El periodo de Jaime Rochin en la CEAV: sin atención a víctimas de trata ni reparación del daño
La primera evaluación al desempeño de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que incumplió con una de sus obligaciones: atender a las víctimas de trata de personas, uno de las principales violaciones a derechos humanos en el país y el tercer ilícito más lucrativo del mundo.
[contextly_sidebar id=”TykHYDH4CmgaGWUpzqd1sGAepA218RXV”]Referente a las compensaciones económicas para quienes sufrieron violaciones a derechos humanos, la Auditoría informó que de los 543 millones de pesos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, la CEAV disponibles, la Comisión entregó 48 millones de pesos para 130 víctimas en 2015, es decir, 8 %.
Ambas auditorías forman parte de la Cuenta pública de 2015, año en el que Jaime Rochin presidía la Comisión y quien fue ratificado por el Senado para ocupar el cargo por tres años más, pese a los señalamientos de organizaciones sociales y víctimas respecto a obstáculos para entregar los apoyos económicos.
La Auditoría concluye que las deficiencias en el modelo de atención, en la operación y las deficiencias en el registro de víctimas “afectaron la prevención y atención de esas víctimas, lo cual no permitió que se acreditara la contribución de la CEAV en la reducción de la impunidad”.
Los incumplimientos
En 2014, la entonces Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos se transformó en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con las atribuciones que le otorgaba la Ley General de Víctimas.
Aunque en ese año no hubo acciones contra la trata de personas, el siguiente año comenzó a operar el Modelo Integral de Atención a Víctimas; sin embargo, sobre la oportuna y eficaz reparación integral, se incluyeron términos que “no permiten cuantificar o verificar que se cumpla cabalmente con lo establecido”. Tampoco se definieron los mecanismos y parámetros para evaluar y determinar la oportunidad y eficacia de las medidas de atención.
La CEAV reportó que en abril de 2015 hubo una reunión con las comisiones estatales de atención a víctimas de todo el país para analizar, entre otros temas, la implementación del modelo, pero no evidencia de los acuerdos definidos ni de las acciones realizadas derivado de ello. , en el marco de dicha reunión de trabajo.
Por lo anterior, la CEAV contó con un MIAV conforme a los elementos definidos en el Reglamento de la Ley General de Víctimas
Para la sistematización de datos, la Comisión tenía el Registro Federal de Víctimas, pero después cambió al Registro Nacional de Víctimas para incluir a las víctimas de las entidades federativas.
En 2016, la Comisión firmó seis convenios de coordinación con entidades para la transmisión de información a la Plataforma del Registro Nacional de Víctimas, pero faltaron acuerdos con las 26 entidades restantes, “lo que evidencia la ausencia de información de las víctimas del delito a nivel nacional”.
De las cinco mil 684 víctimas del delito, 3.1% (176) fue por de trata de personas; de estas últimas 52.8% (93) fueron mujeres y 47.2% (83) hombres. Del total, 87.5% (154) recibió atención de trabajo social; 30.7% (54) atención psicológica, 15.3% (27) asesoría jurídica, y 6.8% (12) atención médica, sin que la CEAV acreditara que se haya otorgado todos los servicios a la totalidad de las víctimas o especificara si fueron los servicios que requería cada una.
A 59.1% (104) se le dio seguimiento en las delegaciones federales de Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León y Sinaloa, pero a 19.9% (35) no se le dio seguimiento y de 21.0% (37), la CEAV no contó con los registros respecto del seguimiento de su atención.
Esto, dice la Auditoría, “revela deficiencias en el cumplimiento del Modelo de Atención”, ya que debía dar seguimiento a la víctima en las instituciones vinculadas, y la orientación jurídica debía darse durante todo el proceso penal y ante las diferentes instancias.
Sobre los recursos, la Ley General de Víctimas estableció la reparación del daño, incluyendo las compensaciones económicas. Para ello funciona el fideicomiso llamado Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, constituido entre la CEAV y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros en 2014.
Dicho fideicomiso se alimenta de las aportaciones federales y de los recursos decomisados en los procesos penales federales. Sin embargo, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) tuvo retrasos en la entrega de recursos.
Aunque el fondo tuvo en 2015 543 millones de pesos, entregó 48 millones de pesos para 130 víctimas. Sin embargo, el análisis de la auditoría es sólo de los estados financieros y no de las razones por las cuáles sólo se entregó 8% del dinero disponible, aún cuando hubo más de cinco mil víctimas.
Lee aquí el informe de la Auditoría.
