Tras analizar la forma en la que el gobierno de Veracruz usó los recursos que la administración federal le entregó en el año 2015, la Auditoría Superior de la Federación determinó que el hoy exgobernador Javier Duarte (actualmente prófugo de la justicia), desvió y malversó un total de 873 millones 740 mil pesos, que debían ser empleados en mantener la seguridad pública del estado.
[contextly_sidebar id=”UpYu8NHgrmPvjNflPcrJVXTdwfVJNN5h”]La Auditoría Superior de la Federación determinó, en primera instancia, que el gobierno de Javier Duarte desfalcó al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, al que en 2015 despojó de 753 millones 702 mil pesos, asignados ese año por la federación.
Para recibir los recursos destinados a seguridad pública, el gobierno de Duarte debió crear una cuenta bancaria específica, sin embargo, 97% de los recursos entregados por Hacienda fueron desviado hacia cuentas bancarias distintas y, ahora “se desconoce el destino” de ese dinero.
El otro 3% corresponde a 6 millones de pesos que no se usaron, pero que la administración de Duarte tampoco devolvió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Según la Auditoría, en 2015, el ex gobernador Duarte desfalcó 97% del presupuesto total asignado al Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública.
Debido a ello, por ejemplo, en ese año no se invirtió ni un peso en el programa de “Acceso a la justicia para las mujeres” en Veracruz, y tampoco se asignó nada al programa para el combate al secuestro en dicha entidad.
Además, este desfalco dejó al programa de evaluaciones de confianza a policías sin 95% de su presupuesto.
Igualmente, debido a este desfalco, el programa para la aplicación del nuevo sistema de justicia penal quedó sin 98% de sus recursos; el programa de “Genética forense” quedó sin 97% de su presupuesto; y los servicios de “Llamadas de emergencia 066” y “Denuncia anónima 089” fueron despojados de 60% de sus fondos.
Por otra parte, la Auditoría también detectó que el gobierno de Duarte desvió en el año 2015 un total de 61 millones 84 mil pesos que, originalmente, debían ser empleados en el “fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial”.
Según la ASF, 59.9 millones fueron retirados de la cuenta bancaria en la que Hacienda lo depositó y, en la actualidad, se ignora su destino.
Mientras que otro millón de pesos, que debía usarse en practicar exámenes a policías, fue indebidamente empleado en gastos operativos del Centro de Evaluación de y Control de Confianza de Veracruz.
De los recursos que el gobierno federal entregó a la pasada administración veracruzana para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal, el gobierno de Duarte malversó 8 millones 59 mil pesos.
El 95% de esos recursos fue desviado hacia otras cuentas bancarias y su destino se desconoce. Otros 93 mil pesos corresponden a compras realizadas con sobreprecios, y los restantes 266 mil pesos son recursos que el gobierno de Duarte no usó, y tampoco devolvió a Hacienda.
La Auditoría también detectó que la administración de Javier Duarte desfalcó 50 millones 825 mil pesos que debían ser destinados al Programa Nacional de Prevención del Delito.
De ese dinero, 48 millones 392 mil pesos fueron extraídos de la cuenta en donde los depositó Hacienda, y desaparecieron.
Mientras que otros 2 millones 433 mil pesos fueron se usaron para compras y contratación de servicios simulados.
Finalmente, la ASF detectó que la administración de Duarte también se embolsó 70 mil 123 pesos, generados por concepto de intereses bancarios de las cuentas en las que Hacienda le depositó recursos, dinero que debía ser usado en subsidio para seguridad pública de municipios.