[contextly_sidebar id=”qXEDgNquZIpqY9PGSvluw81fp5hnMka9″]A Yarold Christian Leyte Quintanar lo condenaron 32 años de cárcel tras confesar que asesinó en febrero de 2012, en un fraccionamiento ubicado en el puerto de Veracruz, a una empleada del banco ‘Compartamos’ porque no quería pagar una deuda de 30 mil pesos.
Tras la confesión, Yarold denunció que lo hizo obligado por la tortura aplicada por los policías de la extinta Agencia de Investigación Veracruzana (AVI), quienes lo obligaron a declararse culpable.
Los propios peritos forenses de la Procuraduría de Justicia de Veracruz confirmaron en el expediente numerosas inconsistencias en las investigaciones del caso, como contradicciones en la forma en que presuntamente Yarold mató a la víctima y posteriormente la cargó 25 metros hasta un departamento abandonado para simular un robo, sin dejar ni una gota de sangre en el trayecto aun cuando ésta fue apuñalada.
Además, el Ministerio Público nunca investigó las amenazas de muerte que recibió la trabajadora bancaria días antes del asesinato, en palabras del propio hermano de la víctima.
A partir de entrevistas y de una revisión del expediente, Animal Político documentó las inconsistencias en el caso de Yarold Leyte, bautizado por la prensa veracruzana como ‘El asesino de Valle Alto’.
La voz de Yarold Leyte sonaba algo entrecortada por las interferencias al otro lado del aparato telefónico. Originario de la Ciudad de México, habló con Animal Político desde un penal de Veracruz, donde lleva cumplidos 4 de los 32 años y medio a los que fue condenado por el asesinato de María Teresa G.G., empleada del banco Compartamos.
Sereno, el joven de 34 años narró que durante la “investigación exhaustiva” que hicieron los detectives sobre su caso, las cosas sucedieron de manera muy distinta a lo publicado por la prensa. Y que si bien es cierto que confesó el asesinato en su declaración ministerial, lo hizo bajo tortura.
Todo comenzó el 13 de marzo de 2012, sobre las 17 horas. Ese día los dos mismos agentes de la AVI que el 8 de marzo fueron a la casa de Yarold a hacerle unas preguntas “de rutina” sobre el homicidio ocurrido el 28 de febrero en una casa abandonada frente a su casa, se apersonan de nuevo en el domicilio y con la excusa de que no anotaron bien su número telefónico le pidieron acceder al inmueble sin una orden judicial para luego detenerlo.
Tras insistirle a los policías que era inocente y que no conocía a la víctima, estos le dijeron:
-Mira chavo, ya te fregaste. Sabemos que tú mataste a esa mujer porque le debías dinero.
Yarold les aseguró que no sabía de qué le hablan, porque que no tenía deudas con el banco donde trabaja la víctima.
-No te preocupes –le respondieron-. Allá en la AVI te vamos a hacer hablar.
En las instalaciones de la AVI los policías lo llevaron a una especie de “cobachita” que hace las veces de celda. Allí lo despojaron de su ropa. Le colocaron vendas en los brazos, en la cabeza, y en los ojos. Y lo tiraron al suelo para propinarle cachetadas y patadas por todo el cuerpo, además de darle toques eléctricos en la pierna izquierda y en los testículos.
Después de torturarlo, a Yarold lo llevaron “ante un comandante” que lo tranquilizó diciéndole que creía que él no había matado a María Teresa; acto seguido le exigió que le diera el número de teléfono de su esposa y su dirección. “Porque si no la mataste tú –le dijo-, entonces la mató ella”.
Yarold le marcó a su esposa, separados por problemas personales, para pedirle que se vieran en un punto de la ciudad. Ésta aceptó a regañadientes porque ya era tarde, y se trasladó hasta una calle con sus dos hijos, de seis y dos años de edad.
Yarold iba a bordo de una camioneta blanca y sin logotipos de la AVI, de la cual los agentes se bajaron para detener a su esposa, a la que trasladaron en otra camioneta dejando a los niños con una señora que paseaba por la zona.
De vuelta a la AVI, la pesadilla arrancó de nuevo. Yarold no podía ver a su esposa, pero sí la escuchaba llorar y gritar con cada cachetada que le daban los policías.
-Cuando estoy escuchando todo esto, el comandante me agarra la cabeza. Saca la pistola, corta cartucho y hunde el cañón en mi ojo derecho y me dice: ‘Mira, aquí tienes de dos moles: o te avientas la bronca y declaras que tú la asesinaste. O dos, ahorita mato a tu esposa y a tus tus hijos, y luego te mato a ti, te tiro al río en una bolsa, y te escribo un letrerito diciendo que eres un zeta’.
Con la presión en el ojo del cañón, Yarold se quebró y pidió que no le hicieran daño a su esposa e hijos. A cambio aceptaría declararse culpable.
Según el expediente judicial revisado por Animal Político, Yarold en su declaración ministerial incurrió en numerosas contradicciones que ponen en entredicho la “investigación exhaustiva” de los detectives.
Por ejemplo, Yarold no sabe cómo mató a la víctima. Según la causa penal 88/2012-V, el joven declaró que la víctima murió “por asfixia como consecuencia de una llave ‘china’” que le aplicó cuando María Teresa G. G. lo amenazó con un cortaúñas.
El Certificado de Necrocirugía emitido por el doctor Gustavo Amador Cerón, según consta en la foja 113 del expediente, estableció que la causa de muerte de la víctima fue “una herida cortante penetrante de abdomen” de unos 20 centímetros, aproximadamente, “que produjo exposición de vísceras con sección de las mismas y hemorragia aguda”.
Otra inconsistencia.
Aunque Yarold declaró que mató a la joven por asfixia, luego relató que tras un forcejeo entre él y la víctima ambos caen sobre una mesa de cristal que se rompe, lo que provoca que ella se clave un cristal roto en el abdomen y se haga cortaduras en la mano.
El perito criminalista de la propia Procuraduría, Ernesto Andrés Sánchez Castillo, concluyó en su dictamen que la herida de 20 centímetros no fue ocasionada por un cristal, sino por una lesión profunda ocasionada por “un arma punzo cortante”. Además, el médico legista no certificó ninguna lesión en las manos de la occisa.
Yarold declaró que tras comprobar que la víctima no tenía signos vitales, la abandonó durante cuatro horas tirada en el suelo de su domicilio, dejando ésta un charco de sangre. Y que posteriormente cargó a la víctima y la trasladó al domicilio de enfrente que estaba abandonado para simular un asalto.
El perito de la Procuraduría estableció que esto tampoco es cierto. Ya que en el lugar del hallazgo del cadáver se localizó un charco de sangre de “2 metros y medio de longitud”, mientras que en la casa de Yarold no se encontró nada.
A las mismas conclusiones llegó el perito de la defensa, Miguel Ángel Cruz Hernández, quien dijo que no hay ninguna prueba de rastros de sangre en la banqueta, en la entrada de la casa, o afuera de la recámara de Yarold.
En un documento oficial del Banco Compartamos, integrado en la foja 190 del expediente, el gerente de la oficina de Servicios de la institución financiera, Raúl Hernández Durán, aseguró que Yarold no tenía ninguna deuda con ellos, por lo que la empleada María Teresa “no tenía asignado cobrarle deuda”.
Aparte, en la investigación de los hechos, no se señala la hora en que fue detenido Yarold, tampoco la hora en que fue presentado ante el Ministerio Público, ni la hora en que se tomó su declaración.
Sólo se precisó la fecha del 14 de marzo de 2012, y se certificó que se llevó a cabo una inspección del domicilio de Yarold a las 01.20 horas del 14 de marzo, lo cual, según el abogado defensor, esto implicaría que “todos estos hechos, la detención por elementos de la AVI, la presentación ante el MP, la toma de declaración y las diligencias de inspección ocular del domicilio, ocurrieron en un espacio de una hora y veinte minutos”.
Por último, la defensa de Yarold criticó que las autoridades no hayan investigado las amenazas que recibieron la víctima y su pareja día antes del homicidio.
Situación que fue revelada por el propio hermano de la víctima en su declaración rendida durante la diligencia de identificación del cadáver.
Ante estas inconsistencias, el abogado defensor de Yarold solicitó a un juez la libertad del inculpado, alegando que la única prueba en su contra era la confesión obtenida bajo tortura.
El juez no concedió la libertad, y el caso fue turnado a un tribunal federal colegiado, donde se estudia otro amparo interpuesto por la defensa para tratar de obtener la libertad del inculpado.
Mientras llega la resolución del amparo, Yarold -a quién no se le ha efectuado el Protocolo de Estambul para determinar si padeció tortura a manos de policías ministeriales veracruzanos-, continúa condenado a más de 30 años de cárcel por una investigación repleta de inconsistencias.