Gobierno de Duarte en Chihuahua retenía salarios a servidores públicos para entregarlos al PRI
Durante la administración del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, se retuvieron ilegalmente los salarios de algunos servidores públicos para presuntamente entregarlos como aportaciones al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Lo anterior fue denunciado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) del estado ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade)
[contextly_sidebar id=”eYeleQPjADyCr4yi9cl4yyTLZeTfLpM5″]El pasado 5 de diciembre, Stefany Olmos, titular de la SFP de Chihuahua, presentó una denuncia formal ante la Fepade, para que se investiguen penalmente “los hechos posiblemente constitutivos de delito electoral, por las retenciones que se hicieron a funcionarios durante la pasada administración, para entregar y beneficiar al PRI”, informó el gobierno estatal.
Tan solo de enero a diciembre del 2015, el monto asciende a 14 millones 617 mil 881 pesos de retenciones de la Administración Pública Estatal centralizada. El total retenido y entregado al PRI durante toda la administración de César Duarte, de 2010 a 2016, supera los 79 millones de pesos.
Como parte de la denuncia, se adjuntó evidencia documental, que muestra cómo los descuentos, realizados por la Secretaría de Hacienda a más de 700 servidores públicos, fueron entregados al secretario de Administración y Finanzas del PRI de Chihuahua, quien “recibió el efectivo como ‘aportaciones del Ejecutivo para el PRI Estatal’”.
Entre las pruebas presentadas están la relación de todos los servidores a quienes les fue retenido parte de su salario, los “talones de pago” en los que se observa el monto que correspondía a cada persona y el monto que recibió realmente cuando aplicaron el descuento ilegal, copias de los cheques debidamente autorizados y los recibos firmados por el secretario de Administración y Finanzas del PRI estatal.
Anteriormente, César Duarte fue acusado de crear empresas fantasma a las que se les entregaron millones de pesos por adjudicación directa y de utilizar helicópteros del gobierno estatal para visitar el rancho de su familia.
Además, el exgobernador cuenta con una investigación de la PGR para comprobar si hay dinero federal en los depósitos por cerca de 80 mil millones de pesos que hizo el gobierno de Chihuahua en un banco donde el gobernador invirtió recursos propios a través de un fideicomiso.
La Ley General en Materia de Delitos Electorales establece en su Artículo 11 una pena de dos a nueve años de prisión para aquel servidor público que “Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política”.
