Las agresiones contra el ejercicio del periodismo en México continúan al alza: en solo siete meses del presente año se rebasó el total de asesinatos de periodistas ocurridos en 2015.
Según documenta la organización Artículo 19 en su más reciente informe de agresiones cometidas contra la prensa, de enero a julio se contabilizaron ocho asesinatos de periodistas en diferentes partes de México; uno más que en el mismo periodo del año pasado.
[contextly_sidebar id=”E9CFOtGzxnu5CDp0SVeYGXr2s9Rxkghf”]Además, esta cifra revela que, en promedio, un periodista es asesinado en el país cada 26 días.
En su informe, la organización defensora de la libertad de expresión incluyó el caso reciente de Pedro Tamayo, periodista de El Piñero de la Cuenca asesinado en Veracruz el pasado 20 de julio.
Los otros comunicadores asesinados son: Marcos Hernández, de Noticias en la Costa (Oaxaca); Moisés Lutzow, de Radio XEVX (Tabasco); Manuel Torres, de Noticias MT (Veracruz); Salvador Olmos, de Radio Tu Un Ñuu Savi (Oaxaca); Anabel Flores, de El Sol de Orizaba (Veracruz); Francisco Pacheco, de El Sol de Acapulco (Guerrero); y Eligio Ramos, de El Sur (Oaxaca).
En cuanto a los ataques a la prensa, Artículo 19 documentó que sólo en tres meses, de abril a junio, tuvieron lugar 149 agresiones. Hasta 115% más que en el primer trimestre, cuando se registraron 69 eventos.
En total, hasta junio de este año suman 218 agresiones: es decir, que en los primeros seis meses del año se documentó, en promedio, al menos una agresión al día contra periodistas y comunicadores.
La agresión más frecuente es el ataque físico contra el periodista o contra su equipo de trabajo (46 casos). Le siguen las intimidaciones (37); y las amenazas (35).
La Ciudad de México es el primer lugar de agresiones contra la prensa, con 31 ataques en el primer semestre de este año. Le siguen Veracruz, con 28; Oaxaca, con 27; Guerrero, con 17; y Puebla, con 15.
Se precisa que aunque la capital del país es la entidad con más ataques, la más mortífera es Veracruz, con tres asesinatos en siete meses. Y llama la atención el caso de Oaxaca, entidad que ha igualado a Veracruz en este apartado, con otros tres homicidios de comunicadores.
Artículo 19 apunta que los agresores de periodistas más comunes son los servidores públicos, con 101 casos. Mientras que la delincuencia organizada perpetró siete agresiones.
Estos datos, según la organización, contrastan “con el discurso oficial de las autoridades”, en el que aseguran que la mayoría de las agresiones contra la prensa provienen del crimen organizado.
Artículo 19 documenta el caso de Salvador Olmos, locutor de una radio comunitaria que fue asesinado el 26 de junio por elementos de la policía municipal de Huajuapan de León, Oaxaca.
Salvador Olmos, conocido como ‘Chava’, trabajó durante tres años en la radio Tu Un Ñuu Savi 90.1, en la que informaba en castellano y lengua mixteca sobre conflictos sociales en la región, como los sucesos violentos del 19 de junio en Noxichtlán, Oaxaca.
“Mi hermano era un locutor de radio muy crítico”, subraya Erika Olmos, hermana de Salvador, en entrevista con Animal Político.
Narra que ‘Chava’ criticaba en el programa, que se trasmitía los fines de semana, la presencia de las empresas mineras instaladas en la zona, y los elevados costos de las obras del Hemiciclo a Juárez que realizó recientemente el Ayuntamiento de Huajuapan de León.
La radio comunitaria, cuyas instalaciones están en el interior de una escuela normalista, fue víctima la noche del 26 de junio de actos de intimidación por parte de dos camionetas con los vidrios polarizados, presuntamente vinculadas a la policía local. A partir de este hecho, desde la radio se hizo un llamado a la comunidad para que acudieran a resguardar las instalaciones.
La detención de Salvador por parte de la policía municipal se produjo después de que él, presuntamente, elaborara una pinta en la pared del Hemiciclo a Juárez mientras iba de camino a la estación de radio.
De acuerdo con la versión oficial, ‘Chava’ se escapó cuando estaba detenido, lo que originó una persecución que terminó con el locutor de radio atropellado por accidente y muerto.
Los abogados de la familia de Salvador y Artículo 19 documentaron irregularidades en la investigación ministerial del caso, por lo que denuncian que su muerte no fue accidental, sino producto de una “ejecución extrajudicial” para acallar las críticas del locutor, quien también era un activista que se asumía como anarco-punk.
“Las diligencias de los agentes de procuración de justicia han sido torpes y negligentes desde el inicio”, criticó Alba Cruz, abogada de Código DH, que acompaña el caso.
Tanto Código DH como Artículo 19 documentaron que la versión oficial del atropellamiento no coincide con los testimonios que recabaron.
Por ejemplo, plantean, en el expediente del caso se establece que sólo había una patrulla involucrada en el incidente, “cuando también hubo una camioneta involucrada”.
Un testigo asegura que vio a Salvador corriendo, lo escuchó decir “ya hasta aquí” y lo vio alzar las manos “para después ser embestido por la camioneta”. El testigo describió los rasgos de quien participó en los hechos “y no coinciden” con los rasgos del único policía municipal que está en prisión preventiva por el homicidio.
A más de un mes del caso, Artículo 19 denunció que aún no se han incorporado al expediente “pruebas fundamentales” para la investigación, como los peritajes y la descripción de las lesiones que presentaba el comunicador realizada por médicos legistas, así como la mecánica de hechos y la pericial de vestimenta del locutor.
Para Artículo 19 existen “fuertes elementos” para concluir que Salvador fue torturado. Uno de esos elementos es que ‘Chava’ no llevaba zapatos cuando fue atropellado. “A la fecha siguen sin aparecer las botas, lo que indica que es probable que Salvador haya sido despojado de sus zapatos por las autoridades”, plantea la organización.
“Existe la certeza” que Salvador se le arrancó el cabello, portaba rastas, durante los hechos. Los familiares del periodista llevaron a la Vicefiscalía los pedazos del cabello, hallados por amigos del comunicador en un lugar distinto al de los hechos junto con restos de sangre. Esas pruebas no han sido incorporadas al expediente.
El padre del comunicador aseguró que el cuerpo y la cara de Salvador “tenían claras de marcas de golpes”. Los testículos de Salvador se encontraban sumamente inflamados y ambos brazos estaban dislocados con fracturas. Pero toda esta información no fue incluida en el dictamen de necropsia.
“Hay indicios claros de que Chava fue torutrado. Y la manera en que se están llevando a cabo las investigaciones, nos hace pensar que se está produciendo un encubrimiento del caso”, subraya la abogada Alba Cruz, quien sostiene que “fue el Estado el que ejecutó a Salvador por su trabajo crítico como locutor de radio”.