Gobierno federal impone carretera que afecta el ambiente, denuncian pobladores de Xochicuautla ante la ONU
El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU visitó el pasado domingo 4 de septiembre la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla —ubicada en el municipio mexiquense de Lerma—, para escuchar los reclamos de sus habitantes, quienes desde hace más de ocho años se encuentran en resistencia por la construcción de la Autopista de cuota Toluca-Naucalpan, que es construida por una filial de Grupo Higa conocida como Autopistas de Vanguardia S.A. de C.V. (Autovan).
[contextly_sidebar id=”zxHZa74KHLvEXW9MZ1EgzY1hKRUICk2B”]A la visita acudieron seis miembros del Grupo de la ONU, que desde 2011 promueve que empresas de diferentes ámbitos se comprometan a respetar los derechos humanos al momento de llevar a cabo sus labores.
Los habitantes de Xochicuautla denunciaron durante la visita que la autopista les está siendo impuesta y ha estado marcada por una serie de irregularidades, que no sólo han atropellado sus derechos fundamentales como pueblo indígena, sino que son contrarias a lo que establece la legislación mexicana.
Dijeron que la obra no sólo los priva a ellos y su comunidad de tierras que históricamente les han pertenecido, sino que también vulnera derechos fundamentales como el acceso al agua.
Además, expusieron que el trazo de la carretera literalmente partiría en dos a la comunidad, desvinculando su relación con el bosque y de lo que ahí obtienen, como madera, hongos, y alimento.
Un poco de historia
Desde 2007, cuando Enrique Peña Nieto aún gobernaba la entidad, se impulsa la construcción de la carretera, originalmente llamada “Autopista Verde”.
Se trata de una carretera que, contraria a su nombre, presenta en su planteamiento inicial consecuencias importantes para la flora y fauna de la zona, pues se construye dentro de una vasta área natural, que es protegida por el gobierno mexicano desde el 8 de enero de 1980, bajo el nombre de Parque Estatal Otomí-Mexica.
En ese mismo año (2007), los habitantes de la comunidad —que se gobierna bajo el régimen de usos y costumbres— realizaron una asamblea para votar el destino de la obra, en la que determinaron que estaban en contra de la autopista y rechazaban su construcción.
Ante esto, el Estado mexicano modificó el uso de suelo de la zona en 2008 e implementó el padrón de comuneros, con tal de llevar a cabo la construcción del proyecto.
Esto llevó a una crisis de representatividad, pues el número de personas que formaron parte de este registro es mucho menor al número de personas que habitan en la comunidad, aunque son quienes tienen voz y voto pues pertenecen a él.
De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), de unas 8 mil personas que conforman la localidad sólo 882 comuneros toman decisiones.
En 2011 se convocó a una asamblea en la que únicamente participaron los comuneros, quienes votaron a favor de la obra. Y, aunque en 2014 fue anulada por el Tribunal Unitario Agrario, la empresa filial de Higa (Autovan), continúo con la obra, acompañada en todo momento por miembros de la policía estatal.
Violación a sus derechos
Durante la reunión con los representantes de la ONU, los habitantes de Xochicuautla denunciaron que la presencia de los cuerpos policiacos ha llevado al atropello de sus derechos humanos. Informaron que en total, han sido detenidas 22 personas, las cuales todas tienen procesos penales abiertos en su contra por el delito de oposición a obra pública. De acuerdo con José Antonio Lara, director del centro de derechos humanos Zeferino Ladrillero, lo anterior se hace con la intención de intimidar, pues puede prestar para que las autoridades giren órdenes de presentación o aprehensión en contra de los defensores del pueblo.
Recordaron que el 9 de julio de 2015, tras años de lucha, se publicó un decreto expropiatorio en el Diario Oficial de la Federación que establece que se despojara a los habitantes de Xochicuautla de 37.9386 hectáreas para la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan, en el que se hace mención de una consulta libre, previa e informada que supuestamente se llevó a cabo los días 5, 8 ,9, 10 y 12 de junio de ese año con habitantes del pueblo. Sin embargo, los habitantes de Xochicuautla aseguran que nunca se les avisó de dicha consulta y que no tienen conocimiento sobre quién participó en ella.
Los juicios
Aunque la construcción de la obra continuó, en febrero de este año el Juzgado Quinto de Distrito con sede en el Estado de México otorgó la suspensión definitiva de la obra a través de cuatro juicios de amparo que se promovieron en favor de la comunidad indígena.
Sin embargo, bajo el argumento de que existía poca claridad sobre la ubicación de las tierras donde debía de suspenderse la construcción de la obra, la Autopista Toluca-Naucalpan continuó su curso, en incumplimiento a las resoluciones del Poder Judicial de la Federación.
En el episodio más reciente del conflicto en Xochicuautla, y a pesar de que, en teoría, el estatus legal de la obra era que debía permanecer suspendida, el 11 de abril de este año fue derribado el hogar del Dr. Armando García Salazar, una de las figuras visibles en la lucha en contra de la autopista.
De acuerdo con su hijo, José Guadalupe García, dicha acción obedeció a un intento de amedrentar a la comunidad, pues sin aviso previo se presentaron los cuerpos policiacos, acompañados de representantes de Autovan y el Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), para demoler su hogar.
“La empresa vino a derrumbar pensando que, como mi papá es uno de los que está más al frente, nos íbamos a dejar vencer o que nos íbamos a retirar de la lucha”, señaló en entrevista con Animal Político.
Luego de perder su hogar, la familia García pasó de 15 a 20 días en un campamento improvisado, junto a los escombros de su casa, antes de construir una pequeña choza en la que actualmente vive el Dr. Armando. Sin embargo, el conflicto de Xochicuautla se ha caracterizado por la solidaridad entre sus habitantes. De manera que el 16 y 17 de julio organizaron una jornada para limpiar la zona y empezar la reedificación de la casa.
Ése fue el sentido de la reunión de los habitantes de Xochicuatla con los representantes de la ONU, quienes anunciaron que el próximo miércoles 7 de septiembre ofrecerán una conferencia de prensa donde emitirán recomendaciones relacionadas con su visita a México.
La jornada de trabajo del Grupo de la ONU en Xochicuatla estuvo enmarcada por una serie de actividades culturales y artísticas en las que participaron habitantes de comunidades indígenas de otros estados de la República, quienes denunciaron situaciones similares por proyectos como mineras y desarrollos habitacionales de lujo en sus comunidades.
