Desvíos millonarios y programas inútiles: las irregularidades del gasto en la Cuenta 2015
Programas sociales que no funcionan, otorgamiento de contratos irregulares, movimientos bancarios fraudulentos y hasta falsificación de documentos para justificar el gasto, fueron algunas de las irregularidades con las que varias dependencias federales desviaron millones de pesos.
[contextly_sidebar id=”HWVSskTlDirvgogRX5nvnvCCg9Z6xl80″]En total, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) registró observaciones e hizo críticas por el manejo de 65 mil 193 millones de pesos, de los cuales casi la mitad (31 mil 744 millones) fueron por violaciones normativas que pudieron causar un daño al erario público; y el resto (33 mil 449 millones) corresponden a observaciones por el subejercicio de recursos.
El auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Porta, “el problema más grave” fue el abuso en las contrataciones sin licitación pública.
De acuerdo con la auditoría de la Cuenta Pública 2015, presentada este 15 de febrero en la Cámara de Diputados, cuatro dependencias otorgaron contratos millonarios sin realizar licitaciones: la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Agricultura (SAGARPA); la Secretaría de Cultura, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
A continuación, Animal Político te presenta algunos de los casos más relevantes de cómo las dependencias desviaron recursos millonarios, o no cumplieron con los objetivos establecidos, a pesar de que recibieron miles de millones para ello.
La Cruzada Nacional contra el Hambre no abate la pobreza alimentaria
La ASF volvió a criticar este programa social del gobierno de Enrique Peña Nieto. De acuerdo a sus conclusiones, persisten las “deficiencias en el diseño de la Cruzada contra el Hambre”, por lo que no ha logrado abatir la pobreza alimentaria y ni siquiera ha podido acreditar avances en este tema.
La Sedesol “no acreditó en qué medida se atendieron las carencias, ni la vinculación de los programas con las carencias que presentó cada persona, a fin de erradicar la pobreza extrema alimentaria”.
Este no es el primer año que ja Auditoría critica el programa. Según este análisis la Sedesol no ha mejorado la coordinación de los programas incluidos en la estrategia y mucho menos ha logrado erradicar la pobreza alimentaria.
La Auditoría encontró que la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre sólo sesionó dos de las cuatro veces programadas.
Noacreditó el cumplimiento de tres acuerdos suscritos en 2015, sobre las modificaciones a los Lineamientos de Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre y las recomendaciones que los consejeros emitieron sobre las Reglas de Operación de 2016 de los programas que participan en la Cruzada.
Universidades del Edomex y Zacatecas triangularon más de 800 mdp: ASF
Por quinto año consecutivo, la Auditoría Superior de la Federación detectó que dependencias federales desviaron recursos a través de contratos con universidades estatales y así eludir licitaciones públicas.
El procedimiento es el siguiente: la dependencia contrata los servicios de las universidades para la realización de un servicio, sin embargo las instituciones educativas subcontratan a otras empresas para cumplir los convenios, lo que significa una violación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
El monto del desvío asciende a 831 millones de pesos, a través de cuatro instituciones de educación superior y las dependencias involucradas son
La ASF detectó que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la de Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA) celebraron este tipo de contratos con las universidades Politécnica del Sur de Zacatecas, la Tecnológica de Nezahualcóyotl, Politécnica de Texcoco y la Tecnológica del Sur del Estado de México.
Sagarpa, con irregularidades por más de 700 mdp
La Auditoría Superior de la Federación documentó – por quinto año consecutivo – conductas irregulares en el gasto de recursos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), por lo que realizó hasta cinco auditorías forenses a esta dependencia.
En la auditoría al “Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria”, la ASF denunció que la SAGARPA cometió irregularidades en el gasto por hasta 712 millones de pesos.
Esas conductas irregulares se dividen en dos, según el informe de la ASF.
En primer lugar, SAGARPA “presentó documentación presuntamente alterada” para acreditar el gasto de 306 millones de pesos en apoyos y subsidios a beneficiarios del programa de productividad agroalimentaria “con lo cual simularon operaciones bancarias que les permitieron acceso a los recursos del subsidio o a su comprobación”.
La Auditoría señaló que los más de 300 millones se gastaron en otros conceptos – pero no especificó cuáles – que nada tenían que ver con el objetivo de impulsar la productividad y competitividad en el sector agropecuario.
Y en segundo lugar, la Auditoría apunta que SAGARPA no concluyó obras, ni llevó a cabo proyectos para mejorar la productividad y competitividad agroalimentaria por un monto de 405 millones de pesos.
Fondo de Seguridad para Estados sin la “calidad requerida” (otra vez)
La ASF encontró que las 32 entidades del país no destinan los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Púbica de los Estados y del Distrito Federal (FASP) para cumplir con tareas de seguridad.
La Auditoría concluyó que en 2015, el 70% de los recursos del FASP, que ascendieron a los 8,191 millones de pesos, no fueron aplicados a sus objetivos.
“En las auditorías practicadas por la ASF en los últimos años, se han determinado de manera generalizada recursos no aplicados en los objetivos del fondo al cierre de los ejercicios fiscales”, detalló.
También encontró insuficiencias o controles inadecuados en los procesos de autorización, planeación, programación y aplicación de los recursos del fondo.
No sólo eso, advierten que la gestión del FASP “no ha tenido la calidad requerida”, ya que es recurrente la falta de ejercicio de los recursos y el incumplimiento de los requisitos para su otorgamiento.
Asimismo, exponen que la coordinación de las entidades con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para operar el FASP ha sido en general “compleja y con tiempos excesivos para el desarrollo de los procesos de concertación”, lo que afecta la oportunidad en su ejercicio.
Con información de Nayeli Roldán, Manu Ureste y Francisco Sandoval.
