecto de que rindiera su declaración como testigo, su cumplimiento no ameritaba el despliegue en exceso de policías” dijo la CNDH.
4. Indagatoria de año y medio sin fundamento
A finales de 2015 la propia PGR terminó consignando a todos los agentes que participaron en el operativo por haber fabricado pruebas en la detención de Paulo diez, luego de que sembraron el armado, Sin embargo la dependencia mantuvo por un año y medio abierta la investigación en contra de Diez por la “posesión ilegal del arma”.
De acuerdo con la recomendación de la CNDH esto dejó en la “incertidumbre jurídica” al abogado pues si bien estaba en libertad tras pagar una fianza, se demoraba de forma “injustificada” la conclusión del caso y se le pedía noticiar cualquier movimiento que hiciera. El caso se pudo cerrar finalmente gracias a un amparo concedido por un juez que orilló a ello.
5. El papel blanco perdido
La pistola que supuestamente se encontró en el auto de Paulo Díez estaba envuelta en un papel blanco según lo informado por los agentes y lo asentado en el registro ministerial inicial. Sin embargo, cuando la pistola fue revisada nuevamente días después el papel ya no estaba en el envoltorio del arma. La CNDH estableció que esto no solo representa una violación en la cadena de custodia sino la pérdida de una prueba que pudo ser útil sobre todo para la búsqueda de las huellas digitales.
6. El agente infiltrado
En el operativo de detención participaron diez policías pero las indagatorias posteriores revelaron que una de ellas no era un agente de la PGR sino de la Procuraduría mexiquense supuestamente comisionado con la Policía Federal Ministerial. El comandante del operativo negó en sus declaraciones iniciales la participación de este elemento, pero luego lo tuvo que reconocer al revisarse los videos de los hechos.
La CNDH externó su preocupación no solo ´por la participación ilegal de este agente en la detención de Díez, sino en general por su intervención en operativos de la PGR incluso con una credencial de la Policía Federal Ministerial sin que lo sea. Además hay oficios y dichos contradictorios sobre que hace realmente en la Procuraduría.
“Resulta inexplicable que (el agente mexiquense) se encuentre realizando funciones de policía ministerial desde el 1 de octubre de 2014 ya que sus oficios carecen de fundamentación y motivación necesaria para su validez” indica la recomendación.
7. El Blackberry negro
Sin justificación el teléfono celular Blackberry de Paulo Díez fue asegurado por la Procuraduría peor no fue todo. Pruebas periciales evidenciaron que el teléfono fue manipulado sin que hubiera ninguna autorización judicial para ello. Incluso el Ministerio Público solicitó que fuera intervenido por peritos en telecomunicaciones para conocer su contenido, lo que fue rechazado por dicha área ya que no existía una orden judicial para ello.
El argumento dela PGR para retener el celular era que podía “obtenerse información” relacionada con delitos que s einvestigaban pero la CNDH advierte que una portación ilegal de arma no tiene nada que ver con el teléfono.
