[contextly_sidebar id=”EHc8uh8PewS6whDY0jWZrx1z0utzfeGq”]La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió investigar a 42 funcionarios del Gobierno de Morelos, entre ellos al exfiscal estatal Rodrigo Dorantes por las fosas ilegales de Tetelcingo.
La solicitud para investigar a los funcionarios es parte de la recomendación 48/2016, en la que la CDNH concluyó que las autoridades de Morelos dieron un trato poco digno a los cadáveres inhumados en dos fosas irregulares en Tetelcingo.
Al presentarla, el segundo visitador general de la CNDH, Enrique Guadarrama, confirmó que 119 cuerpos fueron inhumados de manera irregular, en dos fosas de 6 metros de largo, 3 de ancho y 3.5 de profundidad, cada con capacidad real para tres cuerpos.
La Comisión también detectó irregularidades en la integración de las carpetas de investigación sobre los 119 cadáveres. Además de que en cuatro casos los cadáveres fueron identificados pero no fueron entregados a sus familiares.
La Fiscalía dio a conocer 99 carpetas de investigación, por lo que de los 20 casos restantes no se tiene constancia de la dependencia haya realizado alguna gestión o procedimiento para determinar las causas del deceso o identificar plenamente a las personas fallecidas.
44 personas murieron por causas violentas, sin embargo la Fiscalía no investigó las circunstancias en las que perdieron la vida o identificaron a los probables responsables.
En 29 de las carpetas de investigación no existe registro o constancia de “fecha de solicitud de inhumación” de los cadáveres y 67 de las carpetas de investigación no cuentan con “informe de genética”.
Tampoco se tienen constancia de “cadáver no identificado” elaborada por el Ministerio Público en 63 carpetas de investigación.
En 35 carpetas de investigación la constancia de “cadáver no identificado” fue elaborada de manera extemporánea, incluso años después.
En 15 de las carpetas de investigación no hay documental que acredite que se le haya realizado la necropsia de ley a los cadáveres que fueron inhumados.
Sobre el terreno donde se localizaron las fosas, la Comisión responsabilizó al Ayuntamiento de Cuautla de no verificar que el terreno habilitado como panteón contara con todos los requerimientos y especificaciones.
Entre ellos contar con una concesión expedida por el Ayuntamiento, que según la CNDH no se dio a este terreno.
En su recomendación 48/2016, la CNDH pidió al gobernador Graco Ramírez reparar el daño a los familiares de los 4 cadáveres que sí fueron identificados, brindándoles atención médica y psicológica además de una indemnización justa.
También deberá, en un plazo de 6 meses, investigar a los panteones que estén operando de manera irregular.
A la Fiscalía del estado la Comisión recomendó ofrecer una disculpa pública institucional a las víctimas y sus familiares por las violaciones a derechos humanos.
Así como diseñar e impartir cursos de capacitación dirigidos a los agentes del Ministerio Púbico y peritos de la Fiscalía General de Morelos sobre identificación, manejo y conservación de cadáveres.
A continuación puedes consultar la recomendación completa: