Lo dijo durante su campaña electoral y lo ha vuelto a repetir ya como presidente de Estados Unidos: Donald Trump quiere pagar la construcción de un muro fronterizo con México, o al menos financiar una parte, con el dinero que millones de migrantes mexicanos envían a sus familias.
[contextly_sidebar id=”owfBc5sPwm1gpMyYaqydwWP5KYQbPMOz”]Y aunque aún no hay una propuesta formal de la Administración Trump para gravar las remesas, el legislador republicano Mike Rogers ya anunció el pasado 8 de febrero una primera iniciativa: crear un impuesto del 2% a los envíos de dinero para recaudar “cerca de mil millones de dólares al año”, los cuales se destinarían a la construcción del muro.
Ahora bien, ¿realmente es posible que Trump frene los envíos de dinero de los migrantes mexicanos?
Para tratar de responder esta pregunta Animal Político entrevistó a economistas, quienes aseguran que gravar las remesas solo a México sería “ilegal” y “xenófobo”.
Irving Rosales, director del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, respondió que antes de gravar las remesas el nuevo gobierno estadounidense deberá precisar, en primer lugar, si el impuesto será únicamente a las remesas que se envían a México o también para las que salen al resto del mundo. Respuesta que el legislador Mike Rogers tampoco precisó en su iniciativa de ley ‘Border Funding Act of 2017’.
“Poner un impuesto exclusivo a las ‘remesas mexicanas’ sería ilegal en términos de la ley estadounidense. Y sería fácilmente impugnable ante la justicia, porque sería una decisión discriminatoria y xenófoba contra México”, explica Rosales, quien añade que grabar únicamente el dinero que envían los migrantes mexicanos también iría en contra de los tratados internacionales en materia económica.
Aunque esta opción, dijo por separado Raymundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas en el Tecnológico de Monterrey, es poco probable porque pondría en serio riesgo la relación de Estados Unidos con naciones como La India y China; los dos principales destinos de remesas estadounidenses en 2016, con 72 mil millones de dólares y 63 mil 938, respectivamente –muy por encima de los casi 27 mil millones de México que ocupa el cuarto lugar detrás de Filipinas, con 29 mil 665 millones-.
Trump tendría otras alternativas para crear un impuesto dedicado exclusivamente a las remesas mexicanas.
En primer lugar, dijo Irving Rosales, podría gravar las remesas mexicanas “y luego echarse el pleito con la justicia”. Y durante los meses que dure la discusión cobrar el impuesto.
Y en segundo lugar, crear el gravamen y luego presionar para convencer a la justicia de que la decisión no es discriminatoria, sino algo necesario para la seguridad nacional de Estados Unidos, puesto que financiaría la construcción de un muro para impedir el paso de los “bad hombres”, como llama Trump a los criminales.
Un argumento, además, que ya ha utilizado el magnate para presionar a la justicia que, por el momento, ha bloqueado su orden presidencial de prohibir temporalmente por motivos de seguridad nacional la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de siete países con mayoría de población musulmana: Irak, Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.
“Si al final del pleito, la justicia determinara que por decreto se puede prohibir la entrada a Estados Unidos de personas por su nacionalidad o religión –algo discriminatorio- esto abriría de inmediato la puerta del impuesto exclusivo a las remesas mexicanas”, advierte Rosales.
El gobierno de Trump también podría crear un impuesto a las transferencias electrónicas que se envían a través de los bancos estadounidenses hacia el exterior. Es decir, además de la comisión que ya cobran los bancos por esos envíos de dinero al extranjero, se crearía otro impuesto a la transferencia.
Pero ojo, hay que tener presente un matiz clave: el impuesto no sería solo para los migrantes mexicanos, sino para todos los ciudadanos que quieran enviar dinero a cualquier parte del mundo. Lo que, en términos reales, podría resultar una medida impopular del presidente, ya que afectaría a todos los estadounidenses.
Además, esta medida añadiría más presión a las grandes compañías “remeseras” como Western Union, puesto que el impuesto a las transferencias electrónicas también afectaría a su modelo de negocio, ya que la empresa acabaría cobrando ese impuesto (más su comisión) a los clientes. Lo cual golpearía aún más a un sector, al que bancos estadounidenses ya aplican medidas estrictas a sus transferencias internacionales para evitar el lavado de dinero, tal y como refleja en este reportaje The New York Times.
Otra medida para controlar el flujo de dinero, podría ser obligar a las compañías “remeseras” a pedir que el migrante presente su tarjeta como residente legal en el país para poder mandar el dinero.
“Aunque en la vida real, esa medida sería fácil de darle la vuelta”, admite Irving Rosales. “Porque nada más te consigues un amigo que tenga los documentos en regla y ya podrías enviar el dinero”.
Más allá de cómo aplicaría el gravamen el gobierno estadounidense, el impuesto a las remesas supondría un golpe a la economía mexicana difícil de digerir. Incluso, ayer miércoles el Bank of America (BofA) Merrill Lynch advirtió en una nota que publica la revista especializada Forbes, que un gravamen a las remesas, así como un mayor impuesto fronterizo a las exportaciones mexicanas –como ya propuso Trump-, supondría un elevado riesgo de que México entre en recesión. O en otras palabras: que el país pueda entrar en una crisis económica.
Para Maureen Meyer, coordinadora del Programa de México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), “si Trump consigue poner un impuesto a las remesas mexicanas, esto también va a provocar que crezca el mercado negro de personas que llevan dinero de un lado a otro de la frontera”.
“O que muchas persona lleven consigo mucho dinero en efectivo –añade la activista- para evadir el impuesto y dárselo a sus familias, lo cual los pondría en un gran riesgo”.
O peor aún: que recurran al crimen organizado para “traficar” su dinero.
“El impuesto a las remesas va, probablemente, a favorecer al crimen organizado, porque uno de sus negocios es mover grandes cantidades de efectivo a través de canales no regulados”, advierte Carlos Heredia, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Es decir, explica Heredia, ante este impuesto el crimen organizado aumentará su ‘oferta’ para cruzar dinero a través de sus redes de tráfico a uno y otro lado de la frontera. “Y en cierto sentido, se estaría orillando a la gente a ser víctimas del crimen para poder enviar su dinero a México”.
Por ahora, el gobierno mexicano ya anunció una iniciativa de ley para proteger el dinero que envían millones de connacionales. Sin embargo, migrantes entrevistados por Animal Político en ‘Casa Durango Dallas’, una organización civil que apoya a la comunidad en Irving, Texas, desconfían de la ayuda de su gobierno, al tiempo que ya comienzan a sentir los estragos de la política ‘anti-inmigrantes’ de la nueva administración Trump.
“Como migrantes mexicanos, ya no sabemos para dónde hacernos –lamenta la mexiquense Luz Pérez-. En México, no hay trabajo, la economía está mal, y nuestro gobierno no nos apoya ni nos defiende. Y en Estados Unidos, Trump no nos quiere”.