“Este es el primer paso hacia el establecimiento de una política pública sobre cómo debería reaccionar México ante una amenaza”.
Así lo advirtió Armando Ríos Piter, un senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda), nada más presentar ante la comisión correspondiente del Senado un proyecto de ley cuyo objetivo es “garantizar la protección de los mexicanos en el exterior y los intereses comerciales de las empresas nacionales”.
La amenaza a la que se refiere es el candidato republicano a la presidencia de EE.UU., Donald Trump., quien la semana pasada se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto en México, provocando la indignación de los mexicanos.
El magnate ha prometido expulsar masivamente a mexicanos, construir un muro fronterizo a expensas de México y revertir o anular el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN, también conocido como NAFTA, por sus siglas en inglés), vigente desde 1994, si es elegido presidente.
De ser aprobada, la ley que propone el PRD otorgaría facultades al Senado para modificar, terminar o suspender un tratado internacional “al momento de existir violaciones por parte de un gobierno exterior hacia las comunidades de mexicanos residentes en su territorio, y/o contra los intereses de compañías mexicanas”.
Así, lo que pretende es que, si Trump gana las elecciones y cancela el TLCAN, se revise los 75 acuerdos bilaterales entre los dos países.
Entre estos está el Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo de 1848, que se puso fin a la guerra mexicano-estadounidense y con la que se transfirió una gran parte del territorio de México a EE.UU., incluyendo lo que hoy es California, Arizona, Nuevo México y Nevada.
Asimismo, ante la amenaza de Trump de que incautará el dinero de las remesas de los mexicanos en el país del norte para construir el muro fronterizo, el proyecto de ley propone medidas específicas.
“En caso de expropiación de las remesas o la aplicación de impuestos para el financiamiento del muro fronterizo, el gobierno mexicano tendrá la facultad de expropiar bienes de extranjeros en nuestro territorio para compensar el daño causado a los mexicanos radicados en el exterior, en la misma proporción que el gobierno extranjero”.
“Esta (ley) es simplemente para proteger una exitosa relación de 22 años que ha ayudado a ambas naciones“, explicó el senador perredense Ríos Piter.
“Queremos defenderla de una posición que busca destruirla”.