Los diputados ignoran la petición ciudadana y amplían el mandato de los magistrados electorales
[contextly_sidebar id=”gMGf4siSO1q37XfjNS9jKRzFvNilxifO”]El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la ampliación de mandato de cuatro magistrados electorales en la sesión de este jueves 3 de noviembre, con 335 votos a favor, 84 en contra y 3 abstenciones. La reforma será publicada en el Diario Oficial de la Nación y los magistrados rendirán protesta, por segunda vez, en el Senado mañana.
El proceso de reforma a Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación fue rápido en el Legislativo. El jueves 27 de octubre, los senadores aprobaron la modificación para ampliar el plazo de los magistrados que sólo estarían tres y seis años.
Este jueves a mediodía, mientras organizaciones civiles entregaban 20 mil firmas en la Cámara de Diputados para rechazar la ampliación del periodo, la Comisión de Justicia del Congreso avaló la minuta. Minutos después fue discutida por el pleno.
Se trata del “ultra más rápido fast-track del poder legislativo; es una verguenza” dijo el perredista Guadalupe Acosta Naranjo en tribuna, debido a la celeridad de la modificación legal.
A través de una petición en Change.org, 20 mil personas pidieron a legisladores que rechazaran la iniciativa para ampliar el mandato de cuatro magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, aprobada por el Senado el 28 de octubre pasado.
Sin embargo, sólo los diputados Vidal Llerenas, de Morena, y Javier Nava, del PRD, recibieron a los representantes de las organizaciones México A.C., Ala Izquierda, DHP, Change.org y Observatorio Electoral para entregar las firmas.
Al mismo tiempo, la comisión de Justicia aprobó la minuta con 18 votos a favor del PRI, PAN y PVEM; mientras que los cuatro votos en contra fueron del PRD, Movimiento Ciudadano y Morena. Por lo tanto, la minuta será discutida en el pleno de la Cámara en la sesión.
Alejandro de Coss, representante de Ala izquierda, aseguró que se trata de una “cerrazón total que impide escuchar no sólo las voces críticas sino la ley, una desconexión entre el trabajo legislativo y el escuchar a los ciudadanos”.
La rápida reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, forma parte de la “lógica que viene operando con nombramientos como el de Eduardo Medina Mora (en la Suprema Corte de Justicia de la Nación), del nuevo procurador Raúl Cervantes”, dice de Coss.
Considera que la ampliación de mandato hasta por hasta nueve años y la forma en que asignaron a los magistrados pone en evidencia que las bancadas quieren “manejar lo público como si fuera privado y cubrir cuotas, hacerse favor entre ellos”.
Las organizaciones acusaron que el procedimiento legislativo ha sido “acelerado y desaseado”, porque en el Senado hubo la tachadura de una firma y el cambio, de última hora y en violación del procedimiento legislativo.
La reforma es inconstitucional porque viola el procedimiento de designación establecido en la Constitución, el principio de separación de poderes y el artículo 13 constitucional en tanto es una ley privativa, aseguran las organizaciones.
Apenas el 20 de octubre, los magistrados rindieron protesta, pero lo tendrán que hacer mañana de nuevo tras la modificación a la ley.
Por lo tanto, el Tribunal quedará conformado de la siguiente manera a partir de este viernes 4 de noviembre:
José Luis Vargas Valdez y Indalfer Infante Gonzales, originalmente estarían del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2019, pero ahora tendrán el cargo hasta el 31 de octubre de 2021.
Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, estarían hasta el 2022, pero ahora durarán en su cargo hasta el 31 de octubre de 2024.
En tanto, Felipe de la Mata Pizaña, Mónica Arali Soto Fregoso y Janine Madeline Otálora Malassis tendrán el mismo periodo, que vence hasta el 31 de octubre de 2025.
De acuerdo con la diputada priísta Martha Tamayo, aseguró que el Congreso respetó los procesos legislativos y “apenas estuvimos a tiempo” para hacer las modificaciones, toda vez que este viernes los magistrados entrarán en funciones, como establece la ley.
Con esto, dice, se busca “dar mayor independencia y certidumbre a los magistrados”. De no haberlo hecho, insiste, “tendríamos que esperar tres años para hacer la modificación”, pero es mejor que “ya se fueran con el nombramiento”.
