El derribo del Castillo en Xochicuautla, la afrenta contra habitantes expuesta ante la ONU

El 11 de abril de 2016, cuando los hermanos Dulce y José García regresaron de la escuela, su casa ya no estaba.

“Siempre de camino me fijaba en mi casa. Se veía desde lejos porque la casa era grande. La conocían todos como “El Castillo”, ya que tenía esa forma.

Esta casa no solamente era de nosotros, sino también de todos los que venían a apoyarnos en esta lucha. Era para compartirla, para cualquier evento o junta. Los colectivos que venían hacer actividades, las llevaban a cabo aquí”, cuenta Dulce García, hija de Armando, en entrevista con Animal Político.

Ese fue el último día en el que Armando García Salazar se desempeñó como delegado de localidad, cargo que ocupó desde 2013, donde también buscó defender Xochicuautla de la construcción de la autopista.

“Ese día iba a entregar la delegación y alguien llegó y me dijo: ‘sabes qué, regrésate porque en tu casa ya están los granaderos’”, narra el médico.

De acuerdo con la Constitución Mexicana, para expropiar terrenos que le pertenecen a pueblos indígenas, el gobierno mexicano debe de realizar una consulta dentro de la comunidad que resultaría afectada.

A pesar de que el decreto expropiatorio menciona que llevó a cabo dicho ejercicio durante el mes de junio de este año, los habitantes de Xochicuautla aseguran que nunca se les consultó abiertamente y que hasta la fecha no saben quién participó en la reunión.

“De la expropiación no estábamos enterados. A nosotros nos llegó el aviso un 9 de julio de 2015, cuando salió en el Diario Oficial de la Federación. Pero un aviso de que ya estaba en proceso de expropiación, no. Porque las autoridades hicieron todo por debajo del agua. Yo como delegado nunca supe de las reuniones que tuvieron para llenar todos los requisitos de la expropiación”, explica Armando García sobre cómo se enteró de que estaba en peligro de perder el terreno en el que se encontraba su casa.

Como Armando se negó a recibir la supuesta notificación el 11 de abril, las máquinas arrancaron y empezaron a tumbar la casa que él y su familia habitaron por apenas seis meses.

“Fue sin aviso, no nos dieron tiempo de sacar nuestras cosas. Todas nuestras pertenencias se quedaron bajo los escombros. No nada más es mi documentación, es la de toda mi familia. O sea, no tenemos nada. Y eso es lo triste, que te sacan de tu casa, prácticamente como si fueras un delincuente”, explica en entrevista con Animal Político.

La destrucción de la casa de la familia García es uno de los últimos capítulos del conflicto en la región, aunque no ha sido el único caso.

Por lo menos otras cinco viviendas han sido demolidas bajo los mismos argumentos, sólo que en el caso de “El Castillo” se trataba de un punto representativo.

Se trata de hechos que fueron expuestos al grupo de relatores de la ONU sobre empresas y derechos humanos, con los que se reunieron el pasado domingo para exponer la lucha social y legal que han encabezado para evitar la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.

En la reunión con los relatores de la ONU, informaron que la destrucción de  estas casas se dio a pesar de que en febrero de 2016 el Juzgado Quinto de Distrito con sede en la ciudad de Toluca otorgó una orden judicial (suspensión definitiva de amparo), para detener la construcción de la autopista, en tanto el juez resuelve el fondo del asunto. La suspensión fue solicitada por los pobladores a través de abogados defensores de los derechos humanos.

Bajo el argumento de que hay poca claridad sobre la ubicación de las tierras donde debía de suspenderse la construcción de la obra, los encargados de la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan continuaron su curso, sin acatar las resoluciones del Poder Judicial de la Federación, que señalan que la construcción de la carretera debe estar detenida.

Aun con esa restricción la casa de Armando García fue derribada ese día, hecho que ha sido denunciado por los habitantes de Xochicuautla como un intento por intimidar a la comunidad y a la resistencia que han presentado durante los años.

La historia de “El Castillo” de Xochicuautla

La casa en forma de castillo, propiedad de Armando García, era tan importante para la comunidad que cuando la maquinaria pesada se fue tras destruirla, los vecinos de “Xochi” armaron un campamento con tablas y una lona que encontraron entre los escombros. Los que pudieron apoyaron con alimentos y ropa a los García.

“Ese mismo día tuvimos que dormir a la intemperie, prácticamente. Pasamos de 15 a 20 días con esa lona. Después, con el transcurso del tiempo empezamos a construir una choza, que es donde estoy viviendo ahorita. ¿Qué le hacemos, pa’ dónde le damos? Pero ésa también ha sido una forma de presionar. De que nos crean que realmente estamos viviendo”, explica Armando.

La familia de Armando comenzó la construcción de su casa el 28 de marzo de 2005, en un terreno heredado por su padre a finales de los años 90.

“Nos íbamos poco a poco mi esposa y yo, ella enfermera y yo médico, parte de lo que ganábamos se iba invirtiendo. Es el patrimonio de toda mi vida. La casa era mi sueño y lo sigue siendo. Pero de repente lo tienes y de repente ya no”, cuenta.

“En 2007 ya estaban los tres niveles de la casa terminada. Ahí fue cuando nos enteramos que pasaría una autopista por detrás del terreno. Nosotros no queríamos que pasara por ahí para evitar el ruido, pero nunca nos imaginamos que perderíamos nuestra casa”, comenta.

El médico explica que, desde que derribaron su casa, no ha llegado a un acuerdo con las autoridades del Estado de México sobre el monto que recibirá en compensación por la destrucción, debido a que las autoridades han el hecho avalúo correspondiente con base a “suposiciones”. Las dimensiones de la casa y especificaciones como la varilla con la que fue construida y los materiales de la fachada varían en el papel con los que estaban en la casa, denuncia.

El pasado 31 de agosto, después de varias reuniones de trabajo con el SAASCAEM, el médico entregó un avalúo hecho a través de un perito valuador de aproximadamente 6 millones de pesos, en el que únicamente se incluye el costo de la casa, es decir, no toma en cuenta los enseres y demás objetos que estaban en el inmueble al momento de ser derribado.

Armando opina que las autoridades le van a contestar que el tema “está siendo analizado” y, por lo tanto, el pago se retrasará aún más.

“Al paso que vamos, yo creo que va a ser necesario reconstruir ahí mismo. No vemos claridad con el pago del inmueble. Entonces, no nos queda otra más que mantenernos en resistencia, pero también construyendo ahí mismo otra vez. Reconstruir, pues”, explica.

Después de la destrucción de su hogar, a Armando García Salazar le llegó el ofrecimiento de parte de las autoridades para tener en dónde quedarse, en lo que se resolvía su situación.

“Nos quisieron rentar una casa pero era allá con los enemigos. Hay tres grupos en Xochicuautla: los que estamos en contra, los que están a favor y los que les vale un comino. Era como irse a vivir para que te estuvieran hostigando”, señala.

José Luís Fernández, vocero del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, explica más acerca del problema al que se enfrentan cuando intentan frenar la autopista Toluca- Naucalpan: “Xochicuautla sigue en las mismas condiciones, la división sigue igual.

Hasta este momento, el gobierno sigue  tratando de dividirnos. Pero lo más importante es que aquí la gente está en contra de que pase el proyecto carretero”.

“Esta es una pérdida para la gente de aquí”

“El Castillo” era tan importante para la comunidad que por eso el fin de semana del 16 y 17 de julio, un grupo de personas integrado por vecinos, así como voluntarios provenientes de colectivos y representantes de universidades, se pusieron a limpiar los escombros que dejó el saldo de la jornada del 11 de abril. La convocatoria se hizo a través de la página de Facebook Frente Juvenil Xochicuautla, bajo el nombre de “Donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos”.  La idea era hacer una reedificación simbólica de la casa de Armando García para demostrarle a las autoridades que no se dejarían intimidar.

Mientras un grupo de gente remueve piedras y varilla, Dulce recuerda cuando era niña y la gente de Xochicuautla también se acercó para ayudarles a construir su casa. “Siento alegría de que todas las personas vienen y nos apoyan como antes. Siento que ahorita no estamos solos, sino que hay bastantes personas que nos vienen a apoyar, sabiendo la situación que tenemos”, explica.

“Siempre en vacaciones nos veníamos a trabajar acá. Rara vez salimos a conocer otros lados. También uno de los recuerdos que tengo de aquí es de cuando hacíamos nuestros convivios en colectivo. Veníamos acá a estar un rato, hacer comida, a bailar, poner música”, comenta por su parte José, mientras juega con un pedazo de piedra.

Ambos jóvenes han vivido buena parte de su vida en este conflicto. Apenas estudian la preparatoria y no son mayores de edad, pero ya saben lo que son las violaciones a los derechos humanos y han tenido que enfrentarse al contacto constante con policías que llegan hasta la puerta de su casa para tratar de intimidarlos.

“Cuando yo estaba más chavo, tenía como siete-ocho años y no me llamaba la atención esto, pero ahora me interesa más. Esto que pasó el 11 de abril no se va a quedar así. Esto es una pérdida no solamente para nuestra familia, sino para toda la gente de aquí”, finaliza.

Desde abril de este año, el destino de la autopista es incierto, pues sigue suspendida. Aunque los habitantes de Xochicuautla tienen ánimos por los amparos que les han favorecido, lo cierto es que el Poder Judicial tendrá la última palabra sobre si el proyecto finalmente continúa o se detiene.

A decir abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Carla Loyo Martínez, quien ha acompañado el caso con asesoría legal, “el panorama no es muy brillante”. “Al final, tenemos confianza de que la resolución se hará conforme a derechos humanos y no conforme a un interés económico, disfrazado de un beneficio para la comunidad”, señala.

Loyo Martínez reconoce que la destrucción de “El Castillo” fue un duro golpe a los pobladores de Xochi que se oponen a la construcción de la autopista, pues se trataba del punto de reunión de todos ellos. Aun así, menciona la abogada, los pobladores se han sabido sobreponer a ese tipo de amenazas y continúan con su lucha de resistencia. Por el momento esperan que este miércoles los relatores de la ONU en derechos humanos y empresas, presenten conclusiones preliminares sobre este caso.

Cronología del conflicto en San Francisco Xochicuautla

Animal Político te presenta la siguiente cronología con las fechas más trascendentes en el conflicto en Xochicuautla:

28 de marzo de 2005: La familia del Dr. Armando García Salazar comienza la construcción de su casa, en un terreno que les heredó el padre del médico.

2007: Los habitantes de San Francisco Xochicuautla tienen el primer contacto con la iniciativa de construir una autopista privada, que fuera de Toluca a Naucalpan, dentro de una área natural protegida por el gobierno mexicano desde 1980. Ese mismo año, los habitantes —que se gobiernan bajo el régimen de usos y costumbres— realizan una asamblea en la que votan en contra de la construcción del proyecto.

2008: Ante la negativa de la comunidad, el Estado Mexicano impulsó la creación del padrón de comuneros en Xochicuautla, con tal de llevar a cabo la construcción de la carretera. Lo anterior llevó a una crisis de representatividad en la toma de decisiones. De unos 8 mil habitantes, alrededor de 800 son quienes toman las decisiones.

2009: Inició la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan.

2011: Se formó el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, organización formada por las comunidades de San Francisco Xochicuautla, Santa María Atarasquillo y Santa Cruz Ayotuzco para defender los derechos humanos de los pueblos indígenas y combatir la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan.
9 de julio de 2015:  Se publicó un decreto expropiatorio en el Diario Oficial de la Federación que establece que se despoja a los habitantes de Xochicuautla de 37.9386 hectáreas para la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan.

Febrero de 2016: El Juzgado Quinto de Distrito con sede en el Estado de México, otorgó la suspensión definitiva de la obra a través de cuatro juicios de amparo que se promovieron en favor de la comunidad indígena.

11 de abril de 2016: A pesar de que,el estatus legal de la obra era que debía permanecer suspendida, cuerpos policiacos, acompañados de representantes de Autovan y el Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), se presentaron en la casa del Dr. Armando García para hacerle saber que demolerían su hogar.

16 y 17 de julio de 2016: Vecinos de Xochicuautla convocan a una reconstrucción simbólica de la casa de la familia García. La jornada transcurre bajo el principio de que la comunidad no se dejará amedrentar por las autoridades.

4 de septiembre de 2016: El grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU visita Xochicuautla para escuchar los reclamos de la comunidad en contra de la autopista. Se prevé que den recomendaciones al gobierno mexicano por el caso.