Organizaciones ambientalistas alertan ‘albazo’ en el Senado por ley forestal
[contextly_sidebar id=”3Zdadh0zbqmoBQKr2Y6xiKpSvvdzc7CU”]Organizaciones ambientalistas alertaron este miércoles que la senadora de la Comisión de Medio Ambiente, Ninfa Salinas, “intenta dar un albazo para aprobar en el Senado la minuta de la ley general de Desarrollo Forestal Sustentable, esto, mientras se celebraba un foro de discusión sobre las implicaciones de la minuta de la ley forestal en el mismo Senado”.
El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental informaron que con ello el Partido Verde está ignorando las peticiones de más de 30 mil personas y cientos de organizaciones de productores forestales, representantes de pueblos indígenas, técnicos y académicos, que han exigido un proceso de consulta y revisión profunda de los contenidos de la minuta de la ley forestal.
Las organizaciones detallaron que el proyecto de la ley forestal que se encuentra en el Senado para su análisis “presenta graves retrocesos en materia de derechos, no atiende los problemas de ilegalidad en el sector ni la sobrerregulación que tiene estancada la producción y, pone en riesgo la conservación de los bosques. Además, carece de contrapesos y candados para prevenir la corrupción y fortalecer la transparencia”.
Las comisiones de Medio Ambiente, de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos Primera son las encargadas de dictaminar la minuta de la ley forestal, y se requiere de la aprobación de las tres comisiones para que el documento sea subido al pleno del Senado para su votación. Sin embargo, con las operaciones de la Comisión de medio ambiente se pretende excluir a una de las comisiones y acelerar el proceso, cuando quedan 10 días de sesiones del congreso, de acuerdo con las organizaciones.
El pasado 7 de marzo fue aprobado en la Cámara de Diputados el proyecto de decreto que expide la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, reforma legal con la cual los órganos civiles que vigilaban la política forestal mexicana se convertirán, únicamente, en órganos de consulta, y perderán toda función de supervisión y capacidad de veto.
La reforma aprobada en la Cámara de Diputados –que requiere del visto bueno del Senado para cobrar vigencia– también elimina la función conferida en el pasado a los sectores civil y productivo de vigilar el uso de los recursos del Fondo Mexicano Forestal, cuyo manejo quedará ahora exclusivamente en manos del gobierno federal, a través de la Comisión Nacional Forestal.
Gustavo Sánchez, presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales –con 22 años de trabajo de base en comunidades de vocación forestal– explicó que, desde el año 2003, en México fue creado el Consejo Nacional Forestal, así como consejos estatales, en los que están representadas las comunidades ejidales, comunales, indígenas, campesinas y equiparables, que ostentan la titularidad de más de 80% de los bosques y selvas del país.
