En agosto de 2014, una adolescente se presentó ante el Ministerio Público de Pachuca, Hidalgo, con un escrito entre sus manos, en el que resumía su vida durante los últimos tres años, una etapa en la que fue víctima de ataques sexuales por parte de la persona en la que más confiaba su familia: el ministro religioso de su congregación, un hombre que para entonces tenía 53 años, llamado Jorge Yescas López.
[contextly_sidebar id=”UXs05u8Kh1m5m2C3Dco24C7FTcWdvTxn”]”Hasta el día de hoy no he hablado por el miedo y la vergüenza”, dice el texto que la joven X. presentó ante la autoridad, en el que narra cómo en 2007 llegó por primera vez al templo conocido como Centro de Integración Familiar Renuevo (en la colonia Plutarco Elías Calles, de Pachuca), de la mano de su madre, siendo una niña de 11 años.
“Con el transcurso de los años, la relación con estas personas, y en lo personal con el pastor, fue más frecuente. Nos hacía invitaciones junto con su esposa a reuniones de carácter social, festejos navideños, cumpleaños y (reuniones) familiares“.
Tal como consta en la averiguación previa iniciada por las autoridades de Hidalgo, fue esa cercanía “familiar” el pretexto usado por el pastor para cometer la primera agresión sexual en contra de ella en 2010.
X. narra: “Él le menciona a mi hermana mayor que su hija me quería mucho y que siempre quería estar conmigo (…) Ese mismo domingo, el pastor le pidió a mi mamá permiso para que me fuera a su casa, ya que su hija, la más pequeña, insistía que yo fuera a jugar, y le hizo una llamada a su esposa para que convenciera a mi mamá de que me dejara ir”.
X. tenía en ese momento 13 años.
Tal como consta en su declaración ministerial, en un momento en que X. y la hija menor del pastor miraban la televisión en la cama de la niña, Jorge Yescas entró a la habitación, se acostó junto a la adolescente y comenzó a tocarla por debajo de la cobija, además de obligarla a tocarlo a él.
Según la averiguación previa, el pastor cometió esta agresión aún cuando su hija menor se encontraba en la misma cama.
Luego, usó su figura de autoridad para obligar a X. a mantener silencio.
Semanas después, el pastor pidió nuevamente permiso a la familia de la menor para llevarla a participar a supuestas actividades juveniles de la congregación religiosa. No obstante, el destino real fue un motel donde la violó, e inició lo que se convertiría en práctica común: tomarle fotos y videos desnuda, o mientras la sometía a actos sexuales.
La amenaza de publicar esas imágenes fue el mecanismo para mantener controlada a la menor durante los años siguientes.
Entre 2010 y 2013, la adolescente X. intentó suicidarse en dos ocasiones, una lanzándose desde una segunda planta, caída de la que sobrevivió, aunque con una fuerte lesión en el cuello, y luego cortándose la muñeca con un vidrio, intento también fallido gracias a la intervención de sus familiares.
La razón de estos atentados contra su propia vida fue esclarecida tiempo después por la menor de edad, una vez que se convenció de presentar su denuncia: el primer intento de suicidio vino luego de que el pastor le practicó un aborto, introduciéndole pastillas anticonceptivas.
En la averiguación previa se consigna que el pastor realizaba este procedimiento cada vez que se retrasaba o suspendía el periodo menstrual de X., y que lo repetía durante tantos días como tardara en aparecer de nuevo el flujo menstrual.
El primer aborto forzado ocurrió cuando ella tenía 15 años (y el pastor 50).
“Él me colocó cuatro pastillas en la vagina. Yo me recosté una hora, y en esa hora comencé a llorar, por un fuerte dolor que comenzó a darme en el vientre, me dio fiebre, y en poco tiempo me dieron ganas de vomitar… al día siguiente él hace lo mismo, y la situación en la que me encontraba yo no era estable, comencé a ir al baño muchas veces para vomitar, él me hace mucho enojar y yo me levanto y me voy al coche, y él me da una cachetada, que se me marcó en la mejilla”.
Ese aborto forzado llevó a la adolescente al primer intento de suicidio.
El segundo intento ocurrió un año después, cuando X. tenía 16 años, luego de que el pastor la arrojara por unas escaleras.
X. volvió a su casa y ocultó las lesiones; sin embargo, durante la madrugada debió ser llevada al hospital con convulsiones. Le detectaron un derrame craneal que fue diluido con medicamentos.
Mientras convalecía, X. se cortó las venas de la muñeca, aunque su familia se percató oportunamente y le brindó asistencia.
Según consta en las actas ministeriales integradas por la Procuraduría de Hidalgo, durante esos tres años el pastor Jorge Yescas fue también seduciendo a la familia de X., asignándoles responsabilidades meritorias dentro de la vida de la congregación religiosa: el pastor eligió a la mamá de la adolescente como su cocinera (de hecho, iba a comer a la casa de la menor, situación que facilitaba aún más la cercanía con la víctima), y a sus hermanos mayores los involucró en actividades misioneras y en la “alabanza”, es decir, en las ceremonias religiosas del templo Centro de Integración Familiar Renuevo.
Conforme la situación emocional y física de X. fue agravándose, en la familia fue creciendo la certeza de que todo se relacionaba con la cercanía del pastor, y fue así que -en noviembre de 2013- los padres y hermanos de X. acudieron al MP para denunciar que Jorge Yescas abusaba de la adolescente, iniciándose entonces las indagatorias en su contra.
Sin embargo, X. negó en ese instante los hechos y tardó siete meses más en vencer el miedo a las amenazas del pastor de hacer públicos las imágenes en las que ella aparece desnuda, luego de lo cual se sumó a la denuncia formulada por sus padres, pero ahora aportando su testimonio directo de las vejaciones sufridas entre 2010 y 2013.
En el escrito que X. presentó, aún siendo menor de edad, ante la Procuraduría de Hidalgo, señala que el pastor Jorge Yescas López debía ser juzgado por los delitos de “lesiones, inducción al aborto, amenazas, violación, actos libidinosos, estupro y/o los que resulten”.
A partir de que X. acudió ante la Procuraduría de Hidalgo con su escrito de denuncia en las manos, las autoridades estatales tardaron un año en integrar la averiguación previa y consignar al pastor ante un juez, lo que ocurrió en agosto de 2015.
Tras revisar el caso, el juez penal decretó el auto de formal prisión, al considerar que existían pruebas suficientes para iniciar un juicio en contra de Yescas por el delito de “estupro”, que comete aquel que “tenga cópula con una persona mayor de 12 años y menor de 18, obteniendo su consentimiento por medio de la seducción o engaño”. Sobre el resto de los delitos, el tiempo había borrado las evidencias.
El ministro religioso, sin embargo, nunca pisó la cárcel.
A través de un juicio de amparo, Yescas echó abajo el auto de formal prisión emitido en su contra, al comprobar que tanto la Procuraduría de Hidalgo como el juez que revisó el caso, habían cometido “un error”.
Según la ley, cuando la Procuraduría -a través del Ministerio Público- presenta a un acusado ante un juez penal, está obligada a entregar dos cosas: la averiguación previa, que incluye todas las pruebas recabadas; así como un texto denominado “pliego consignatorio”, el cual no sólo debe especificar qué delito se imputa al detenido, sino que también debe explicar la forma en la que cometió dicho delito.
En el caso de Jorge Yescas, el Ministerio Público omitió explicar en el pliego consignatorio cómo fue que el pastor cometió el delito de estupro. Ese fue el primer error.
El segundo error fue cometido por el juez, que en agosto de 2015 aceptó el pliego consignatorio, aún con esa falla técnica, y por cuenta propia realizó un “análisis oficioso” de las pruebas, tras lo cual determinó que, efectivamente, existían elementos suficientes en contra del acusado.
Por ley, los jueces penales no pueden realizar dicho análisis oficioso, ya que eso equivale a suplantar al MP en sus labores y, por lo tanto, perder la imparcialidad.
Bajo esta lógica, un segundo juez, esta vez de amparo, determinó el 1 de enero de 2016 que la justicia federal debía cobijar al ministro religioso Jorge Yescas López, y dejar sin efecto el auto de formal prisión dictado en su contra.
Yescas, sin embargo, no fue absuelto: el juez de amparo consideró que la Procuraduría de Hidalgo aún podía corregir la falla técnica en su pliego consignatorio, y presentar de nuevo al ministro religioso ante un tribunal penal.
No obstante, desde que dicha resolución fue emitida ha pasado ya un año y un mes, y en este tiempo “la Procuraduría ya no ha vuelto a hacer nada“, tal como denunció R., familiar de la menor agredida, en entrevista.
Aún cuando el error en el pliego consignatorio era un detalle de fácil corrección, “a la Procuraduría ya como que se le olvidó el caso… sospechosamente, se le olvidó el caso”.
En tanto, “el pastor sigue ahí, libre, como si nada, y todos los fines de semana lo vemos, porque el templo está muy cerca de la casa –narra R.–. Y él nos ve y se ríen(…) estos años hemos sufrido de todo: X. fue agredida todo ese tiempo y luego ha vivido afectada emocionalmente; la congregación nos dio la espalda; y hasta hemos recibido amenazas”.
Además, señala, a raíz de esta denuncia y proceso penal, “unas 40 personas nos salimos de ese templo: nuestra familia y todos los que estábamos en el grupo musical del templo, que son jóvenes y que se solidarizaron con X., además de otras pocas familias más, pero el resto de la gente, mucha gente, se quedó… y luego, a esas 40 personas ya no nos aceptaban en ningún templo, prácticamente toda la comunidad cristiana de Pachuca nos rechazó y respaldó al pastor Jorge Yescas, y sólo hubo un templo que nos abrió los brazos, y ahí estamos ahora.”
Desde el pasado 10 de febrero, Animal Político consultó a la Procuraduría de Justicia de Hidalgo cuál fue la razón de que el Ministerio Público no corrigiera la falla en el pliego consignatorio, y por qué se abandonó el proceso penal en contra del pastor Yescas, a pesar de que el amparo no demeritaba la investigación realizada por el delito de estupro, sino sólo el trámite de presentación ante el juez.
A través de su vocero, Éder Arteaga, la Procuraduría de Hidalgo anunció que fijaría su postura en torno a estos hechos el viernes siguiente, sin embargo, dicho plazo se venció sin que dicha dependencia rindiera una explicación.
“Nosotros, como familia, queremos justicia –dice R.–, y ya no sabemos qué más hacer… pero lo que más queremos, sencillamente, es que esto no le vuelva a pasar a ninguna otra niña.”
–¿El pastor los ha contactado? –se le pregunta.
–Nos manda mensajes; a X. le ha escrito por mensajes de internet, diciéndole que ahora él nos va a meter a la cárcel a todos nosotros, a los que nos califica de “pendejos”. Que ya le llegó su “bono de Gobernación”, así dice literalmente, y que ahora va la suya.
Para probar esto último, R. muestra una impresión del mensaje de texto enviado al teléfono de X, en diciembre de 2016, en el que se incluyen esas amenazas.
Consultado telefónicamente en torno a estas denuncias y proceso penal, el pastor Jorge Yescas aseguró que “todas (las acusaciones) son falsas. Absolutamente falsas. Te lo digo de mi palabra, pero ya está comprobado por dos jueces federales”.
Tal como afirmó, además del amparo emitido en enero de 2016, existe una segunda resolución en su favor, emitida, según afirmó, por un juez de Coatzacoalcos (Veracruz).
–¿Podría proporcionarnos copia o al menos enviarnos una fotografía de las páginas en donde se establece esa resolución? –se le consultó.
–Te voy a ser sincero –respondió–: se lo pregunté a mi abogado y él me decía que no. Por eso quería que vinieras (a Pachuca).
Cabe destacar que Animal Político planteó al pastor Yescas realizar un viaje a Pachuca para tener una entrevista en persona, fijando como punto de encuentro la terminal de autobuses de dicha ciudad, como medida de seguridad.
El pastor, sin embargo, desechó tal propuesta y, finalmente, se convino realizar únicamente la entrevista telefónica.
“A lo mejor –aseguró el pastor–, ya ni siquiera tendría caso que vinieras. Tú me preguntas y yo te respondo: me declaré y me declaro total y completamente inocente. Y así lo determinó ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación“.
Aún cuando así lo afirmó, la Suprema Corte no ha tenido ninguna participación en el proceso penal seguido en su contra, ni en el amparo en su favor y, de hecho, luego de un rastreo en el Consejo de la Judicatura Federal, tampoco pudo constatarse la existencia de ninguna otra resolución en su favor emitida por tribunales federales radicados en Veracruz.
“Mi asunto está legalmente cerrado –subrayó–, porque luego del amparo (de enero de 2016, por la falla técnica en su pliego consignatorio), el juez dio 180 días para impugnar su resolución, y ese tiempo ya se venció por ahí de marzo de 2016”.
Todas estas acusaciones en su contra, remató, fueron promovidas por “un grupo de criminales, que se están queriendo aprovechar de la situación y queriendo despojar de bienes”.
–¿La Procuraduría ya se desistió formalmente de la acción penal? –se le pregunta.
–No, la procuraduría no se desistió –reconoció el ministro religioso.
Para probar que X. fue víctima de este pastor, la menor no sólo proporcionó a Animal Político su testimonio y los expedientes que integran la causa penal, así como dos evidencias que había mantenido en resguardo, hasta la fecha.
La primera evidencia es uno de los videos que Jorge Yescas realizó, mientras sometía a la adolescente a actos sexuales.
Tal como deja ver, este video fue captado por Yescas, quien cambia de mano la cámara (un teléfono celular) en varias ocasiones, para realizar distintas tomas estilo “selfie”, mientras somete a X., desnuda, y la obliga a realizar distintas poses.
Este video, recuperado por la víctima de entre los innumerables realizados por el pastor, fue captado en 2013, cuando la víctima tenía 16 años de edad.
La segunda evidencia que presentó la víctima a Animal Político es un video, captado por ella misma en 2016 (cuando acababa de cumplir 18 años), en un momento en que el pastor la fuerza a presentarse ante un abogado particular, para firmar una carta en la que se desiste de todas las acusaciones.
Aprovechando el desconocimiento de X. en torno a conceptos legales, el pastor le hizo creer que el amparo obtenido lo declaraba totalmente inocente y, por tanto, que convertía a la joven y su familia en culpables de “difamación”.
De esta forma, con la amenaza de encarcelar a sus padres y hermanos, el pastor obligó a X. a firmar una carta de desistimiento, que fue elaborada por el mismo abogado de Yescas.
Tal como deja ver el video, grabado por X. con su teléfono celular y sin que Yescas o su abogado se percataran de ello, antes de ingresar a la oficina, el pastor le dicta a la joven lo que debe decir.
–Di que te engañaron –le ordena Yescas–, di que te dejaste llevar por ellos y ya, y que ahorita ya no quieres hacer nada. Di que entre tú y yo nunca pasó nada. Que esta gente me quiso hacer daño y que te usaron a ti.
–Y de mi familia, ¿qué digo? –pregunta X.
–Igual, que los engañaron –es la orden de Yescas.
Luego, el video muestra que Yescas y la joven ingresan a una oficina, en la que son recibidos por una persona que se presenta como “Víctor”.
Una vez dentro de la oficina, el abogado le dice a X.: “Ya había elaborado yo un escrito, ¿me puede escuchar con atención?…”
Entonces, el abogado lee en voz alta un texto escrito por él, a nombre de X., en el que ésta destituye a sus representantes legales y renuncia a seguir el proceso penal en contra del pastor.
Después de dar lectura a la carta, y antes de entregársela a X. para que la firme, el abogado de Yescas le advierte a la joven: “No quiero que luego vaya a argumentar que fue malenterada, presionada, ni nada”.
Por ello, para simular que la carta era firmada de manera voluntaria, el abogado le informa a X. que va a comenzar a grabar con su propio teléfono, “para evitar cualquier conflicto posterior”.
Luego, ya con la cámara del abogando andando, éste usa un tono paternal para decirle a X.: “Mi obligación es protegerla a usted y protegerlo a él (al pastor Yescas, sentado a su lado); no es cuestión de hacer leña del árbol caído, ni estarte perjudicando, ni nada por el estilo. No se trata de inventar. Se trata de que ambos salgan favorecidos… Hay abogados que influencian en la gente y tratan de sacar provecho y dinero y relación, o después otro tipo de relación, máxime si son mujeres, pues ya las piropeamos”.
Por último, le entrega la carta a X. para que la firme, advirtiéndole que para el pastor no es necesario su desistimiento, porque él ya fue absuelto por el juez de amparo.
Ante el temor de que el pastor y su abogado tomaran represalias contra su familia, X. firmó este documento. Sin embargo, las amenazas del pastor no cesaron.
El pasado 8 de febrero de 2017, X. (hoy estudiante universitaria) se presentó nuevamente ante las autoridades de Hidalgo, para pedir ayuda ante los amagos de represalias que el pastor ha realizado, de diciembre de 2016 a la fecha.
Esta vez, X. ya no acudió a la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, organismo que otorgó impunidad a su agresor. Ahora, la joven acudió al Centro de Justicia para Mujeres del Estado, dependiente de la Secretaría de Gobierno hidalguense.
Sus anhelos de justicia, no obstante, no están sembrados en la actuación de las autoridades estatales, omisas desde un inicio, sino en la solidaridad y en la comprensión ciudadana. Es por ello que decidió exponer su caso públicamente.