Ricardo Ramírez, presidente de la sección instructora de la Cámara Diputados, indicó este viernes en Radio Fórmula que no hay ninguna solicitud para desaforar a cuatro legisladores vinculados con Javier Duarte, y que en el caso del diputado priista Antonio Tarek Abdalá, la solicitud de desafuero será votada el próximo 27 de abril.
[contextly_sidebar id=”x06Bt5NqtgBVDwHgKV6OEmjgpKLKCcch”]En entrevista, Ramírez detalló que el próximo 27 de abril los cuatro integrantes de la sección instructora votarán para definir si procede el desafuero de Tarek Abdalá, solicitado por la Fiscalía de Veracruz, ya que contra el extesorero que trabajó en la administración de Duarte –ahora detenido en Guatemala– pesa la acusación de que participó en el desvío de millones de pesos.
La sección instructora, órgano legislativo encargado de tramitar las solicitudes de desafuero, está integrada por Ramírez, del PRI, y por otra priista, Sandra Méndez. También por Juan Pablo Piña, del PAN, y Omar Ortega, del PRD.
Ramírez explicó a Radio Fórmula que el próximo 27 de abril podría darse en un inicio un empate en la votación. Entonces habría una segunda votación, si otra vez hay un empate, habría una tercera… y si hay empate en ese momento, entonces “ahí queda”, la solicitud de desafuero no pasaría al pleno y no habría votación.
Por otro lado, si los integrantes de la sección instructora votan en su mayoría a favor del desafuero, se notificaría de inmediato a la Mesa Directiva, para que convoque al pleno a votar si Tarek Abdalá pierde la protección del fuero, como solicitó la Fiscalía de Veracruz, para poder investigarlo y actuar en su contra con la acusación de que es presunto responsable por el delito de peculado.
La sección instructora ha analizado desde enero la solicitud para desaforar a Tarek Abdalá. El diputado Ramírez dijo que, si avanza en la sección instructora la petición de desafuero, sí habría tiempo para que se vote en el pleno antes de que concluya el periodo ordinario, el 30 de abril.
El ahora diputado federal Antonio Tarek fue tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, dependencia que autorizó las partidas presupuestales para pagar los contratos a la red de empresas fantasma de Javier Duarte por un monto que, según la auditoría local, asciende a casi 100 millones de pesos.
Tarek es diputado federal por el distrito 17 de Cosamaloapan, Veracruz desde agosto de 2015 y ha trabajado en las comisiones de Economía, Juventud y Presupuesto y Cuenta Pública.
La firma de este diputado aparece en un desplegado fechado el 22 de septiembre pasado en el que varios legisladores federales de Veracruz pidieron al presidente Enrique Ochoa del PRI que no se sancionará a Duarte, detenido en Guatemala.
La solicitud de desafuero de la Fiscalía de Veracruz es para investigarlo y que responda sobre su presunta relación con el desvío de recursos del Seguro Popular y la presunta compra de medicamentos clonados.
El legislador Ricardo Ramírez informó que no hay ninguna petición o solicitud de alguna instancia para desaforar a otros cuatro legisladores vinculados con la red de Javier Duarte y actividades ilegales, tres del PRI y uno del Partido Verde:
Ellos son:
Adolfo Mota Hernández (PRI):
Era secretario de Educación del estado de Veracruz en el periodo en que esa dependencia concedió por lo menos siete contratos por casi 325 millones de pesos a compañías hoy inhabilitadas por el SAT; todos esos contratos se concedieron vía adjudicación directa sin competencia.
Noemí Guzmán Lagunes (PRI):
Encabezó la Secretaría de Protección Civil en el periodo en que esta dependencia concedió nueve contratos por casi 30 millones de pesos a la red de empresas fantasma; también se entregaron de manera directa.
Alberto Silva (PRI):
Silva era el secretario de Desarrollo Social de Veracruz cuando esta dependencia concedió al menos 45 contratos por 243 millones de pesos, mediante licitaciones cerradas en la que se fraccionaron montos de contratos para que les permitiera no convocar a licitaciones públicas. Empresas de la misma red “compitieron” entre ellas.
Édgar Spinoso Carrera (PVEM):
Bajo su gestión como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz se firmaron contratos con empresas fantasma, y su firma aparece en los documentos.
En su gestión como Oficial Mayor, la Auditoría Superior de la Federación detectó el posible desvío de más de seis mil millones de pesos de recursos federales destinados para apoyar la educación. Además fue denunciado por el ahora gobernador, Miguel Ángel Yúnes, de pertenecer a una red de prestanombres de Javier Duarte.