El único derecho de las trabajadoras del hogar: demanda por despido injustificado
Tras el fallecimiento de su padre, Gabriela Ramírez se vio obligada a trabajar para apoyar económicamente a su madre, aunque sólo tenía 15 años. Empezó en la casa de una mujer mayor a la que cuidó por varios años hasta su muerte, y después siguió trabajando con otros miembros de esa familia por un cuarto de siglo, hasta finales de 2015.
[contextly_sidebar id=”IecR7lTc1twe3e6gY8OepnOzfC1l1PxE”]El nieto de aquella maestra se casó y su nueva esposa no quería en su casa a “personas que no fueran de su confianza”, por lo que Gabriela fue despedida junto con el resto del personal, incluido su esposo que era chofer. Los trabajadores intentaron conservar su empleo y, al no lograrlo, pidieron al menos una indemnización por el despido, pero la esposa del señor se opuso. “¿Por qué le vas a dar algo si es una gata?”, reprochó la mujer.
Ante este panorama, Ramírez acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde le recomendaron pedir orientación al Instituto de las Mujeres y de ahí la canalizaron al Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (Caceh), quienes la asesoraron para iniciar un proceso legal y la apoyaron durante el juicio en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Gabriela, su esposo y otra compañera ganaron la demanda a principios de 2016 y desde entonces, aquel empleador les ha pagado mes a mes la liquidación que por ley les corresponde.
El caso de estos empleados, sin embargo, es excepcional. Aunque todos los trabajadores del hogar tienen derecho a exigir una indemnización en caso de despido injustificado o de cualquier abuso laboral, este recurso se ve frecuentemente limitado por un obstáculo: acreditar su trabajo.
Igual que cualquier trabajador informal –que en México son el 60 % de la fuerza productiva- los del hogar no cuentan con un contrato ni prestaciones y, sin embargo, generan derechos laborales solo por estar sujetos a un horario, un lugar de trabajo y recibir órdenes de un patrón, asegura el abogado Manuel Fuentes, especialista en el sector.
En México, el trabajo doméstico no tiene reconocimiento legal porque se da como una opción para personas que no tienen estudios ni experiencia en otra actividad, por lo que se desarrolla de manera espontánea y bajo las reglas del empleador. Los 2.4 millones de trabajadores del hogar (95 % mujeres) realizan su trabajo en la informalidad y sin derechos laborales, por lo que no tienen prestaciones y casi ninguna ha recibido una liquidación al ser despedida, pues no tienen forma documental de comprobar que trabajaron en una casa.
“De acuerdo con el derecho laboral no se requiere antigüedad específica (para exigir indemnización), desde el momento de la contratación se vuelve un trabajador como cualquiera. No es necesario que haya contrato por escrito para reconocer sus derechos, basta que tenga horario, esté sujeta a un lugar de trabajo y reciba órdenes de un empleador, pero hay que demostrarlo, ahí es donde muchos casos se atoran”, explica el defensor.
En el caso de las trabajadoras de entrada por salida –que no viven en la casa del empleador sino que laboran en ella solo unas horas- también se genera una relación laboral conocida como “labores discontinuas”, que les otorga derechos pero con la misma condición: poder comprobar tanto la relación como el despido injustificado, lo que se vuelve aún más difícil porque los empleadores suelen acusarlas de robo, inasistencia al trabajo, incumplimiento y otras faltas, con el objetivo de eludir su responsabilidad.
“Acceder a la justicia es algo que prácticamente no se logra para cualquier trabajador, sólo un 5 % de las demandas (laborales) resultan a favor del demandante”, lamenta el abogado, asesor del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho).
Pero el panorama es peor para las trabajadoras del hogar (95 % de este sector son mujeres), pues su trabajo, además de ser informal, se desarrolla en la privacidad del hogar del empleador. “La indemnización en caso de despido es un derecho, no estamos pidiendo limosna. Y ellos lo único que te quieren dar es los días que trabajaste y ya”, refiere Ana Laura Aquino, secretaria general Colegiada del Sinactraho.
El problema, explica, es que el empleador no reconoce su casa como un centro de trabajo ni a la trabajadora como tal, sino que la ven como una persona que “les ayuda en la casa”. Fue el caso de Gabriela, a quien sus empleadores acusaron de ‘ingratitud’ por tomar acciones legales contra ellos.
“Como es tuyo, como el que manda eres tú en tu casa, no tiene que haber una ley que rija si la ley eres tú; no entienden que a la hora de contratar a alguien te conviertes en un centro de trabajo, no lo reconocen y esto no ayuda. No es fácil hacerles entender que no es su ley, es la Ley Federal del Trabajo la que tiene que regir ahí”, puntualiza Aquino.
El pago por día de trabajo de Gabriela siempre fue de 300 pesos, sin embargo su empleador declaró durante el juicio que le pagaba 500, así que la demanda se basó en esa cantidad y sobre eso se fijó la indemnización. “Le gané todo, no negocié nada porque mis derechos no son negociables, eso aprendí en los talleres”, cuenta la trabajadora sobre su experiencia en el Sindicato.
No obstante, ella dice que su triunfo no es el pago sino el reconocimiento. “Más que el dinero, es porque se me reconozca como un ser humano que trabaja y que tiene derechos”.
