Centroamérica, la víctima colateral de la guerra contra el narcotráfico en México
La guerra contra las drogas en México cumple una década. Pero entre el saldo de decenas de miles de personas muertas, desaparecidas o desplazadas que provoca, existe una víctima colateral de la que poco se habla: Centroamérica.
[contextly_sidebar id=”rDCyltfLi9JJB8pxK9bbIcHSyeYxQPMT”]Desde hace varios años la región padece una intensa ola de violencia que según especialistas se debe, en parte, a la operación de carteles mexicanos.
El combate militar a estas organizaciones en su país de origen aceleró que migraran hacia América Central, donde ya tenían presencia desde los años 90.
Con la guerra que emprendió el expresidente Felipe Calderón cambió el escenario, le dice a BBC Mundo Roberto Orozco, director del Centro de Investigación y Análisis Estratégico de Nicaragua.
“Se fortaleció la presencia de los carteles mexicanos en toda Centroamérica”, explica.
“Eran, por decirlo de alguna manera, dueños del algunas líneas de tráfico” en la región.
Así, sobre todo para los países del Triángulo Norte –Guatemala, Honduras y El Salvador– estos grupos son ahora uno de los principales problemas internos, reconoce la ONU.
En ese sentido, el informe 2015 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) advierte que el tráfico de drogas “se ha convertido en una importante amenaza para la seguridad”.
Y encarna, además, un desafío mayor, porque las organizaciones criminales operan en varios países, le dice BBC Mundo Eduardo Stein, exvicepresidente de Guatemala.
“Los gobiernos van a la zaga en articular legislaciones más ágiles que permitan a los cuerpos de seguridad funcionar también de forma transfronteriza”, explica.
“En el caso del narcotráfico el problema es mucho más grave, por las cantidades tan grandes de dinero que han logrado corromper estructuras públicas, comenzando por las policías”, añade.
El inicio
El entonces presidente de México, Felipe Calderón, declaró la guerra contra las drogas el 10 de diciembre de 2006.
Fue durante el lanzamiento de la Operación Michoacán, la primera acción militar de su gobierno contra los carteles que, según las autoridades mexicanas, mantenían el control de extensas zonas del país.
Todos los países de Centroamérica padecen la guerra contra las drogas de México.Desde ese momento el conflicto provocó la muerte de unas 100.000 personas y la desaparición de otras 27.000, según datos de la Secretaría de Gobernación y el Sistema Nacional de Seguridad Publica.
También hubo desplazamientos de comunidades y pueblos, aunque no se conoce una cifra exacta de afectados.
Una encuesta de la empresa de opinión pública Parametría estima que son 1,7 millones, casi el 2% del total de la población del país.
Pero el informe especial sobre desplazamiento forzado interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dice que las víctimas son 35.433.
El documento se presentó en mayo de este año.
La mayor parte del combate a las organizaciones criminales lo realizó el Ejército y la Marina, con apoyo de la Policía Federal.
Felipe Calderón declaró la guerra contra las drogas el 10 de diciembre de 2006.De esta manera carteles como Los Zetas, el de Sinaloa y el del Golfo movieron parte de sus operaciones a Centroamérica.
Y a ellos les siguieron La Familia Michoacana y el grupo que le sucedió, Los Caballeros Templarios.
“Estación de servicio”
En Centroamérica los efectos de la guerra de México contra el narcotráfico se sintieron pronto.
En 2007, de acuerdo con la consultora Stratfor, sólo el 1% de la cocaína que se enviaba a Estados Unidos pasaba por territorios centroamericanos.
Hasta entonces, la mayor parte del trasiego se realizaba por vía marítima o aérea.
Pero casi una década después el panorama es distinto.
El informe sobre estrategia internacional de control de narcóticos de 2016 del Departamento de Estado revela que el 90% de los cargamentos de la droga cruzaron primero por América Central.
Muchos de los cargamentos pertenecen a organizaciones mexicanas, especialmente al Cartel de Sinaloa, la que domina el tráfico en la región, señala Roberto Orozco.
La guerra contra las drogas ha dejado un saldo de unas 100.000 personas muertas y 27.000 desaparecidas en México.Pero esa es una parte del problema.
Para mover la mercancía los mexicanos desplazaron, primero, a algunas organizaciones criminales de la zona.
Y después contrataron a otros grupos para asegurar el trasiego. Entre los más conocidos están las pandillas, que incrementaron su poder en el Triángulo Norte.
También aumentó la criminalidad, especialmente la vinculada por la operación de carteles, como ocurre en Guatemala, Honduras y El Salvador.
“Ahora enfrentamos tipos de violencia asociadas directamente a la criminalidad organizada y los controles territoriales que llevan a cabo las pandillas”, explica Stein.
“Su alianza con la delincuencia organizada ha hecho que las Maras sean una especie de instrumento de control territorial para los carteles”.
El analista Orozco coincide. “Centroamérica se convirtió en una especie de centro de servicio para los carteles mexicanos”, asegura.
“En riesgo la estabilidad”
La violencia en Centroamérica es una de las consecuencias de la primera década en la guerra contra las drogas en México, coinciden analistas.
Otra es la influencia de los carteles en la política regional. Hace unos años, por ejemplo, se mantenían ajenos a la política.
Carteles como Los Zetas, Sinaloa y del Golfo movieron parte de sus operaciones a Centroamérica.
Ya no es así, reconoce el exvicepresidente de Guatemala. “El narco esperaba el resultado electoral para ver que alcaldes se habían electo y entonces amenazarlos o corromperlos”, cuenta.
“Ahora postulan a sus candidatos y desalientan violentamente cualquier competencia para asegurarse los corredores de ilegalidad”.
El resultado es una serie de problemas que no sólo afectan a los círculos políticos, reconocen organizaciones como la Oficina en Washington para América Latina (Wola, por sus siglas en inglés).
“Lo que se ha visto en la región es la capacidad de la criminalidad organizadapara generar corrupción e infiltrarse en las instituciones“, le dice a BBC Mundo Adriana Beltrán, responsable del programa de Seguridad ciudadana de Wola.
Es un problema que supera a la criminalidad. “Pone en riesgo el estado de derecho y la gobernabilidad”, insiste Beltrán.
