El exgobernador de Veracruz Flavino Ríos y otros 14 exfuncionarios, entre ellos el excontralor del estado y un exfuncionario implicado en uso de programas sociales a favor del PRI, autorizaron en agosto de 2015 el retiro de casi 200 millones de pesos del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz para una supuesta inversión bancaria que generaría intereses para los trabajadores. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Veracruz, el dinero desapareció.
[contextly_sidebar id=”FQjMV1o7jvQgnrpIyx6NvSOfm69Issj6″]Documentos asentados en dos denuncias que integra la Fiscalía de Veracruz por posible desvío de recursos, y a los que tuvo acceso Animal Político, acreditan que el Comité Directivo del Instituto de Pensiones del Estado –integrado por funcionarios del gobierno de Javier Duarte, entre ellos Flavino Ríos– dieron su aval en una “sesión extraordinaria” para que salieran estos recursos de los trabajadores.
El pasado 21 diciembre, la Auditoría de Veracruz presentó en la Fiscalía una denuncia penal en contra de los responsables del presunto desvío de recursos, a la que se añadió una denuncia previa –presentada dos meses antes– por dos organizaciones civiles por los mismos hechos.
De acuerdo con la auditoría que forma parte de la carpeta de investigación FESP/595/2016/I-12, el 25 de agosto de 2015 el Honorable Comité Directivo del Instituto de Pensiones de Veracruz celebró una sesión extraordinaria que derivó en el acuerdo 83,976-A.
En dicho acuerdo, se acordó tomar 180 millones que estaban destinados para el pago de trabajadores que estaban en un fideicomiso en Banorte y moverlos a una supuesta inversión bancaria que generaría cinco por ciento de rendimientos.
En el referido acuerdo, subrayan los auditores, se estableció que en caso de que la Secretaría de Finanzas no pagara en los términos establecidos el dinero con los intereses a los trabajadores, se tendría que regresar todo el dinero más intereses moratorios. Esto sumaba en total casi 185 millones de pesos.
Pero ni una ni la otra cosa sucedió. El gobierno de Veracruz nunca regresó el dinero que se sustrajo gracias al acuerdo mencionado, ni se pagaron intereses en lo absoluto. Los auditores ordenaron al gobierno de Veracruz que explicara el destino de los recursos o en su caso los devolviera pero tampoco pasó nada.
La Fiscalía confirmó a este medio que hasta el día de hoy el destino de estos recursos es desconocido.
El acta de la sesión extraordinaria en la que se aprobó el acuerdo que permitió la salida de 200 millones de los pensionados que luego desaparecieron, confirma que a la misma asistieron los 14 integrantes del Honorable Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado. La orden del día fue exclusivamente la aprobación de la salida de estos recursos.
Flavino Ríos figura en segundo lugar de la lista de asistentes del consejo como “Consejero Propietario de la Secretaría de Gobierno”. Cabe recordar que en ese momento Ríos era secretario de Gobierno de Javier Duarte, cargo en el que se mantuvo hasta que Duarte pidió licencia y se convirtió en gobernador interino.
Pero Flavino no estuvo solo. Entre los consejeros asistentes que aprobaron la salida de estos recursos aparecen Antonio Gómez Pelegrín, exsecretario de Finanzas en ese momento, y Ricardo García Guzmán quien fungía como contralor del estado.
Estos dos funcionarios fueron los que en mayo de 2016 se presentaron en el noticiero Ciro por la Mañana para negar que el gobierno de Duarte había desviado casi 650 millones de pesos en contratos con empresas fantasma, como reveló una investigación periodística de Animal Político.
Una revisión posterior del SAT confirmó que las compañías no existían.
En la sesión participó también el notario Armando Adriano Fabre, quien de hecho era el consejero Presidente debido al puesto que desempeñaba en ese momento como Director del Instituto de Pensiones del estado. Cabe señalar que este funcionario recibió la notaría número 1 durante la administración del exgobernador Fidel Herrera, pero ha pedido varias licencias para ocupar cargos en la administración pública.
Otro que participó en la autorización del acuerdo fue Ralnulfo Márquez Hernández, quien en ese momento figuraba como consejero representante de la Secretaría de Desarrollo Social estatal.
Dos años antes de la firma de ese acuerdo, Márquez Hernández había renunciado como delegado de la Secretaría de Desarrollo Social Federal tras hacerse público el desvío de recursos federales de esta dependencia a favor de candidatos del PRI. En diciembre pasado tres funcionarios que colaboraron con Márquez fueron acusados por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de coaccionar con los programas el voto.
Y la lista sigue. Otro consejero en la sesión fue Fernando Benítez Obeso, exsecretario de Salud quien en noviembre pasado reconoció ante diputados que la construcción de 109 instalaciones de salud en la entidad se quedó a medias por la falta de recursos en la entidad. También aparece la última exsecretaria de Educación del gobierno de Duarte, Xóchitl Adela Osorio, quien dijo que documentos de la dependencia habían sido robados.
Otro que figura como consejero es Faustino García Fernández, líder de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado, y quien públicamente defendió el proyecto de basificación de trabajadores del estado propuesto por Javier Duarte, hecho que fue criticado por la oposición debido a la afectación a los recursos.
La lista de consejeros que dieron su aval para esta salida de recursos de los trabajadores pensionados la completan Erick Porres Blesa, exdelegado dela SEP en Veracruz, así como varios representantes sindicales, así como Octavio Antonio Gil García quien relevó a Adriano Fabre en la dirección del Instituto de Pensiones.
Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz indicaron a Animal Político que esta carpeta de investigación por el desvío de las pensiones de los trabajadores de la entidad será consignada en los próximos días ante un juez penal.
Actualmente, de los 14 exintegrantes del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones que se encuentran denunciados, el único actualmente preso es el exgobernador Flavino Ríos, quien el fin de semana pasado fue detenido por su posible complicidad en la fuga del también exmandatario Javier Duarte.
Este caso es solo uno de varios que están bajo investigación ministerial por múltiples desvíos que se registraron del Instituto de Pensiones del Estado en la administración de Duarte. El Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz ha presentado denuncias penales por un desfalco que supera los tres mil millones de pesos.
Por otro lado la Fiscalía de Veracruz confirmo a este medio que tiene otra carpeta de investigación que también involucra a Flavino Ríos por el presunto desvío de casi 250 millones de pesos cuando este se desempeñó como secretario de Gobierno en los últimos dos años dela administración de Duarte.