Líder de expertos forestales defiende ley que da más poder a Conafor… y es su contratista

Jesús Martín Cuanalo Araujo es líder gremial de los expertos forestales mexicanos y uno de los principales defensores de la reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, impulsada por el Partido Verde, y que otorga más facultades a la Comisión Nacional Forestal (Conafor). También es uno de los principales contratistas de esta dependencia: ha obtenido contratos por 407 millones de pesos tan solo en este sexenio.

[contextly_sidebar id=”HY3Yk9ACmBnx8TzkcfMRySUR0frFLCX7″]Esta ley fortalece las atribuciones de la Conafor y se las resta a la Secretaría de Medio Ambiente respecto a los permisos de tala comercial.

Cuanalo Araujo salió en defensa de esta reforma en su calidad de representante del gremio nacional de técnicos y profesionistas forestales, y urgió al Senado a ratificarla para que cobre plena vigencia.

La lucha de los profesionales forestales por fortalecer las atribuciones de Conafor data de hace una década, subrayó su representante gremial durante una reunión con senadores y asesores legislativos realizada el pasado 6 de abril. Lo que no dijo Cuanalo es que, aparte de ser representante del sector, es también contratista de la Conafor.

Cuanalo Araujo fue parte de un grupo de expertos en materia bosques y selvas que se reunió con legisladores y sus asesores, ante los cuales aseguró que la política impuesta por “ambientalistas” hace 15 años ha deprimido 30% la productividad del sector, por lo cual, “es un logro que (la gestión forestal) pase a la Comisión Nacional Forestal”.

¿Conflicto de interés?

Cuando se le cuestionó si ser contratista de Conafor compromete la objetividad de su análisis, el también fundador y director de la empresa INyDES dijo: “No existe absolutamente ningún conflicto de interés porque estamos hablando de dos personas morales: la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales y la empresa INyDES. No estamos hablando de Jesús Cuanalo”.

Por un lado, subrayó, “la Asociación no me representa a mí: yo represento a miles de profesionales del tema”. Y por otro lado, “hablando de la empresa, todo ha sido siempre transparente: INyDES se ha convertido en una empresa muy importante en el sector ambiental, mi empresa es contratista de Conafor desde hace tres sexenios y todo lo que nosotros hemos trabajado ha sido mediante licitación pública y concurso público”.
La empresa INyDES sí ha sido proveedora de la Conafor desde 2006, en los últimos meses del gobierno de Vicente Fox, cuando obtuvo un contrato por 180 mil pesos.

Esas transacciones, dijo, no comprometen su posición como ingeniero forestal:  “La relación (con Conafor) es meramente de trabajo“.  Señaló que la Asociación tampoco ha recibido, al menos en los cuatro años que lleva al frente de ésta, ninguna donación por parte del gobierno.

Argumentos

La actual ley de desarrollo forestal fue aprobada en el año 2003 y depositaba en dos organismos la política de bosques y selvas mexicana. Por un lado, la Secretaría de Medio Ambiente quedó encargada de recibir y evaluar las solicitudes de tala comercial, al verificar que los proyectos productivos contaran con estudios de impacto ambiental. Es decir, que contaran con un plan que evitara la depredación de los recursos forestales.

Una vez que este permiso era otorgado, la Comisión Nacional Forestal quedaba encargada de conducir y verificar que el aprovechamiento forestal se realizara bajo normas técnicas adecuadas, que propiciaran el mercado legal de madera en México.

Aún cuando recibió esta encomienda, la Semarnat nunca desarrolló la infraestructura ni acumuló el personal especializado suficiente para verificar el correcto desarrollo de los estudios de impacto ambiental, afirma Cuanalo. Por eso en la actualidad “hay comunidades que han tenido que esperar un año y dos meses para recibir la autorización para hacer el aprovechamiento… Y ¿qué pasó en ese año y dos meses? La comunidad arrasó el bosque, porque la gente va a pensar en comer antes que en cualquier otra cosa… La misma falta de estructura provoca que el permiso para trasladar la madera se tarde hasta tres meses, y ¿qué pasa en esos tres meses? Pasa que la madera se pudre”.

Desde la perspectiva del líder gremial de los profesionales forestales este esquema ha fomentado la ilegalidad y ha dejado a 11 millones de campesinos forestales sin opciones: “Una vez fui interrumpido mientras daba un discurso por un campesino de Kalakmul. Me dijo ‘a ver ingeniero: ¿Por qué si cada uno de nosotros es dueño de 50 hectáreas de selva, no tengo para comprarle zapatos a mis hijos ni para darles de comer? Aquí todo mundo viene y me dice las razones de por qué no puedo tocar un árbol, y lo que voy a hacer es meterle cerillo a mi parcela y voy a malvivir cinco años de frijoles en lo que me acabo el suelo o veo la selva que no puedo tocar”.

La gestión forestal dividida entre dos instituciones, destacó, ha propiciado que los campesinos conviertan sus bosques y selvas en campos de cultivo y ha fomentado el mercado ilegal de tala de madera.

Este esquema, subrayó Cuanalo, fue diseñado bajo conceptos “idealistas” y “dogmáticos” importados a México por ambientalistas que creían que los bosques nacionales no debían ser tocados.

“Lo que no vieron estos ambientalistas —agregó— fue que en los bosques de México viven 11 millones de personas, que están muriéndose de hambre porque no pueden aprovechar los recursos del bosque que les pertenece.”

Y puso un ejemplo: “Finlandia es un país que tiene más o menos el tamaño del estado de Chihuahua. Allá generan 25 mil millones de dólares al año en productos forestales. Nosotros, que tenemos 30 veces más capacidad de producción que Finlandia, sólo generamos 400 millones de dólares al año. Aunque somos un país con vocación forestal, importamos 7 mil millones de dólares al año en productos forestales y esa es riqueza que le estamos negando a la gente que vive en los bosques, los ejidos y las comunidades que son los dueños de los bosques mexicanos”.

Con todas las atribuciones de gestión forestal concentradas en Conafor, remató, será mucho más rápido y viable el aprovechamiento forestal ya que este organismo sí cuenta con una estructura operativa repartida por las regiones forestales del país.

El papel ciudadano

Una de las principales críticas que se han formulado contra esta nueva ley es que degradó los órganos de vigilancia ciudadana y los convirtió sólo en órganos consultivos, sin capacidad de voto sobre las decisiones en materia forestal que tome la Conafor. Cuanalo, de hecho, forma parte de uno de estos órganos degradados: el Consejo Nacional Forestal.

Al respecto, señala, la nueva ley deja al Consejo la atribución de redactar su propio reglamento, “y yo pienso que eso (las facultades de supervisión y vigilancia que le retiraron al Consejo) las podemos incluir de nuevo a través del reglamento. En el momento en que nos dan esa facultan (de redactar el reglamento) me siento satisfecho porque ahora los consejeros tenemos la responsabilidad de poner en ese reglamento lo que nos corresponde”.

No obstante, cuando se le hizo ver que el reglamento que redacten no podrá atribuirse facultades que no les haya otorgado la nueva ley, Cuanalo rectificó: “Te doy la razón. Pienso que la función del consejo es, como lo dice el nombre, aconsejar, asesorar al gobierno.”

Luego, sin embargo, dijo: “Yo no soy experto en leyes, no sé qué tanto un organismo de gobierno puede tener, dentro de sí, otro organismo de gobierno”. Aún así, insistió, lo importante es que “Conafor está tratando de fomentar el desarrollo, pero choca con todas las demás instituciones que se lo impiden”.