La PGR sin evidencias suficientes para probar que existe el cártel de Guerreros Unidos: juez
El pasado 2 de septiembre de 2016, un juez federal de amparo determinó que la Procuraduría General de la República no cuenta con pruebas suficientes para demostrar la existencia de la organización delictiva Guerreros Unidos, a la que las autoridades atribuyen el secuestro y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrido en la ciudad de Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.
[contextly_sidebar id=”zAXf3I7zSPiqgSc96XuRKEd1Bv2CjCMC”]Luego de analizar las imputaciones formuladas contra Sidronio Casarrubias (a quien la PGR arrestó en octubre de 2014 y al que identifica como uno de los principales líderes de Guerreros Unidos), el juez Óscar García Vega concluyó que “del caudal probatorio que obra en el sumario (de la causa penal) no se aprecian indicios suficientes para acreditar que existe la organización permanente o reiterada, de forma jerarquizada de tres o más personas”.
En su resolución, el juez federal explica que, “para acreditar la existencia del conglomerado criminal Guerreros Unidos”, la PGR citó como evidencias tres autos de formal prisión emitidos en 2012 y 2013 contra presuntos integrantes de ese grupo delictivo, sin embargo, la PGR nunca presentó dichos autos de formal prisión, sólo proporcionó la clave de identificación de cada uno de los tres expedientes, y le pidió al juez que rastreara dichos expedientes a través de internet.
“Se considera –señala la resolución– que la autoridad ministerial debió aportar las copias certificadas de los autos de plazo constitucional (autos de formal prisión) con los que pretende probar la existencia de la organización criminal a la que alude”, lo cual, se subraya, “no ocurrió”.
Pero aún cuando la PGR hubiera presentado copia de dichos expedientes, éstos tampoco habrían sido válidos, ya que, tal como explica el juez en su resolución, un auto de formal prisión se emite contra un presunto inocente, que será juzgado para determinar si es culpable de algún delito. Es decir, el auto es emitido antes de saberse si efectivamente existió delito o no.
Peor aún: las evidencias aportadas por la PGR ni siquiera prueban fehacientemente que dicho grupo criminal exista.
Por otra parte, detalla la resolución, la PGR también presentó las declaraciones ministeriales de Casarrubias y otros detenidos, como evidencia de la existencia de Guerreros Unidos.
Sin embargo, nuevamente, dichas declaraciones fueron desechadas por el juez, ya que Casarrubias y los otros detenidos nunca reconocen ser parte del cártel Guerreros Unidos, sino sólo haber vendido droga.
La PGR también presentó declaraciones de otros inculpados que reconocieronn pertenecen a Guerreros Unidos, pero, según el juzgador, estas actas ministeriales sólo prueban “que en determinada fecha una persona compareció ante el MP”, pero no prueban que lo que hayan dicho esas personas sea verdad.
Por esa razón, el juez determinó que dichas evidencias “no son aptas para acreditar la existencia del grupo criminal Guerreros Unidos, por las razones expuestas, pero tampoco demuestran la pertenencia del inculpado Sidronio Casarrubias Salgado a dicho conglomerado, toda vez que del análisis de las documentales relativas a las declaraciones ministeriales en cuestión, se advierte que sólo se señalan nombres de algunas personas que se dedican a realizar actividades ilícitas en diversos lugares en el estado de Guerrero, sin embargo, tales desposados son insuficientes e ineficaces para acreditar una estructura (criminal organizada)”.
De hecho, subrayó, “no existe constancia que, aún de manera indiciaria, sustente la imputación” formulada por la PGR en contra de Casarrubias.
No obstante, el mismo juez emitió un nuevo auto de formal prisión contra Casarrubias, esta vez sólo por el delito agravado de portación de arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas, ya que cuando fue detenido estaba en posesión de una pistola y fusiles de asalto.
Así, Casarrubias permanecerá en prisión mientras es juzgado por el delito de portación de armas, cuya pena, en caso de ser hallado culpable, podría ir de tres a diez años de prisión.
