Rezago de FEPADE: por falta de personal tardaría 10 años en resolver 3,500 casos pendientes
La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales (FEPADE) de la PGR no tiene los recursos humanos suficientes para investigar los delitos electorales.
Los casos rezagados cada año se incrementan sin que la mayoría puedan ser resueltos. En menos de una década el volumen de expedientes sin resolver se ha elevado un más del 1,000 por ciento.
Una auditoría de desempeño realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el trabajo de la FEPADE arrojó que aun y cuando no se denunciara un solo caso más, se necesitarían 10 años para que se logren indagar y resolver los casos que se encuentran abiertos.
En 2006, la PGR tenia a través de la FEPADE 317 averiguaciones previas sin resolver. Pero para 2015, la cifra ya había crecido a 3 mil 540 expedientes esperando por ser atendidos.
En promedio, cada año se ha incrementado más de 120% la cantidad de casos rezagados.
La dimensión del retraso es todavía peor en el caso de las “actas circunstanciadas”, como se le denomina a reportes de posibles delitos electorales que una vez que son revisados pueden convertirse también en expedientes de investigación.
En 2006, solamente había 34 actas circunstanciadas pendientes de revisar, pero para el 2015 el rezago ya era de dos mil 639 actas. Esto es, en promedio, un incremento superior al siete mil por ciento en el rezado en el referido lapso.
Esta situación, según reconoció la FEPADE, es problemática pero puede ser aun peor con el funcionamiento del nuevo Sistema Penal Acusatorio, pues se requiere un seguimiento cercano de todas las fases de la indagatoria para que un caso se sostenga ante el juez. El problema, es que los recursos humanos no son suficientes.
“La entidad fiscalizada (FEPADE) informó que el tiempo que tomaría abatir el rezago se calcula entre 8 y 10 años, ya que se cuenta con 7 policías ministeriales y 25 agentes del Ministerio Público de la Federación, por lo que existe el riesgo de retrasos en la atención de asuntos en el marco del nuevo Sistema Penal Acusatorio, debido a la insuficiencia de personal para atender la acumulación de los asuntos rezagados y los que se originen de la implementación de este sistema” expuso la auditoría.
Las cifras anteriores evidencian que la Fiscalía ni siquiera cuenta con un policía ministerial por cada agente del Ministerio Público, que ocasiona que los casos se detengan porque simplemente no hay policías que hagan las investigaciones ni las diligencias que se ordenan.
La ASF destacó que si bien los ciudadanos en México tienen acceso al sistema de procuración de justicia electoral ya que pueden presentar una denuncia, la realidad es que la estructura como funciona actualmente genera un peligro de impunidad elevado.
“Los rezagos en el despacho de las actas circunstanciadas y en la determinación de las averiguaciones previas, ocasionan retraso en la impartición de justicia electoral”.
Pocos, lentos e ineficientes
De acuerdo con la ASF, a la FEPADE le tomó, en promedio, 519 días la integración de una averiguación previa por un delito electoral.
Esta cifra son 319 días más que la meta de 200 días que se plantea en el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013 -2018.
Por otro lado, en un análisis pormenorizado de las actas circunstanciadas arroja que en 2006 se lograron revisar y desahogar 469 de ellas (ya sea convirtiéndolas en averiguaciones o mandándolas al archivo), pero en 2015 apenas si se verificaron 46 actas.
En cuanto a las averiguaciones previas, solo en 2015 la FEPADE inició mil 465 expedientes de las cuales más del 70 por ciento (mil 47) se encontraban pendientes de resolver al cierre de ese año.
Solamente 351 casos fueron consignados ante un juez y todos ellos sin personas detenidas.
Peor aún es que de 961 averiguaciones previas consignadas en 2015 por FEPADE, que incluyen casos abiertos en años anteriores, apenas 50 de ellas terminaron con una persona procesada ante un juez. Esto equivale al 2.8 por ciento de la meta programada en el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018.
Los delitos que se denuncian ante la FEPADE son alteraciones en el Registro Federal de Electores o de los listados nominales, proselitismo, presión de los electores el día de la jornada electoral, obstaculización del desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y el cómputo de las votaciones, así como la introducción o sustracción de boletas electorales y la retención de las credenciales para votar de los ciudadanos.
Aunque algunos casos pudieran resultar más sencillos que otros se necesita de personal suficiente para darles seguimiento y atenderlos. En opinión de la ASF, la escasez de policías y agentes ministeriales contribuye no solo al rezago de casos sino a indagatorias mal integradas o deficientes.
“La baja efectividad en la determinación del ejercicio de la acción penal, refleja deficiencias en los procesos de investigación y persecución de los delitos electorales; en consecuencia, se pone en riesgo la atención de asuntos en el marco del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y el ejercicio del sufragio libre, secreto y directo” reveló la auditoría.
Se constató que las actas circunstanciadas despachadas el mismo año en que se iniciaron decrecieron en 53.9%, en promedio trianual, ya que pasaron de 469 actas despachadas en 2006 a 46 en 2015. La FEPADE no dispuso de un indicador para evaluar la eficacia en su despacho el mismo año que se iniciaron
Blindaje dudoso…
En 2015, se realizaron comicios electorales para renovar 2 mil 179 cargos de elección popular federal y elecciones concurrentes: 500 diputados federales, 9 gubernaturas, 641 diputados locales, mil 9 ayuntamientos y 20 juntas municipales.
Con motivo de lo anterior la PGR diseño y puso en marcha a través de la FEPADE una estrategia denominada “Programa de Blindaje Electoral”, que consiste en prevenir la comisión de delitos electorales a través de acciones de capacitación, difusión y despliegue ministerial, en colaboración con las fiscalías de los estados.
La ASF revisó este programa y encontró que existen algunas deficiencias que ponen en duda si realmente tiene algún impacto positivo en la disminución de delitos electorales.
“En cuanto a su diseño, el Programa de Blindaje Electoral presentó deficiencias, ya que en la línea de acción “Capacitación”, se identificaron como acciones específicas las temáticas de capacitación y el público objetivo, sin que se determinara el número de servidores públicos programados a capacitar, el número de cursos y la orientación de los mismos, advirtió la ASF.
También se identificaron dudas en el tema del “despliegue ministerial” y se señaló que la FEPADE no cumplió la meta de capacitar en materia de delitos electorales a 28 mil personas, logrando la capacitación de 22 mil 365, 20 por ciento menos de lo programado.
De acuerdo con la ASF, la FEPADE se comprometió a revisar esta estrategia que presenta rezagos de más del 1,000 por ciento y que se repetirá en este 2017 año electoral.
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