No era necesario activar al Ejército en guerra contra el narco, concluye estudio del Senado
A diez años de que diera inicio la actual estrategia de combate al crimen organizado, con la participación activa de las Fuerzas Armadas en los enfrentamientos con el narcotráfico, los datos oficiales disponibles revelan que ésta “no redujo la violencia existente en el país”, sino “todo lo contrario: esta estrategia detonó una posterior ola de violencia”, tal como concluyó un estudio elaborado por el Senado de la República.
[contextly_sidebar id=”9jyjWOWG6R9yGOT4q8fcz4my53gpZ1AS”]Peor aún: dicho estudio determinó que, en el año 2007, cuando esta estrategia popularmente conocida como “guerra contra el narco” fue puesta en marcha, la violencia en México “se encontraba en niveles mínimos históricos”, por lo cual, en realidad “no existía una crisis de seguridad que justificara el despliegue simultáneo de operativos con las Fuerzas Armadas”.
Elaborado por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (centro de estudios legislativos del Senado de la República), el documento denominado “Seguridad interior: elementos para el debate” destaca que “hasta el momento, no se ha puesto a disposición pública ningún diagnóstico oficial que justifique este cambio en la política nacional” de seguridad pública, decidido en 2007 y refrendado hasta la fecha.
Información publicada por la Secretaría de la Defensa Nacional en diciembre de 2016 señala que, en el presente, 52 mil soldados participan en los operativos antinarco iniciados hace diez años, sin embargo, según el estudio del Senado, hasta ahora no existe información oficial “que permita evaluar a cabalidad el desempeño y los resultados de los operativos” militares.
Lo que sí puede verificarse, tal como determinó la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez, es que la implicación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado generó un deterioro no sólo de la seguridad pública, sino también de “las relaciones de convivencia entre el Ejército y la sociedad mexicana”.
Tras analizar los registros de homicidios del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el centro de estudios legislativos del Senado constató que, antes del inicio de la guerra contra el narco, México experimentaba un índice anual de 9 mil asesinatos, que se elevó a 27 mil a raíz de que esta estrategia de confrontación bélica fue puesta en marcha.
Las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas, además, también registraron un crecimiento exponencial.
Retrocesos legislativos
El 1 de diciembre de 2016, cuando faltaban unas semanas para conmemorar los 10 años de la guerra contra el narco, el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, demandó en un discurso público “que se hagan las leyes reglamentarias del artículo 89 fracción VI Constitucional”, para que “podamos servir mejor (al país), con un respaldo jurídico que le permita al soldado hacer las cosas que la propia ley le va autorizar”.
El titular de la Sedena aseguró que dicha reforma es necesaria, ya que “nuestros soldados ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos de la delincuencia, (ya que se enfrentan) con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos”.
En respuesta, tres partidos políticos (PRI, PAN y PRD) presentaron en el Congreso su propia iniciativa de Ley de Seguridad Interior, para dotar a las Fuerzas Armadas de un marco legal que regule su participación en la guerra contra el narco.
Sin embargo, según el Instituto Belisario Domínguez, las tres iniciativas de ley presentan distintas deficiencias, empezando por que las tres incumplen con su objetivo central, que es “acotar la presencia militar en tareas de seguridad pública”.
Según el centro de estudios del Senado, en vez de limitar la participación del Ejército, estas iniciativas buscan “otorgar amplias facultades a las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública, y posibilitan una presencia militar de largo plazo, si no es que permanente”.
Aunque estas tres iniciativas persiguen objetivos “bien intencionados”, el Instituto Belisario Domínguez concluyó que los procedimientos que proponen convertir en ley “pueden resultar cuestionables”.
De aprobarse estas enmiendas legales, las Fuerzas Armadas quedarían autorizadas para realizar “investigación de delitos federales y locales”, “amenazas a la gobernabilidad”, “perturbaciones a la paz pública” e incluso “riesgos sanitarios”.
Además, por simple decisión presidencial, sería posible “la suspensión de derechos humanos”, tales como “la libertad de tránsito”, el “derecho a no ser molestados en nuestra persona, familia, papeles o posesiones”, “los derechos a no ser detenidos y a no ser objeto de violencia por parte de las autoridades”, e incluso, se permitiría “el uso de la fuerza pública para controlar actos de resistencia no agresiva por parte de la población”.
Todas estas propuestas presentadas por el PAN, PRI y PRD para atender la solicitud del titular de la Sedena, no obstante, entran en contradicción con diversos artículos de la Constitución, tal como concluyó el centro de estudios del Senado, entre los cuales están los artículos 11, 16, 22, 29 y 129 de la Carta Magna.
Asimismo, el Instituto Belisario Domínguez advirtió que ninguna de las iniciativas legales contempla “políticas especiales para la atención y garantía de las víctimas de violaciones a derechos humanos, en el contexto de las acciones contra amenazas a la seguridad interior”, y tampoco precisa “medidas específicas para garantizar el trabajo de periodistas y defensores de derechos humanos”.
Por todas estas razones, el centro de estudios del Senado determinó que la militarización de la seguridad pública no ayuda a disminuir la violencia, sino que sólo la incrementa “de forma drástica”, además de que los proyectos para normalizar legalmente la participación de militares en la guerra contra el narco atentan contra el orden constitucional.
