Marcha contra el gasolinazo y contra la nueva ley estatal de aguas reúne a miles en Mexicali
[contextly_sidebar id=”MhGTSlJzcqgC7SQleP0tN3YxiY30Q4uz”]Durante la marcha contra el gasolinazo y contra la recién aprobaba Ley de Aguas de Baja California, que permite la privatización del servicio, miles de ciudadanos inconformes exigieron las renuncias del gobernador Francisco “Kiko” Vega y del presidente Enrique Peña Nieto.
La marcha de este jueves 12 de enero fue la culminación de siete días intensos de movilizaciones enfocadas a exigir la derogación de la Ley de Aguas y contra el gasolinazo.
Las movilizaciones iniciaron desde el pasado 5 de enero, con la toma de las instalaciones de la planta de Pemex en el poblado La Rosita, a las afueras de la capital bajacaliforniana, la cuales fueron liberadas de forma pacífica la madrugada de ayer.
Además, desde el lunes 9 de enero pasado, cientos de ciudadanos tomaron la oficina de Recaudación de Rentas de Gobierno estatal, donde se pagan las licencias, y placas de circulación, así como una oficina anexo para el pago del servicio de agua potable.
De manera paralela, las organizaciones convocantes a la marcha de este jueves, entre las que se encuentra la “célula 686” del Congreso Nacional Ciudadano y la recién formada Asamblea por la Defensa del Agua y la Vida, recolectan de firmas para sustentar la solicitud de un referémdum abrogatorio contra la Ley de Aguas que presentarán ante el Instituto Estatal Electoral.
El cielo nublado de este jueves no bajó el ánimo de los miles de ciudadanos inconformes, quienes gritaron consignas, como : “fuera Kiko”, “fuera Peña”, “abajo la gasolina”, “abajo los impuestos”.
En la marcha participaron trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, jubilados y pensionados disidentes del ISSSTE, así como madres de personas desaparecidas en Baja California.
Y mientras el repudio contra gobernantes, legisladores y partidos políticos, encendía el ánimo en las calles y en la principal plaza del estado, las oficinas del gobierno estatal, municipal, y el poder legislativo, fueron cerradas y resguardadas por cientos de policías municipales y estatales.
En tanto, a través de sus perfiles en redes sociales, el gobernador “Kiko” Vega inició una campaña mediática para señalar que el agua no se privatiza y para prometer subsidios y descuentos “para quienes lo necesitan”. Esto a pesar de que las tarifas de agua potables se elevaron desde el 1ro de enero en un 20% en Mexicali, y hasta en 30% en Tijuana.
La marcha y mitin se desarrolló de forma pacífica y no se reportaron disturbios y/o detenciones por los cuerpos de seguridad.
Al término de la marcha, los organizadores anunciaron que el próximo domingo realizarán una concentración en el monumento a Lázaro Cárdenas, donde cruzan dos de las principales vialidades de esta capital.
Sesionaron en secreto
La nueva Ley de Aguas de Baja California fue aprobada la madrugada del 21 de diciembre de 2016 en una accidentada sesión en el Congreso del Estado, que utilizó a la fuerza pública para contener el repudio de cientos de manifestantes, que tomaron el recinto legislativo.
Escondidos en una sala de juntas de las oficinas del Congreso del Estado, 15 diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano aprobaron la iniciativa enviada por el gobernador “Kiko” Vega, que permite, entre otros aspectos, la privatización del servicio de agua potable, el aumento y liberalización de las tarifas y el corte del suministro hídrico tras 90 días de impago.
Los diputados José Félix Arango Pérez, Andrés de la Rosa Anaya, Irais Vázquez Aguiar, Eva María Vásquez Hernández, Carlos Torres Torres, Ignacio García Dworak, Sergio Tolento Hernández, Miguel Antonio Osuna Millán, Mónica Hernández Álvarez, Trinidad Vaca Chacón, Alfa Peñaloza Valdez, Raúl Castañeda Pomposo, y Victoria Bentley Duarte, del PAN; Rocío López Gorosave, del PRD; y Job Montoya Gaxiola, de Movimiento Ciudadano fueron quienes votaron a favor de la ley.
