Un grupo de activistas presentó este lunes una demanda en la que se acusa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de violar la Constitución al permitir que sus negocios acepten pagos de gobiernos extranjeros.
[contextly_sidebar id=”89T6pVdVR5f78HiK8HR9Rh39aiB40F3f”]Trump viola la cláusula constitucional de honorarios, que por ejemplo, prohíbe recibir dinero de diplomáticos por estadías en sus hoteles, o el alquiler de oficinas en sus edificios, dice la demanda presentada en Nueva York por el grupo Citizens for Responsibility and Ethics.
Los términos estipulados en esa cláusula han sido disputados por algunos expertos jurídicos, por lo cual es probable un enfrentamiento judicial con la Casa Blanca.
La cláusula de emolumentos extranjeros de la Constitución, insistió el grupo en un comunicado, prohíbe que Trump reciba algo de valor de gobiernos extranjeros, sin la aprobación del Congreso.
“Estoy muy orgulloso de presentar esta demanda para detener al Presidente Trump y su búsqueda continua de la riqueza personal, y su disposición a servir a los intereses extranjeros para alimentar esa riqueza, por delante de los intereses y necesidades de los ciudadanos estadounidenses y organizaciones de vigilancia como CREW”, expresó el profesor de la Facultad de Derecho de Harvard, Laurence H. Tribe.
“Está claro que solo la fuerza judicial acabará con el desprecio flagrante de Trump a la barrera fundamental que los redactores de la Constitución erigieron contra las decisiones presidenciales impulsadas por la codicia personal”, agregó.
Así se está enriqueciendo Trump de fondos de gobiernos extranjeros, según la demanda presentada contra él este lunes: pic.twitter.com/szRwECN3eF
— Fernando Peinado (@FernandoPeinado) January 23, 2017
La directora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca, Hope Hicks, afirma que “el presidente no tiene conflicto alguno”, y dijo que cualquier respuesta está contenida en las declaraciones ofrecidas por Sheri Dillon, una abogada de Trump, en una conferencia de prensa días atrás.
Dillon dijo que la prohibición constitucional no abarca transacciones comunes, como pagar una habitación de hotel o alquilar una oficina.
“Nadie hubiera pensado que la Constitución hablaría de pagar una factura de hotel”, dijo Dillon en esa conferencia de prensa.
El grupo activista conoce los retos legales que enfrenta su demanda.
“Nunca hemos tenido un presidente que esté aceptando de manera significativa pagos de gobiernos extranjeros”, dijo el director del grupo, Noah Bookbinder.
“Hay diversos asuntos que serán objeto de litigio por primera vez”, agregó.
President Trump wouldn't end his business deals with foreign governments, so we're suing him to stop them https://t.co/aUccIYSSRk
— Citizens for Ethics (@CREWcrew) January 22, 2017
Bookbinder dijo que su grupo argumentará que la violación constitucional perpetrada por el presidente está obligando a su organización a dedicar todos sus recursos a ese tema, y por lo tanto está socavándola.
En la conferencia de prensa de días previos, Trump dijo que entregaría el control de su empresa a sus dos hijos adultos, aunque rechazó vender los negocios.
Anunció otras medidas para responder a críticas de que su interés financiero como titular de una compañía mundial de bienes raíces entra en conflicto con su rol como servidor público.
Por ejemplo, prometió que su compañía no firmará más contratos en el extranjero.
Además prometió que cualquier ganancia obtenida por el uso que un gobierno extranjero haga de sus hoteles iría al Tesoro estadounidense.
De acuerdo con un análisis de la cadena CNN, Trump posee o tiene una posición en al menos 564 empresas y sociedades que han hecho negocios en al menos 25 países extranjeros.
Con información de AP