Gobierno de Michoacán denuncia a tres exgobernadores por presunto desvío de más de 3 mil mdp
Salvador Jara, Jesús Reyna y Fausto Vallejo, los tres últimos exgobernadores de Michoacán, están involucrados en investigaciones por presunto desvío de recursos en el estado.
[contextly_sidebar id=”cdMYIFf2N2RpjgpqMHtGIBnshF7wGXDQ”]La Secretaría de la Contraloría de Michoacán presentó 10 denuncias penales en contra de los exgobernadores y otros exfuncionarios, por su presunta responsabilidad en el desvío de más de 3 mil 759 millones de pesos y delitos como peculado, fraude y abuso de sus atribuciones.
Las denuncias penales fueron presentadas este martes 17 de enero ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Procuraduría General de la República (PGR).
La secretaria de la Contraloría de Michoacán, Silvia Estrada Esquivel, detalló que se detectaron irregularidades, como la falta de pago en el fondo de aportaciones de pensionados, donde el daño patrimonial asciende a 92 millones 155 mil pesos.
También se detectó un faltante de mil 590 millones de pesos en el Instituto de la Vivienda, además de que se certificó la falta de pago de participaciones a los 113 municipios del Fondo General de Participaciones, con daños a los municipios por el orden de los 247 millones de pesos y al erario público estatal por 96 millones 807 mil pesos.
Al desglosar las irregularidades encontradas la funcionaria de Michoacán dio a conocer que en 2012 hubo un desvío de mil 594 millones de pesos para el Régimen de Protección Social en Salud y agregó que esto “es sólo el comienzo”, puesto que las irregularidades encontradas hasta ahora corresponden únicamente a lo detectado en el proceso de entrega-recepción del gobierno estatal.
Resaltó que existe la presunción de que en áreas como Salud, Educación y Seguridad Pública podrían existir más inconsistencias, las cuales, dijo, serán denunciadas en caso de ser detectadas.
Sin mencionar por su nombre a los exgobernadores y a los exfuncionarios involucrados y acusados penalmente, la funcionaria estatal indicó que las irregularidades fueron localizadas entre 2012 y 2015.
Señaló que, como parte de las revisiones, se han aplicado sanciones administrativas con inhabilitaciones para los responsables de entre uno y 10 años.
Manifestó que una vez iniciado el proceso penal, corresponde ahora a las instancias de procuración de justicia determinar si los casos documentados son judicializados o no. En este sentido, aseguró que se tiene plena confianza tanto en la PGR como en la PGJE.
