Arpaio es acusado formalmente de desacato penal a la corte
El jefe de policía de la zona metropolitana de Phoenix, Joe Arpaio, fue acusado el martes de desacato penal por no obedecer la orden de un juez en un caso de encasillamiento racial, lo que lo sitúa en una difícil posición cuando faltan dos semanas para los comicios en los que buscará un séptimo periodo en el cargo.
[contextly_sidebar id=”GAGRPceQiHufaFCrinKDSDndtfh0HCgK”]Los fiscales prometieron hace dos semanas que acusarían a Arpaio, pero el cargo por ese delito menor no fue presentado oficialmente contra él sino hasta que lo firmó la jueza federal Susan Bolton.
Arpaio, de 84 años, podría afrontar seis meses de prisión si es declarado culpable. Una declaración de culpabilidad en su contra por un delito menor no impediría que continúe como jefe policial.
Paul Pensone, el contrincante demócrata de Arpaio, dijo que el jefe policial no tiene a nadie a quien culpar de la acusación en su contra sino a él mismo.
“Es otro ejemplo de que el jefe policial antepone sus objetivos personales al interés superior de la comunidad a nuestras expensas”, señaló Penzone.
Mel McDonald, abogado de Arpaio, dijo que el jefe policial impugnará el cargo. “Creemos que cuando concluya el último capítulo, él será reivindicado”, aseveró.
Según McDonald, Arpaio no será arrestado ni tampoco será fotografiado para el archivo policial. Arpaio se declarará inocente en el documento que presente a la corte.
Los cargos penales en su contra se desprenden del caso de encasillamiento racial que Arpaio perdió hace tres años y que devino en un caso de desacato después que el jefe de policía fue acusado de desafiar una orden de la corte de 2011 para que dejara de realizar sus distintivas operaciones policiales contra la inmigración ilegal.
Arpaio admitió que violó la orden del juez federal de distrito Murray Snow, pero insiste en que su desobediencia no fue intencional.
Snow no estuvo de acuerdo en su argumentación y determinó que Arpaio continuó realizando los patrullajes porque creía que sus esfuerzos para aplicar las leyes de inmigración le ayudarían en su campaña de reelección de 2012.
Arpaio transmitió la semana pasada por televisión un anuncio político en el que dijo que el Departamento de Justicia federal planeaba procesarlo debido a su oposición a sus esfuerzos en materia de inmigración.
En instancias anteriores, el jefe de policía había superado todas las investigaciones penales en su contra sin afrontar cargos e incluso logró la reelección en el puesto.
Arpaio enfrentó hace cuatro años una investigación federal por denuncias de que había tomado represalias contra dos funcionarios locales y un juez con los que estaba en conflicto al acusarlos de corrupción.
La oficina de Arpaio también fue investigada por malgastar más de 100 millones de dólares de fondos carcelarios, que incluyen los destinados a fallidas investigaciones contra funcionarios rivales y a sus patrullajes de tránsito dirigidos contra inmigrantes sin permiso de estadía en el país.
Ninguna de las investigaciones concluyó en el enjuiciamiento del jefe policial o de sus colaboradores.
Los contribuyentes del condado han pagado hasta ahora 48 millones de dólares para defender a Arpaio y a su oficina en el juicio por encasillamiento racial. Se prevé que el costo llegue a 72 millones el próximo año.
El caso de desacato llevó al juez a ordenar la creación de un sistema financiado por los contribuyentes para compensar a los hispanos que fueron detenidos ilegalmente cuando Arpaio violó la orden de dejar de realizar sus operativos policiales.
Los funcionarios del condado Maricopa han asignado una partida de un millón de dólares para financiar tal sistema.
Se ha fijado para el 6 de diciembre una audiencia para el caso de desacato penal contra Arpaio.
