Después de 145 entrevistas a víctimas y testigos del operativo realizado en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio, y la investigación con fuentes oficiales, cuatro organizaciones sociales concluyeron que los policías que participaron en los hechos cometieron ocho tipos de violaciones a los derechos humanos, evidenciando además que el gobierno federal no ha investigado de manera expedita ni resarcido los daños a las víctimas y sus familias.
[contextly_sidebar id=”F1U5nUyiEStQx8mi20z4oi5G8YU9FMkM”]Así lo establecieron el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, Fundar, el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca y Luna del Sur, en el informe: “Operativo Oaxaca, 19 de Junio”, en las que se documentan las violaciones a derechos humanos ocurridas en Nochixtlán, Huitzo, Telixtlahuaca, Hacianda Blanca y Viguera.
Aunque la atención ha estado centrada en el operativo, las organizaciones sociales documentaron los casos de 81 víctimas más, incluidos heridos de bala, en Huitzo y Telixtlahuaca, poblados por los que el convoy policiaco tomó ruta de regreso hacia Oaxaca después del enfrentamiento en Nochixtlán.
Este sábado 19 de noviembre se cumplen cinco meses del operativo realizado por policías estatales, federales y elementos de la Gendarmería para retirar un bloqueo en la autopista México-Oaxaca que mantenían maestros como parte de las protestas contra la reforma educativa.
Hasta el momento, la Procuraduría General de la República no ha informado nada respecto a la investigación para aclarar qué sucedió en el operativo que dejó ocho muertos y más de 100 heridos sólo en Nochixtlán, Oaxaca.
El informe de las organizaciones de derechos humanos considera que las investigaciones de la PGR han sido “muy lentas y poco transparentes”, bajo el argumento que la negativa de los pobladores para permitir las actuaciones ministeriales.
Además, apenas el 3 de octubre pasado los familiares de los fallecidos tuvieron acceso a una copia del expediente y “antes de ello no había ningún tipo de información por parte del órgano investigador a las familias”.
Hasta el momento, “no es público si ya fueron examinadas las balas extraídas de los cuerpos de los fallecidos por peritos en balística para determinar los calibres. Tampoco han podido realizarse peritajes que aportarían datos clave para poder reconstruir los hechos y fincar responsabilidades dentro de los cuerpos policíacos presentes durante el operativo”, acusa el informe.
El documento de las organizaciones identifica que el 19 de junio pasado, los policías que realizaron el operativo cometieron violaciones a derechos humanos, contraviniendo pactos internacionales, por lo cual la responsabilidad recae en el Estado Mexicano.
De acuerdo con los testimonios recabados, los policías llegaron al lugar del bloqueo alrededor de las 7:30 de la mañana lanzando gases lacrimógenos, lo que contradice la versión oficial sobre un supuesto diálogo para pedir el retiro.
Minutos después de las 8 horas, se escucharon los primeros disparos. Según los testigos, los policías eran quienes portaban y disparaban las armas de fuego. Aunque la Policía Federal argumentó que los manifestantes atacaron a tiros a los uniformados. Sin embargo, refiere el informe, “hasta el momento no se ha encontrado material gráfico sobre este supuesto”.
De acuerdo con la información publicada por Animal Político, los manifestantes respondieron al operativo con bombas molotov, cohetones y palos. Pero siete de los fallecidos murieron a causa de disparos.
La Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca documentó que 155 civiles resultaron heridos, 84 de ellos por arma de fuego; la Policía Federal reportó 73 elementos lesionados, aunque no aclaró de qué tipo; la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca reportó 25 elementos lesionados.
“Estos datos contrastan con la información del Heroico Cuerpo de Bomberos que reportó un total de 18 policías heridos: 11 estatales, 5 federales y 1 elemento de la Gendarmería; de ellos dos fue por bala y uno por esquirla de escopeta en la cara”, dicen los defensores de derechos humanos.
Por tanto, el informe concluye señalando las violaciones cometidas:
Después de la investigación, las organizaciones sociales hacen las siguientes recomendaciones en el informe:
1.- Es necesario que los cuerpos de seguridad estatal y federal cuenten con protocolos de actuación en todos los operativos policiales, donde los agentes actúen bajo los más altos estándares en materia de derechos humanos, sobre todo al hacer uso de la fuerza, misma que debe ser usada bajo los principios de legalidad, racionalidad, congruencia, oportunidad, proporcionalidad, presunción de inocencia y no autoincriminación.
2.- Garantizar la gobernabilidad en Nochixtlán y Oaxaca, porque la ausencia de las autoridades y su omisión es causa de fuertes tensiones y polarización social.
3.- Es prioritario y urgente realizar una investigación exhaustiva, imparcial y transparente para que se deslinden responsabilidades de los servidores públicos involucrados en las violaciones a los derechos humanos del día 19 de junio de 2016, sean por acción u omisión.
4.- Que la PGR otorgue información sobre las investigaciones que se encuentren realizando, en atención al principio de publicidad y transparencia del sistema acusatorio, implementando un sistema de información periódico que garantice el derecho a una adecuada defensa y el acceso a la justicia.
5.- Que la CNDH emita una recomendación exhaustiva, acorde a las violaciones a los cometidas el 19 de junio, que contemple los tres niveles de gobierno.
6.- Que los organismos de defensoría de derechos humanos nacionales e internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos vigile el estado de las investigaciones.
7.- Que se evite la estigmatización y revictimización por parte de las autoridades así como garantizar el acceso a atención médica y psicológica para todas las víctimas directas e indirectas, tanto de Nochixtlán como de las otras localidades afectadas.
8.- Que las autoridades de los tres niveles comiencen a trabajar en la reparación integral del daño. Es imprescindible un diagnóstico de las necesidades no sólo individuales de las víctimas sino también sociales y comunitarias de los diferentes municipios afectados.